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lunes, agosto 2, 2021

Contralorías municipales, otro fracaso de la transparencia

Una vez terminado el proceso para la elección de los contralores municipales en nuestro estado nuevamente queda demostrado que esa figura sigue sin responder a los requerimientos sociales de la actualidad respecto a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Si recordamos, hace dos legislaturas se modificó la ley orgánica municipal en la parte correspondiente a la figura del contralor en lo que respecta al procedimiento para la elección, pero el resultado no fue el que se buscaba, veamos:

La ley orgánica municipal anterior le otorgaba a la fracción minoritaria (en la mayoría de los municipios esa minoría correspondía al PRI) la facultad de proponer al ayuntamiento al nuevo contralor, situación de la que los presidentes municipales en turno (la mayoría del PAN) se quejaban amargamente de esta situación, ya que decían que estos contralores, como eran propuestos por el PRI, sólo venían a torpedear a la administración y que todo lo veían partidístamente, en suma, que no abonaban y que más bien, estorbaban.

Ante esta situación, la mayoría panista del congreso del estado decidió modificar la ley orgánica municipal, de tal forma que le quitaron la facultad de proponer al nuevo contralor a la fracción minoritaria del ayuntamiento, y crearon un procedimiento donde intervienen organizaciones de la sociedad, mismas que pueden proponer a sus candidatos, y de estos, la comisión de contraloría del ayuntamiento determina una terna, misma que se presenta al pleno, y de ahí, la mayoría elegirá al nuevo contralor, tal y como sucedió hace unas semanas.

Sin embargo varios problemas quedaron ‘vivitos y coleando’, veamos algunos:

  1. La contraloría municipal sigue sin tener independencia lo que de entrada ya la demerita y la imposibilita de profundizar en sus investigaciones así como en la toma de decisiones.
  2. Con la ley anterior, si bien el nuevo contralor era propuesto por el partido que no había ganado las elecciones, en algunos casos el presidente en turno rápidamente lo cooptaba y lo convertía en un servicial empleado más al servicio de la administración, incluso en ocasiones más papista que el papa.
  3. Y con la ley modificada el problema anterior subsiste y se fortalece, ya que ahora en algunos de los casos se rumora que los presidentes municipales “dialogan” con algunas organizaciones sociales y los “convencen” de que “x” persona reúne los requisitos exigidos y que estaría bien que lo propusieran, teniendo así el alcalde y su mayoría en el ayuntamiento un excelente argumento para elegir a determinada persona, ya que “fue a propuesta de la sociedad”, algo así como “ustedes lo propusieron y a nosotros nos pareció bien”, o sea, todo a pedir de boca y no le pueden decir nada al presidente municipal ya que se cumplió con el procedimiento establecido, es decir, todo legal.

Así que ante esta situación los ciudadanos nos quedamos con las ganas de tener la certeza de que el presupuesto estará bien vigilado, que los casos de corrupción detectados tengan la sanción correspondiente, que no se presentarán esos casos que durante toda la administración se la pasan “en investigación”, que no habrá “castigos ejemplares” de tres días sin goce de sueldo para funcionarios que son descubiertos en faltas u omisiones, etc.

Para que las contralorías municipales (y en general) funcionen adecuadamente se requieren varios requisitos, de los cuales podríamos mencionar algunos:

  1. Que la contraloría tenga independencia financiera y jurídica
  2. Como consecuencia de lo anterior, que pueda emitir sanciones que no requieran de la autorización del presidente municipal para que se apliquen, ya que ahora son simples recomendaciones.
  3. Que los requisitos exigidos para los contralores garanticen a cabalidad y sin lugar a dudas a los ciudadanos (generadores del presupuesto municipal a través del pago de sus impuestos) que quien ocupe el puesto esté preparado profesionalmente para el mismo, que tenga un historial limpio y que no esté ligado a un partido político en forma directa.
  4. Que la convocatoria sea abierta a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos exigidos y no como ahora, que resulta más bien limitada.
  5. De ser posible, que los aspirantes presenten un examen de conocimientos y habilidades calificado por una institución independiente, de tal manera que se garantice que el nuevo funcionario tiene los conocimientos necesarios para un eficiente desempeño de su labor.
  6. Que se prohíba que el presidente municipal declare sus preferencias por alguno de los aspirantes, ya que eso inhibe la participación de los interesados al considerar que esa convocatoria ya tiene dedicatoria.

Lo anterior, como se puede ver, son tan solo algunas pinceladas de lo que idealmente se pudiera esperar de una contraloría municipal para que los ciudadanos tuviéramos la certeza de que el dinero público está bien manejado, y sobre todo, que pudiéramos enterarnos de cómo se está manejando, ya que ahora no es posible tener mayor información al respecto.

 

Gerardo Padilla Navarro
Contador público por la Universidad de Guanajuato, con maestría en fiscal en la misma institución. Académico universitario, fue presidente del Colegio de Contadores de Irapuato, así como presidente regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Ex alcalde y ex tesorero municipal de Irapuato, fue delegado de la Prodecon en Guanajuato. Fue presidente de algunas organizaciones de servicio social como el Club Rotario local y la Fundación Irapuato. Correo electrónico: gerpad@hotmail.com

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