“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3. º
Leo, como le conocía su familia, tenía 23 años y había emigrado de Guanajuato a Texas hacía 5 años. El 09 de diciembre de 2018 llegó desde allá a pasar la navidad con su familia en la comunidad Corralejo de Abajo, en el municipio de San Miguel de Allende.
Video cortesía de “News San Miguel”
Corralejo de Abajo es una comunidad rural de menos de 200 habitantes, con grado de marginación alto, según la información del INEGI. No cuenta con servicio de telefonía, por ello, Leonardo tenía que trasladarse a una zona conocida por las comunidades aledañas como “la caseta”, a conseguir señal de celular y de internet.
El 13 de diciembre, unos días después de haber llegado a Corralejo, Leo tuvo que ir a La Caseta para comunicarse con su novia en Estados Unidos, en ese momento fue sorprendido por un grupo de policías integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) quienes le arrebataron la vida, en hechos que constituyen legalmente ejecución extrajudicial; aunque en los instrumentos internacionales no se define expresamente, es a través de soft law, que se ha entendido la ejecución extrajudicial como “la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.
Es decir, existen formas legalmente aceptadas en las que los funcionarios, especialmente los cuerpos de seguridad pueden privar legalmente de la vida, se trata de cuando éstos utilizan la fuerza letal en defensa propia. Los titulares del eje de seguridad: Álvar y Zamarripa lo saben, por eso se han inventado la historia de que los oficiales (varios hombres y una mujer) repelieron una agresión que supuestamente Leo inició, con otros dos supuestos acompañantes que nunca aparecieron.
La jurisprudencia internacional se refiere también a diferentes grados de intencionalidad de la privación ilegal de la vida, lo que configura en este caso. Esto debido a que, al escuchar los disparos, varios integrantes de la familia se acercaron al lugar de los hechos y pudieron presenciar cómo los oficiales arreglaron los hechos para que cuadrara su historia. Incluso señalan que cuando estaban ocultos en la maleza durante la madrugada presenciando la acción de los policías, escucharon con vida a Leo, pero debido a hechos deliberados de los oficiales, Leo perdió la vida.
¿Qué ha hecho el Ministerio Público en el caso?
No sólo amenazó a la familia, sino que se ha negado a investigar a los oficiales y a realizar los peritajes solicitados por el equipo jurídico. Por ello, se ha formado un consorcio sólido para la defensa, que después de un mes de los hechos, está solicitando que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.
El padre Alejandro Solalinde se ha unido a la exigencia de la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos lo han hecho también.
Hay que señalar que en abril de 2014 el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó las conclusiones de la visita que realizó un año antes. En éste, señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes, señala también que se deben investigar sin demora las muertes de migrantes a fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares.
¿Qué pasa en Guanajuato que no se cumples estas condiciones?, ¿Por qué Zamarripa protege a policías que ejecutan ilegalmente a jóvenes migrantes?, ¿Por qué Diego está más preocupado en imponer a un Fiscal Carnal en lugar de ordenar que se investiguen estos crímenes?
Exigimos junto con las organizaciones de migrantes, el consorcio de abogados y Solalinde: #justiciaparaleoreyes, migrante ejecutado extrajudicialmente por policías estatales.
Ya basta de impunidad.
