Como cada tres años, el próximo septiembre entrará en funciones el nuevo congreso del estado, conformado por diputados de los diferentes partidos políticos que participaron en la pasada elección.
Y también como cada tres años, volverá a comentarse lo relativo a los derechos de alumbrado público (DAP), gravamen que la suprema corte de justicia de la nación desde hace años declaró como inconstitucional, hecho que sin embargo no ha sido suficiente para el congreso estatal, ya que año con año con año se sigue violando la constitución, perjudicando así la economía de los ciudadanos, mismos a los que se les sigue cobrando esta carga sin mayor pena ni remordimiento por parte de los diputados, mismos que cuando toman protesta juran que respetarán ambas constituciones, la de la nación y la del estado de Guanajuato.
Debido a la resolución de la suprema corte de justicia cualquier ciudadano o empresa que presenta un amparo contra el pago del DAP, automáticamente obtiene resolución a favor, por lo que le tienen que devolver las cantidades que haya pagado por este concepto, sólo que tiene que cubrir los honorarios del abogado que le prestó el servicio, gasto que la autoridad podría evitar eliminando esta carga impositiva.
Sabemos que muchos municipios no están preparados para soportar la carga que significaría pagar las cuentas del alumbrado público de manera inmediata, sin embargo, esto no es motivo para seguir molestando y perjudicando a los ciudadanos, ya que este gasto debe ser cubierto al cien por ciento por los municipios, puesto que es un servicio público, al igual que la seguridad pública o la recolección de basura.
Lo que a mi juicio deben hacer los nuevos diputados es implementar una estrategia progresiva que permita a los municipios prepararse con tiempo suficiente para adecuar y adaptar sus presupuestos para estar en posibilidades de enfrentar este gasto, como cualquier otro de la administración.
Sugiero que esta estrategia se haga en un período de tres años, de tal forma que el municipio vaya absorbiendo progresivamente el pago del DAP directamente, de tal manera que al término del tercer año cada municipio se hará cargo del 100 % del gasto por alumbrado público, gasto que reiteramos, es obligación de las administraciones.
En paralelo, tanto las presidencias municipales como el gobierno del estado deberán realizar algunas acciones para facilitar esta transición, entre otras, los municipios deberán empezar a realizar los cambios de luminarias, medir el consumo de las mismas, eliminar las fugas y diablitos, etc. así como optimizar el gasto corriente en general eliminando gastos no prioritarios, o sea, meter tijera al presupuesto; y el gobierno del estado deberá destinar algunas cantidades adicionales para apoyar a los municipios, únicamente durante este período de tres años, cantidades que consideramos no serían representativas, considerando que el presupuesto estatal es superior a los cuarenta mil millones de pesos anuales.
Señores diputados electos:
Durante sus campañas políticas prometieron la defensa de los ciudadanos, ¿no podrían empezar con esta acción? y claro que esta es una simple propuesta, es decir, ustedes pueden elaborar otra muy diferente, lo que importa es que se deje de violentar la constitución y perjudicar a los ciudadanos.
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