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miércoles, febrero 24, 2021

La salud pública en el crecimiento de las ciudades

La declaración de pandemia trae grandes retos para el mundo. El COVID-19 supone un duro examen que evaluará nuestra capacidad de respuesta, articulación de políticas públicas y engranaje social, en el que será más visible el lugar real que ocupamos en los procesos de desarrollo humano, tanto a nivel institucional, como social, personal y civilizatorio.

La humanidad tiene grandes y graves problemas que igual o mayormente generan altos costes en números de vidas humanas y graves pérdidas económicas, como el cambio climático, la desigualdad, la migración, la pobreza, entre otros.

En particular, la emergencia climática, tiene un impacto presente con efectos permanentes y a largo plazo; mientras que la enfermedad pandémica se prevé tenga un impacto temporal. El cambio climático, tiene relación con los valores en los gases efecto invernadero, el contenido calorífico de los océanos y su desoxigenación, la pérdida del hielo marino en el Ártico, impactos del tiempo y clima en la salud de las personas y su consecuencia en el aumento en el costo de los sistemas de salud, crisis alimentaria por la variabilidad del clima, desplazamientos de personas por fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales, entre otros.

No obstante, no lleva a mucho jerarquizar las problemáticas humanitarias, ni tampoco es la intención, dado que todas tienen su importancia y gravedad específica y su consecuente necesidad de atención en la dimensión que lo amerite.

En el caso del virus que nos ocupa, a diferencia de otros problemas de dimensiones planetarias, la gravedad con la que lo hemos asimilado ha posibilitado la visibilización de problemas, y con ello una manera de evidenciar las áreas de oportunidad que estructuralmente tenemos, a efecto de preparar y prever escenarios a los que con toda seguridad nos seguiremos enfrentando.

Visibilizar no es resolver, pero no se resuelve lo que no se visibiliza.

Pero, ¿qué relación tiene la propagación de la enfermad con el crecimiento de las ciudades?

Como es ampliamente sabido, el lavado frecuente de manos es una de las principales medidas de control centradas en la prevención del COVID-19, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante lo sencillo que resulta la medida, tres mil millones de personas en el mundo no tienen como lavarse las manos.

Sanjay Wijesekera, director de programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que “Lavarse las manos con jabón es una de las cosas más baratas y efectivas que puede hacer para protegerse y proteger a otros contra el coronavirus, así como muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, para miles de millones, incluso este paso más básico está simplemente fuera del alcance”.

En México, entre 12.5 y 15 millones de habitantes, distribuidos en áreas rurales, pero también en zonas marginales de las periferias urbanas, no tienen acceso al agua potable.

Uno de los argumentos comunes para negar el suministro del agua en zonas marginales, es el paradigma que encierra el mismo concepto de lo que la legislación urbana denomina “asentamientos humanos irregulares”, que incluso criminaliza el acto de formación del asentamiento humano sin autorizaciones, y ello trae como consecuencia la negativa de proveer todo servicio público, como la recolección de basura, el alumbrado público, y en el caso que nos ocupa, el agua potable.

En cambio, en un contexto de derechos humanos, las zonas marginales se aprecian como “asentamientos humanos informales”, no “irregulares”, pasando a ser reconocidos sus habitantes como sujetos de derechos que en su mayoría se encuentran fuera de todo programa de vivienda social; aclarando, que en el criterio que se expone se encuentra basado fundamentalmente por consideraciones relacionadas con la pobreza y la desigualdad, en el que de ninguna manera encuadran los asentamientos humanos que al margen de la normatividad se desarrollan en zonas con alto valor ambiental.

Ese cambio de paradigma, llama al real ejercicio en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la dotación de servicios públicos. Acerca a los ciudadanos al goce de derechos humanos. Y, consolida y mejora el crecimiento de las ciudades, recordando que todas las personas sin distinción tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades en condiciones saludables, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras.

Martín Barajas Torrero
Martín Barajas Torrero
Becario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Programa de Estudios en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Consultor en Ordenamiento Sustentable del Territorio. Abogado litigante en derecho administrativo. Incansable observador urbano, construyendo ciudades proveedoras de bienestar. martinbarajastorrero@gmail.com

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