El viernes 06 de diciembre cuatro sujetos en una camioneta tipo “Van” color blanco destruyeron el medidor de luz del domicilio del reportero Andrés Guardiola, corresponsal del periódico Excélsior y director del portal codigosnews.com. Según Guardiola, los agresores esperaron a que él saliera para abandonar el lugar, es responsabilidad de la autoridad investigar si la agresión está relacionada con su trabajo periodístico.
#ALERTA Cuatro sujetos en una camioneta tipo 'Van' color blanco, llegaron a mi casa para destruir el medidor @CFEmx //Esperaron que yo saliera y huyeron hace unos momentos @ray_sandoval @lagarto_grafico @ggalarzamx @RichMarosi @avilesenrique @article19mex @RSF_ES @irisbanuelos pic.twitter.com/QsCjVNGnIL
— Andrés Guardiola (@GuardiolaGG) December 6, 2017
Por lo pronto, la organización internacional Article 19 emitió una alerta exigiendo se haga justicia. Incluso el propio director del diario Pascal Beltrán del Rio, ha externado su apoyo al reportero a través de twitter.
Gobernador @miguelmarquezm, estaremos atentos a la investigación que se realice sobre el acto de hostigamiento denunciado por nuestro compañero @GuardiolaGG en su casa en León. Agradeceremos su atención a este preocupante hecho.
— Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) December 7, 2017
Lamentablemente y según los datos de organizaciones internacionales, más del 97 por ciento de las agresiones a periodistas a nivel nacional, quedan en la impunidad. A continuación, un resumen del informe preliminar de la visita conjunta que realizaron a nuestro país del 27 de noviembre al 04 de diciembre, el Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH. El objetivo de esta visita fue evaluar la libertad de expresión en el país, con énfasis en la seguridad de las y los periodistas.
El informe preliminar es un documento de 18 páginas y 73 numerales, incluidas diversas recomendaciones al Estado Mexicano, y las versiones finales serán presentadas ante cada una de las respectivas instancias de los Relatores (ver informe preliminar aquí). El colectivo que hemos construido en el proceso de aprobación de la Ley de Protección participó en varias reuniones a través de la reportera Verónica Espinosa.
Crisis nacional
Después de reuniones con los Gobiernos federal y algunos estatales, además de conversar con más de 250 periodistas de 21 entidades federativas, los Relatores consideran que la crisis nacional se debe a “la descompostura del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales a lo largo del país, que simultáneamente lleva y es exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura”. El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, señalan los Relatores.
“Dictadura de la violencia” llamaron algunos periodistas al uso de la violencia en todas sus formas en manos de actores criminales y de autoridades públicas, que intentan cooptar a los periodistas para imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos. “No pago para que me golpeen”, fue el aforismo que resumió el despido de periodistas críticos a solicitud de las autoridades (como el caso de Coco Bernal, en Guanajuato), la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales y la falta de pluralismo en la propiedad y en la línea editorial de los medios.
En síntesis, los Relatores mostraron su preocupación por la presencia de nuevas formas de agresión (como los ataques digitales), sobre las malas condiciones laborales, el desplazamiento interno, el acoso en medios y el espionaje, entre otras cuestiones.
Por primera vez en la historia, los Relatores tuvieron una reunión con mujeres periodistas ya que según su balance, éstas enfrentan contextos amenazantes particulares. Según informes de organizaciones civiles, ha habido un aumento del 200% en ataques contra periodistas mujeres, existe acoso por parte de las autoridades, incluso ataques físicos (como el caso de Karla Silva), de hecho señalan que como elementos adicionales, las juntas con autoridades particularmente amenazantes e infantilistas con las autoridades masculinas, además de la preocupante ausencia de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de las periodistas.
La difamación en Guanajuato, al banquillo internacional
Verónica Espinosa entregó documentos de análisis sobre la existencia de los delitos de difamación y calumnias en Guanajuato y la resistencia del Gobierno del Estado y de la dilación de la Comisión de Justicia para derogar estos delitos. Textualmente el informe señala:
“La difamación se despenalizó a nivel federal en el 2007, pero los periodistas siguen enfrentando la amenaza de demandas civiles, frecuentemente de funcionarios públicos. Una definición restringida de quienes son considerados periodistas puede excluirlos de la protección o de las estadísticas relacionadas con ataques a periodistas” (numeral 17).
Es decir, existe un retraso de 10 años en la derogación de estos delitos en los códigos penales estatales y, además, muchas veces las demandas civiles iniciadas contra periodistas buscan restringir la libertad de expresión. Los Relatores hacen un llamado a las ramas legislativa y judicial para asegurar que esta práctica se puede regular, mediante leyes que sancionen las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) o la adopción de criterios para que jueces puedan excluir estas demandas frívolas después de una cuidadosa consideración. Es, por tanto, urgente derogar los tipos penales y vigilar que no existan condiciones para denuncias civiles que sean frívolas.
Recomendaciones
Presentadas de forma de viñetas, las recomendaciones planteadas por los Relatores son:
- Adoptar medidas necesarias para asegurar una protección efectiva.
- Adoptar reformas legales para asegurar la efectiva cooperación entre los niveles federal y estatal.
- Proveer de recursos al mecanismo federal.
- Prestar especial atención a periodistas desplazados.
- Que los medios jueguen un papel clave en la seguridad de sus periodistas.
- Rendición de cuentas en los crímenes contra periodistas.
- Combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas a partir de la adopción de medidas sustantivas para abordarla desde lo estructural.
- Fortalecer el acceso a la información.
- Adoptar una Ley General para regular la publicidad oficial.
- Establecer políticas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios.
En conclusión, la ONU y la CIDH ratifican en visita oficial de dos de sus Relatores que la libertad de expresión se encuentra en crisis, y ambos recibieron información sobre la situación en Guanajuato, particularmente sobre la difamación y los casos de agresiones a periodistas en los últimos años, incluidas las cometidas contra mujeres periodistas.
PD: Andrés, no estás solo.
*El Dr. Raymundo Sandoval tiene Twitter: @ray_sandoval
