Por: Miguel Alonso Raya (*)
La alianza del PRI, PVEM, Panal y una parte del PAN, que aprobó en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuestas por el presidente electo Enrique Peña Nieto, rechazó incorporar como parte de la agenda de seguridad pública mecanismos de control y participación ciudadana.
Las reformas no se centran en el tema de la seguridad pública, sin embargo es la parte medular y de mayores alcances porque las funciones de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP) serán asumidas por la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual se encargará nuevamente de atender las políticas de seguridad, de la Policía Federal, del sistema penitenciario federal y de la prevención del delito.
El bloque de los partidos que impulsaron las reformas se negó al debate, cuando en esta discusión se pudo haber escuchado y tomado en cuenta la opinión de expertos como La Red de Especialistas en Seguridad Pública, integrada por 65 académicos de distintas universidades del país y 30 organizaciones civiles que comparten la idea de que la seguridad es compatible con los valores democráticos y los derechos humanos.
Dentro de sus propuestas, la Red ha planteado que:
La reforma a las instituciones encargadas de combatir y castigar la delincuencia (policías, procuradurías y tribunales) es un proceso largo; la experiencia internacional indica que este tipo de reformas toman entre 10 y 15 años en consolidarse. Por tanto, se requiere una ruta crítica de cómo hacerlo y un acuerdo político de que todos los actores relevantes, más allá de quiénes sean los detentadores ocasionales del poder, van a ceñirse a lo largo del tiempo a esa ruta crítica. Sólo así puede hablarse de una política de Estado.1
Las estrategias del gobierno de Felipe Calderón para combatir la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico se basaron en el uso masivo de las fuerzas armadas (hasta 60 mil efectivos) y en el aumento de presupuesto (pasó de 54 mil a 131 mil millones de pesos anuales, siendo el mayor aumento para la SSP), así como en transformaciones institucionales (reforma penal, nuevo modelo de seguridad, la Policía Federal como modelo de operación e inteligencia, reestructuración de centros penitenciarios federales y mecanismos de evaluación y certificación).
Un balance de la seguridad pública menciona:
La estrategia gubernamental estuvo mal encaminada: el combate frontal al crimen organizado agudizó la virulencia armada del enemigo; puso a soldados, marinos, policías y agentes ministeriales en situación límite; imprimió un enorme sentido de urgencia a la “reconstrucción” institucional y al ejercicio de los recursos destinados al abatimiento de la inseguridad pública; empujó la desazón ciudadana…Por si fuese poco, fue peor ejecutada: el presidente Calderón se equivocó o si se quiere, no colocó a los mejores ni a los más aptos al frente de instancias clave.2
El cambio de adscripción de la seguridad pública no significa por sí mismo el mejoramiento de la política del sector. Las reformas implican un fortalecimiento innecesario de las atribuciones de la Segob y el regreso a un Estado que trata igual la gobernanza que el combate a la delincuencia.
El concepto gobernanza “alude a una nueva forma de concebir la conducción de los asuntos colectivos de una sociedad más allá del Estado, es decir, con la corresponsabilidad de actores no-estatales”3
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas “la buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero”.
La reforma recién aprobada carece de esta visión porque en los hechos vuelve a superponer la agenda política interior con la de seguridad pública.
La tendencia de los Estados con niveles superiores de desarrollo democrático, al contrario de lo que está sucediendo en México, es el retiro paulatino del enfoque militar y policiaco de la seguridad pública con el objetivo de incorporar, como parte de una agenda democrática de seguridad, al ciudadano y a sus derechos como eje de las definiciones políticas de Estado, porque la seguridad debe ser una decisión política.
En este sentido es que a lo largo del debate, tanto en las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública como en el pleno, el PRD propuso incluir en las reformas medidas de control y contrapeso ciudadano a las decisiones del Estado en materia de seguridad pública como la creación del auditor independiente de la Policía Federal o la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública
Las propuestas no fueron atendidas, por lo que desde el congreso reforzaremos los mecanismos de control legislativo que sirvan de contrapeso a lo que ahora será la supersecretaría de Gobernac*= ión tales como la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Seguridad Pública, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la creación de la Ley de Víctimas y la Ley General sobre Uso Legítimo de la Fuerza y reformas a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Consideramos pertinentes todas aquellas medidas que tiendan a preservar la seguridad y tranquilidad de los mexicanos, pero tienen que apegarse estrictamente a un diseño democrático con participación ciudadana y al respeto absoluto a los derechos humanos.
1 Pronunciamiento de la Red de Especialistas en Seguridad Pública sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, recuperado el 22 de noviembre de 2012.
2 “Estrategia contra la delincuencia organizada. Balance sexenal”. Carta de Política Mexicana. Núm. 556. Noviembre 2 de 2011.
3 Serna, J. (2010). Reflexiones sobre el concepto de gobernanza en el ámbito global y su impacto en el ámbito jurídico. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
