La iniciativa que pretende reformar los artículos 3° y 73 constitucionales presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, que probablemente se apruebe el próximo martes, contempla dos aspectos que en mi opinión reconocen y valoran el trabajo que día a día realiza la escuela y abre oportunidades equitativas para que las maestras y maestros, a partir de su esfuerzo y compromiso personal, accedan a un mejor desarrollo profesional, académico y económico.
Es, además, el primer paso importante del Pacto por México firmado por los tres principales partidos y que fue impulsado por el Partido de la Revolución Democrática como parte de un gran acuerdo nacional para sacar adelante los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que México requiere.
El texto recoge las propuestas que en este sentido el PRD ha hecho en el Congreso, que formaron parte de su plataforma electoral de este año, y que retomó el candidato del Movimiento Progresista.
En dicho documento se planteó revisar la infraestructura física del sistema educativo nacional, con el propósito de ampliar los espacios educativos y hacer posible la formación multidisciplinaria de los educandos, a través de profesores especializados.
Así como modificar el sistema de evaluación, a efecto de garantizar su autonomía y valorar tanto el desempeño de los educandos, como el de los maestros, los sistemas educativos y los establecimientos escolares. Utilizarlo como instrumento de corrección de las desigualdades y método para la elevación constante de la calidad de la educación; reformar sustantivamente el sistema de formación, capacitación y actualización de maestros e instrumentar programas para el fortalecimiento de los espacios escolares
La modificación del artículo 3° constitucional busca establecer a nivel nacional las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.
A través de una ley reglamentaria se fijarán los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio, y se tomarán en cuenta el desempeño, y el perfil profesional. A partir de estos factores se determinará también un sistema de reconocimiento que resulte idóneo para el desarrollo profesional de los docentes.
Otro de los cambios es que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tenga las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Se dota al INEE de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad. Las tareas que el instituto lleve a cabo permitirán apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarrollo de la evaluación.
La reforma establece además de estos dos ejes prioritarios, que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa y el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, establecer las escuelas de tiempo completo, impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, llamados “chatarra”.
La iniciativa logró el consenso no sólo de los partidos sino también de importantes sectores de la sociedad que han venido demandando que el Congreso asuma sus competencias a fin de fortalecer la calidad educativa del país y que habían sido relegadas por la decisión de los gobiernos panistas de negociar con el sindicato la política pública del sector en aras de preservar intereses mutuos pero a costa de las facultades del Estado en la educación.
Fundamentalmente, la reforma permitirá recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, al deslindar el diseño y aplicación de la política pública en el sector educativo, de la relación entre el gobierno y el sindicato.
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