En el tema de los cambios que requiere el sector energético, quienes están interesados en una reforma legislativa a modo, que facilite la privatización, están ejerciendo presión para adelantar los tiempos y romper los consensos alcanzados en el Pacto por México.
Los interesados en una reforma energética pragmática, que aspiran a obtener un beneficio personal pasando por encima del interés colectivo, presionan con el falso argumento de inversiones multimillonarias, como las que anunció la semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial; o con escenarios catastrofistas sobre el sector, como el diagnóstico presentado por Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.
El Consejo Rector del Pacto por México propuso en su agenda que la discusión de la reforma energética iniciaría en el segundo semestre del año, por lo tanto, en este momento no se ha planteado ninguna iniciativa sobre el sector y, en consecuencia, no se ha iniciado mesa de discusión alguna; como sí las hay en los temas de telecomunicaciones y en materia de deuda de estados y municipios.
Con estas presiones queda claro, una vez más, que dentro y fuera de los partidos hay muchos interesados en que el pacto se fracture, no sólo para acelerar reformas a conveniencia, sino también para romper los delicados equilibrios políticos alcanzados entre los partidos e imponer mayorías legislativas mecánicas.
Ejemplo de esto último, son las declaraciones de José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); quien valora más la imposición de decisiones mediante el ejercicio de mayorías legislativas, que los consensos entre la pluralidad de las fuerzas políticas, que no atropellen los derechos y la opinión de las minorías parlamentarias.
Para contrarrestar tentaciones privatizadoras del sector energético, los partidos de izquierda sumamos esfuerzos para impulsar una Reforma Energética Integral, que no modifica el artículo 27 constitucional, y en la que Pemex mantendría la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera, garantizando la seguridad energética de las próximas generaciones de manera suficiente, continua, económica, diversificada, de alta calidad y que respete el medio ambiente.
Esta propuesta de reforma, que será presentada por el Partido de la Revolución Democrática considerando los mecanismos y tiempos del pacto, contiene ocho ejes estratégicos.
El primero de estos ejes es el cambio de régimen fiscal de Pemex, en virtud de que se necesitan recursos económicos adicionales para aplicar una agresiva política de inversión pública en diversas áreas de la industria petrolera.
Respecto a la autonomía presupuestal de Pemex, se considera necesaria para garantizar su objeto como abastecedor de energéticos. La reforma energética de 2008 suponía cierta autonomía en el manejo del presupuesto de la paraestatal; sin embargo, nuevamente, la Secretaría de Hacienda le arrebató la posibilidad de utilizar sus propios recursos.
En relación a la autonomía de gestión, es preciso aclarar que la actual estructura de Pemex, con cuatro subsidiarias, ha dañado severamente la paraestatal y frenado una política de planeación integral en materia petrolera; limitando con ello la inversión en refinación, petroquímica, almacenamiento y distribución.
Se propone también reformar la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya que la arquitectura institucional del sector de hidrocarburos tiene que fortalecerse para asegurar una política energética de largo plazo y promotora del desarrollo económico nacional, bajo las premisas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Otros temas sobre los que es preciso discutir son las tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad, a fin de garantizar un acceso equitativo a la energía.
Uno más de los aspectos que considera la propuesta de reforma integral, es convertir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en un organismo financiero, puesto que en los últimos seis años han pasado por el fondo más de 40 mil millones de dólares, mismos que se han erogado sin un objeto concreto, y en gran medida para completar el gasto corriente del gobierno federal.
Los hidrocarburos son recursos no renovables, cuyo aprovechamiento no debe ser dilapidado como hasta ahora se ha hecho, por lo que es indispensable que, al menos una parte de ellos, sean acumulados para beneficio estratégico del presente y las próximas generaciones.
Se debe también impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, mediante el establecimiento e institucionalización de una visión tecnológica de mediano y largo plazos, que identifique las grandes áreas estratégicas que Pemex debe desarrollar.
Esta propuesta de reforma que impulsa la izquierda, plantea que la transición energética requiere no sólo la sustitución de energía fósil por energía limpia y elevar la eficiencia, sino también una transformación organizativa, regulatoria, jurídica e institucional, que debe ser ejecutada por el propio Pemex.
En relación al respeto al medio ambiente, la reforma establece que Pemex debe ser un factor activo para lograr mayor bienestar a través de una adecuada inserción de sus actividades y su personal en las comunidades, la preservación del tejido social, el fortalecimiento de la economía local y la creación de instituciones de educación; contribuyendo al desarrollo sustentable con una visión de responsabilidad social.
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