Por: Amicus DH, A.C.*
En medios de comunicación, discursos políticos, en oficinas de gobierno y en muchos otros espacios nos es enviado el mensaje de que la violencia en contra de las mujeres es un problema que se debe eliminar y que las autoridades están comprometidas con dicha causa. Generalmente, este fenómeno se asocia con la violencia doméstica o con la explotación sexual, sin embargo, existen muchos otros tipos de violencia, algunos de ellos prácticamente invisibilizados, como la violencia obstétrica.
La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud, a la vida privada y a la autonomía reproductiva. Esta violencia se genera por parte del personal de salud, principalmente en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio, aunque puede presentarse también en casos relacionados con anticoncepción, planificación familiar, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo o con la menopausia.
Esta forma de violencia puede ejercerse tanto de forma física como de forma psicológica. Lamentablemente, en nuestro continente es común que el acto de traer a una persona al mundo vaya acompañado de regaños, burlas, insultos y falta de información; asimismo, es frecuente que el manejo del dolor de parto para las mujeres funcione como castigo en su contra o como coacción para obtener su “consentimiento” sobre prácticas médicas que tendrán una importante repercusión en sus vidas, como la esterilización o el colocarles un dispositivo intrauterino.
Como ejemplo de actos de violencia obstétrica que miles de mujeres sufren cada día, encontramos la episiotomía de rutina (corte que se hace a las mujeres desde la vagina hasta el ano al momento de parir, con el fin de expandir el orificio para que salga el bebé), las críticas hacia las mujeres ante la manifestación de quejas o dolor, el uso de fórceps sin estricta necesidad o consentimiento, el raspaje de útero sin anestesia, mantener a las mujeres desnudas y con los órganos sexuales expuestos, el realizar tactos constantemente y por parte de varias personas, el humillar a las mujeres con adjetivos como “gorda” y la práctica indiscriminada de cesáreas. Cabe destacar que la violencia obstétrica impacta además de manera diferenciada en mujeres que se encuentran en doble o triple situación de vulnerabilidad, tales como mujeres indígenas, adolescentes, migrantes o en situación de pobreza.
Ante este fenómeno denigrante cabe cuestionarnos ¿por qué se ha desplazado a las mujeres del rol protagónico de su propio embarazo y parto, para ser sustituido por un escenario donde se encuentran semidesnudas, con las piernas abiertas, generalmente solas, en un lugar desconocido, completamente indefensas ante la llegada de su bebé? Si antes un parto se llevaba a cabo en el hogar, rodeada de familiares y personas de confianza, ¿por qué se ha convertido en un proceso medicalizado en el que se desestima el sentir de las mujeres?
Se reconocen los aportes de la tecnología, la ciencia y la medicina en la lucha contra la mortalidad materno-infantil, así como en otros ámbitos de la salud de las mujeres; no obstante, el carácter negativo de estos avances yace en el llevar a cabo de manera mecánica y sistematizada conductas como las enunciadas anteriormente. Desarrollar dichas prácticas de manera indiscriminada, supone que las mujeres son un objeto de intervención médica y no un sujeto de derechos, reduce sus posibilidades de valerse por sí mismas y presume que no cuentan con legitimidad para decidir sobre sus propios cuerpos, vidas e hijos.
En el ámbito de lo legal, existen esfuerzos por evitar y prevenir actos de violencia obstétrica. En Ecuador existe la “Guía técnica para la atención del parto culturalmente adecuado”. En Argentina, la Ley 25.929 y la Ley 26.485 contienen en conjunto los derechos de las mujeres en relación con su embarazo y parto, así como la erradicación de la violencia obstétrica. Por su parte Venezuela establece la violencia obstétrica como un delito en su “Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
En México, tenemos la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007) que busca disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Por su parte, el Estado de Guanajuato en su Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, define la violencia obstétrica como “todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica”.
A pesar de la normativa vigente, este tipo de violencia continúa sin dimensionarse ni enfrentarse por varios motivos. Algunos de ellos se relacionan con la ausencia de denuncias y quejas formales por parte de las mujeres que la sufren, ya que muchas de ellas se ven desincentivadas de hacerlo pues prefieren olvidar los maltratos y enfocarse en sus recién nacidos; el anonimato con el que el personal médico actúa en hospitales públicos también propicia la no presentación de quejas; en otras ocasiones, las mujeres prefieren no hacer nada al respecto, pues saben que tarde o temprano podrán requerir nuevamente atención médica en el mismo establecimiento y temen represalias; en el peor de los casos, las mujeres normalizan este tipo de violencia y ni siquiera lo reconocen como tal.
Por otra parte, existen problemáticas estructurales que también favorecen la perpetuación de la violencia obstétrica. La falta de clínicas y centros de salud, los vacíos presupuestales, las inhumanas jornadas de trabajo y de prácticas de estudiantes de medicina y enfermería, así como la existencia de una jerarquía y cadena de mando tan estricta que se pudiera equiparar a la castrense, son sólo algunas prácticas institucionales que invitan, de manera indirecta, a que se sigan violando los derechos humanos de mujeres embarazadas, en labor de parto o puerperio.
Es necesaria la reflexión por parte de las autoridades correspondientes para modificar todas las prácticas y actitudes que motivan conductas de violencia obstétrica, seguida de la sensibilización hacia todo el personal de salud sobre la importancia de mejorar el trato hacia las mujeres. Renovemos la llegada al mundo de un nuevo ser, y volvámosla una experiencia de felicidad y dicha, no una experiencia de humillación y malos tratos.
*Amicus “Derechos humanos por el cambio social”
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