El economista y filósofo indio, Amartya Sen, expone en su libro, La idea de justicia, la importancia de reconocer la pluralidad de las razones, a través de la justicia, la equidad y el mérito. Lo hace a través de la siguiente parábola:
“Tres niños discuten a quién debe pertenecerle una flauta: Anne, Bob y Carla. Anne, reclama debe ser de ella porque es la única que sabe tocarla. Con sólo esa información, resulta claro que la flauta debe ser de Anne. Sin embargo, Bob alega ser el más pobre de los tres, señalando además que no tiene juguetes y la flauta le serviría para, además de aprender, jugar. Con esa información, pudiéramos darle la flauta a Bob. Inclusive, Anne, al saber tocar, tiene la posibilidad de comprar una. Para sorpresa, llega Carla y señala que ha estado trabajando en la fabricación de la flauta en disputa. Si tuviéramos únicamente la información de Carla, la decisión sería claramente a su favor, por ser la que trabajó en su elaboración.”
Pero, además, viene a enriquecer la parábola el Dr. Alain Musset, geógrafo francés, que señala: “falta un niño… ¿cuál niño? El niño que no ha podido venir a reclamar la flauta, porque no tenía posibilidad de trasladarse a la ciudad. Y, peor, no ha podido trasladarse por falta de comunicación terrestre, pero está enterado del asunto, él sabe que la flauta existe… y él podía reclamar la flauta, pero la realidad geográfica de la ciudad hace que no pueda venir para competir con los demás niños”.
Como en la parábola, así se aprecia la realidad de la participación ciudadana. En el mejor de los casos, la participación se encuentra reconocida en las normas. Y tal vez en apariencia, se escuche al ciudadano. Pero, no a todos los ciudadanos. Sólo a los que “vienen” a reclamar. Y se consulta a los que tienen un poder de representación. Los que “no vienen”, como el cuarto niño, son invisibles en la toma de decisiones.
El reclamo de la participación ciudadana en las decisiones públicas, es cada vez más frecuente, incitada por la percepción que tiene la ciudadanía de sus representantes y la pobre confianza en las instituciones públicas, traducidas en una crisis de representación.
Lo vemos en nuestras ciudades, donde los colonos reclaman la ejecución de obras públicas que consideran defectuosas, innecesarias o injustas, o en la autorización de construcciones o fraccionamientos que llevan consigo impactos urbanos y ambientales negativos o incluso, condiciones inseguras para la población.
Ese ejercicio de participación ciudadana no es una concesión del Estado, es un derecho humano exigible, cuya participación social, incluso participación crítica, debe recibirse como un ejercicio de colaboración, como lo hacen las democracias con madurez institucional, y no entenderse como un choque, como lo perciben las aparentes democracias.
La participación ciudadana es una forma del concepto de la “libre autodeterminación”, que se erige como un derecho de los pueblos y un principio fundamental del derecho internacional público, generador de obligaciones para los Estados, procedentes tanto de los tratados internacionales como del derecho consuetudinario.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), recoge en su artículo 25, inciso a), el derecho de todos los ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
La participación ciudadana no se reduce a una democracia representativa, limitada a la elección de sus gobernantes a través del voto, como comúnmente o “convenientemente” es percibido. La participación implica un amplio ejercicio de derechos y la correlativa obligación de su reconocimiento por el Estado y sus mecanismos de garantía.
Al respecto, la Observación General no. 25, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, viene a dar contenido al PIDCP, señalando que “Los ciudadanos pueden participar directamente asistiendo asambleas populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los asuntos de una determinada comunidad. […] también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación debe respaldarse garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación”.
Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) ha adoptado en sus trabajos de educación e investigación, una definición de participación ciudadana, entendida como “toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación como representantes políticos, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes.”
Agrega el IIDH un enfoque inclusivo, relevante en la participación ciudadana, al señalar que “En los trabajos del IIDH se ha optado por agregar una nota característica a la democracia, para entenderla como un concepto guía y motor y no simplemente como una descripción de la realidad: la necesidad de que sea “inclusiva”, esto es, que en respeto de la diversidad de sujetos, pueblos, orígenes y contextos, busque reflejar la variedad y riqueza de etnias, lenguas, perspectivas y culturas que constituyen el mosaico de las Américas”.
Así entonces, una democracia avanza cuando abandona el discurso que cuestiona y reduce el derecho de las personas y los grupos sociales de intervenir en el quehacer público, y por el contrario, impulsa mecanismos efectivos de participación, respeta el derecho a la libre determinación e implementa procedimientos apropiados de consulta.
