Después de varios años de que el congreso del estado y los municipios estuvieron violando en forma permanente la constitución política de los estados unidos mexicanos al cobrar el DAP (derechos de alumbrado público) en los recibos de la CFE, situación que la suprema corte de justicia de la nación ya había catalogado como inconstitucional, ahora los diputados locales guanajuatenses de la actual legislatura deciden tomar el toro por los cuernos y entrarle a su discusión.
Resulta que la fracción del PRI presentó una iniciativa donde propone que el DAP sea absorbido por el gobierno del estado, representando un gasto aproximado de trescientos sesenta millones de pesos, que en un presupuesto de casi cincuenta mil millones de pesos resulta insignificante, propuesta que hizo que los diputados del PAN se pusieran a estudiar como darle la vuelta y evitar que este gasto pasara a ser un carga para el gobierno del Lic. Miguel Márquez.
Y lo único que se les ha ocurrido a los diputados blanquiazules hasta el momento (estamos escribiendo estas líneas el viernes catorce de diciembre) es reconocer que el cobro del DAP, tal y como se está haciendo actualmente es inconstitucional, entonces, se les ha ocurrido la brillante idea de ¡ hacerlo constitucional ¡, lo anterior mediante algunas modificaciones de mecánica del cobro por parte de los municipios.
Lo que se les está olvidando a estos diputados es que si bien es muy importante que todos los cobros sean constitucionales, lo es aún más el que no se agravie a los ciudadanos con pagos que no le corresponden, ya que si se le da una revisada a la ley orgánica municipal, se podrá constatar que el alumbrado público forma parte de los servicios públicos a cargo de las presidencias municipales, es decir, es un servicio que debe cubrir las presidencias de sus propios recursos, ya que el ciudadano cumple con el pago del impuesto predial, que en principio es precisamente para cubrir los gastos de operación de las presidencias, mismo que se ve complementado y apoyado con las participaciones federales.
Y es que si se aprueba esto, lo que seguirá es que ahora las presidencias van a querer cobrar por la recolección de basura, por el mantenimiento de áreas verdes, de calles, por el servicio de policía y tránsito, etc., lo que violentaría el espíritu de la ley orgánica municipal y abriría la puerta a mayores excesos en contra del ciudadano.
La salida que están buscando los diputados panistas es una evidente trampa jurídica y un burdo engaño para los ciudadanos, ya que lo que van a hacer es simplemente legalizar un cobro indebido, o sea: “te voy a seguir cobrando el DAP, aunque ahora ya no vas a poder interponer recursos o amparos para su devolución porque ya será legal”, es decir, de todos modos Juan te llamas.
Cuando el fondo de todo esto es que el DAP es un gasto que le corresponde a las presidencias municipales, de su gasto corriente, así de sencillo, este gasto no lo debe pagar el ciudadano, olvidemos si la mecánica es correcta o indebida, el fondo es que no lo debe pagar, así de simple.
Y los diputados nos pretenden engañar haciendo algunas modificaciones para darle la vuelta a la constitucionalidad de la mecánica de cobro, pero sin ir al fondo del asunto, sólo a la forma, con lo cual el bolsillo de los ciudadanos seguirá siendo afectado por este indebido cobro.
Ojalá y que en estos días cambien de opinión los legisladores, razonen y legislen como verdaderos representantes del pueblo, aún hay tiempo.
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