La comparecencia ante la Comisión Permanente del Canciller Marcelo Ebrard y de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, para que informaran del contenido de la Declaración Conjunta mediante la cual México se comprometió a reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, confirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin pensarlo mucho, se subordinó a la estrategia y a las presiones de Trump, al firmar un acuerdo desventajoso para México, violatorio de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y contrario a la histórica política exterior de México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puso, sin mucha resistencia, a contribuir a la reelección de Trump, aceptando convertir a la Guardia Nacional en la Bordel Patrol de Estados Unidos en México, aplicar en territorio nacional la política migratoria xenófoba que el presidente Trump lleva a cabo en Estados Unidos y, en los hechos, convertir a México en un tercer país seguro, asumiendo los costos económicos y sociales que todo esto implica.
En el marco de la comparecencia de la secretaria de Economía y del titular de la SRE, se dio a conocer el “Acuerdo Suplementario entre Estados Unidos y México”, en donde, en los hechos, México acepta convertirse en un tercer país seguro en términos francamente cuestionables.
En el mismo, se afirma que México y Estados Unidos se comprometen a trabajar en un acuerdo bilateral, que aborde la carga compartida y la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de los migrantes.
México también se comprometió inmediatamente a examinar sus regulaciones y leyes internas con miras a identificar cualquier cambio que se necesario para la entrada en vigor e implementación de lo signado.
Dicho acuerdo establece además que.. Estados Unidos determina, a su discreción…que si después de 45 días naturales, desde la fecha de emisión de la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el gobierno de México…no hubieran alcanzado los resultados suficientes para hacer frente al flujo de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo su legislación nacional para que el acuerdo entre en vigor.
Es decir, en los hechos, en este acuerdo complementario a la Declaración Conjunta, México aceptó convertirse en tercer país seguro, en caso de que las decisiones que adopte el gobierno mexicano para reducir el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, no disminuya en 45 días.
La firma de la Declaración Conjunta y el acuerdo complementario es quizá uno de los momentos más polémicos de los casi siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por dos razones.
Una de ellas es la grieta que generó entre el equipo cercano del presidente y otro porque lo firmado va en contra de posiciones históricas y de los acuerdos que México ha firmado en materia de derechos humanos y migración.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ha reclamado que Marcelo Ebrard está invadiendo facultades de la secretaría de Gobernación en materia migratoria. Que la Declaración Conjunta es una violación a las leyes de México para satisfacer las demandas de Trump y que México está amenazado a convertirse en un país enjaulado.
Dijo que la Guardia Nacional fue creada para combatir la delincuencia, no a migrantes. Contundente, ha sostenido que aceptar las medidas de EU “es una traición a la historia de México”. “Estamos con una mentalidad de país colonizado”, advirtió.
Por otra parte, al aceptar poner en práctica en el territorio nacional el contenido de la Declaración conjunta y el anexo del mismo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de migración y derechos humanos.
Pero particularmente viola el artículo 1 de la Constitución de la República, que señala en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Ante el escenario que México enfrenta por los compromisos que el gobierno asumió con su par estadounidense, es claro, que permitir que el tema del libre comercio y de los aranceles; se mezclara con la migración fue y es un grave error.
No cabe duda que el papel que México decidió asumir, teniendo un amplio margen de alternativas frente a las presiones de Trump, es lamentable, contrario a los principios de nuestra Constitución y las históricas posiciones que México ha asumido en materia de migración y de derechos humanos, y particularmente de su política de autodeterminación de los pueblos frente a las presiones de las potencias extranjeras.
Diga lo que diga Andrés Manuel, lo cierto es que su gobierno se subordinó, indignamente a las presiones de Trump en el primer conflicto que enfrentó con su gobierno. De ahora, en adelante, no se lo quitará de encima, en detrimento de la soberanía nacional y de los derechos humanos no sólo de los migrantes, sino de los propios mexicanos, al permitir que le xenofobia y los intereses económicos y políticos del gobierno de Estados Unidos se impusieran.
Como dice mi amigo Primitivo Rodrìguez, “hay que enfrentar a Trump y derrotarlo. Habrá una segunda oportunidad de hacerlo que no será para AMLO, o solo para su gobierno. A fin de que el cambio de rumbo sea creíble y viable, tocaría al Estado en su conjunto- pueblo mexicano en el extranjero incluido- responder a Trump. Contamos con la herencia, leyes y liderazgos para responder exitosamente al reto”.
Alternativas y recursos, los hay. México podría hacer valer los acuerdos internacionales en diversos rubros, particularmente el TLC y su nueva versión, el T-MEC.
Llevar a niveles sin precedente el intercambio comercial y la cooperación con la Unión Europea, América Latina y países como Rusia y China e imponer a EEUU, en defensa propia, aranceles espejo.
Así como sacar a la migración del ámbito de la Seguridad Nacional y darle el lugar que le corresponde como agente de enriquecimiento social, creación de empleos, e impulso al crecimiento en los países receptores.
Con una ruta como la señalada, México elevaría significativamente el costo electoral, político e internacional que Trump pagaría de insistir en iniciar una guerra de aranceles.
