Por: Agustín Miguel Alonso Raya
Las reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental acotarán el manejo discrecional y los márgenes de corrupción y opacidad de los distintos órdenes de gobierno en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal, un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados están reprobados en materia de transparencia porque no realizan un desglose transparente de cómo ejercen los recursos públicos que reciben ni informan sobre las condiciones de la contratación de deuda.
En Guanajuato, por ejemplo, no hay transparencia respecto a la deuda contraída en los últimos seis años. La Secretaría de Finanzas informó en agosto de este año que ésta ascendía a 6 mil 600 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, al 31 de marzo, la deuda pública de Guanajuato era de 8 mil 345 millones.
El argumento de las autoridades locales es que la deuda del estado, según su versión, es manejable; lo que no dice es que, apegándose a los datos de Hacienda, el endeudamiento ha tenido un crecimiento notable ya que en 2007 representaba el 0.8% del PIB local y a marzo de 2012 ya significaba el 1.5
Al menos que en cuatro meses el gobierno del estado haya cubierto mil 745 millones, hay una evidente contradicción entre los datos locales y los de Hacienda o en su defecto el gobierno de la entidad intenta maquillar cifras para ocultar la realidad de la deuda.
Una de las aportaciones de los cambios de la Ley de Contabilidad es el establecimiento de sanciones rigurosas, incluso cárcel, contra funcionarios que dolosamente oculten información acerca del dinero bajo su responsabilidad o causen un daño patrimonial a la hacienda pública.
Para el pago de esta deuda el gobierno del estado comprometió un porcentaje de los recursos que se recaudarán del impuesto del 2% a la nómina durante los próximos 10 años.
Tan sólo en el 2011 se recaudaron alrededor de mil 300 millones de pesos por este concepto.
Es decir, el problema no sólo es la opacidad sino también el uso de recursos para el pago de deuda pública que bien pudieron haber sido canalizados para servicios públicos, salud, educación, combate a la pobreza u otros rubros prioritarios de carácter social.
La iniciativa fue presentada el primero de septiembre al Senado con carácter preferente por el Ejecutivo Federal. El 27 del mismo mes dicha cámara la aprobó y la remitió a la colegisladora, la cual la regresó al Senado con observaciones el jueves 25 de octubre.
Una vez que concluya el proceso legislativo la Ley de Contabilidad Gubernamental obligará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las secretarías de finanzas o sus equivalentes en los gobiernos locales, a facilitar el acceso a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el respectivo orden de gobierno, a través del establecimiento de enlaces electrónicos en sus páginas de internet.
Puntualizará rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tales como sus fuentes de ingresos, sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, los pagos efectuados a sus servidores públicos por concepto de remuneraciones; los pagos por pensiones, gastos de inversión, así como sus proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, el listado de programas que serán sometidos a evaluación del desempeño y sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.
Para garantizar la armonización de la información y fortalecer la rendición de cuentas se precisará que no podrán realizarse traspaso de recursos entre las cuentas específicas, que es una estrategia muy común en los gobiernos de los estados que buscan eludir de esta manera la fiscalización o utilizar los recursos etiquetados en una partida presupuestal en conceptos considerados en otros rubros.
En el marco de la discusión tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, los legisladores del PRD hemos insistido en la necesidad que los ciudadanos sepan cómo se gastan los recursos públicos, que haya transparencia, que toda la información se publique en Internet y que todos los interesados puedan acceder a la información precisa de cómo se está ejerciendo lo que la federación le transfiere a cada una de las entidades así como los recursos locales.
Si bien esta ley es un avance importante, queda pendiente diseñar mecanismos legales más eficientes que combatan también la opacidad y la corrupción en el uso de los recursos públicos a cargo del gobierno y las dependencias federales que eviten casos como el de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, detenido, luego de una prolongada fuga, acusado de enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.
En este sentido, tanto a nivel local como federal, se debería de establecer la figura de embargo precautorio en caso de sospecha de malversación de fondos públicos o enriquecimiento de ilícito.
PD: Agradezco infinitamente las muestras de afecto y solidaridad por los momentos difíciles que atraviesa mi familia.
