Desde hace tiempo hemos insistido en que el DAP (derechos de alumbrado público) no debe ser pagado por los ciudadanos, ya que de acuerdo a la ley orgánica municipal es una obligación directa de los municipios cubrir el costo de los servicios básicos.
Durante años se les pidió a los diputados al congreso del estado que eliminaran este cobro a los ciudadanos, ya que además de lo ya mencionado, era un cobro inconstitucional, razón por la cual todos los usuarios que se amparaban en contra del cobro, ganaban el recurso y de inmediato la autoridad les devolvía el dinero pagado.
La actual legislatura por fin decidió entrarle al asunto, pero para desgracia de los ciudadanos sólo le dieron la vuelta, ya que lo único que hicieron fue quitarle lo inconstitucional modificando la mecánica de cobro, pero dejando intacto el problema de que lo seguiremos pagando los ciudadanos.
En principio la nueva mecánica debería de iniciar a partir del primero de abril, pero los municipios señalaron que no estaban preparados para el cambio y solicitaron que se ampliara la entrada en vigor, cosa que lograron y ahora se anunció que esto empezará hasta el mes de septiembre.
En lo personal desconozco como funcionará la nueva mecánica, y por lo poco que se ha conocido en los medios de comunicación sabemos que al parecer ahora la factura de la CFE por el consumo de energía eléctrica del alumbrado público de cada municipio, se dividirá entre el número de usuarios que reciban este servicio, y eso será lo que pagarán los ciudadanos, sin que lo pagado exceda del ocho por ciento sobre el consumo de energía eléctrica que actualmente se cubre.
Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto, es decir, lo incorrecto, más allá de si era inconstitucional o no, es que este es un gasto (el alumbrado público) que debe cubrir directamente de su presupuesto el municipio, tal y como cubre los otros servicios básicos, como lo es la seguridad (policías y tránsitos), la limpieza de la ciudad, el mantenimiento de calles, la recolección de basura, etc.
Es decir, los diputados locales sólo le dieron la vuelta al problema, pero no lo resolvieron, y todavía quieren presumir esto como un “logro” de la actual legislatura, como lo dice la diputada panista Karina Padilla.
Y es que si los ciudadanos permitimos que esto continúe y no manifestamos nuestro desacuerdo, el siguiente paso será que el año próximo más de algún municipio pretenderá cobrar por la policía, por la recolección de basura y por todos los demás servicios.
Y si esto llega a presentarse, los ciudadanos nos preguntaríamos que entonces para qué pagamos impuestos, básicamente el predial, ya que se supone que para eso se debe utilizar el recurso ciudadano, y no para andar pagando otro tipo de cosas que no son necesarias.
Y por otro lado, los municipios deberán seguir el ejemplo que algunas ciudades como Irapuato y León empezaron a hacer desde hace aproximadamente veinte años, es decir, iniciar el cambio de lámparas, poner medidores, revisar todo el cableado para evitar fugas, eliminar los “diablitos”, etc. para disminuir el consumo de energía eléctrica.
Al respecto el gobierno del estado les presentó a los municipios el programa denominado “Guanajuato Iluminado”, que consiste en que todas las ciudades cambien las actuales lámparas por lámparas ahorradoras, haciendo una compra masiva a una empresa china por un importe global de cuatro mil millones de pesos, sin embargo al decir de varios presidentes municipales les falta información al respecto, y sobre todo, tiempo para analizar y decidir.
Y es que la inversión requerida no es poca cosa, ya que si hacemos una estimación arbitraria de cuanto le costaría a los municipios grandes y medianos, estamos hablando de cantidades de doscientos o trescientos millones de pesos a cada uno, situación que difícilmente podrían cubrir, y menos si pensamos en que este gasto no está considerado en el presupuesto de 2013, y además, creemos que difícilmente aceptarán endeudarse para un proyecto al que no le observan mayores beneficios directos e inmediatos, ya que al final de cuentas el consumo de energía eléctrica del alumbrado público lo pagan los ciudadanos.
Así que ni modo, los diputados nos dieron atole con el dedo y le dieron la vuelta a un problema, dejándolo intacto.
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