Por: Agustín Miguel Alonso Raya
La seguridad social atraviesa un momento crítico. Los resultados de las reformas al sistema de pensiones, el desmantelamiento de las instituciones y las pérdidas en los ahorros de los trabajadores, colocan en el centro del debate de las organizaciones sociales la necesidad de contar con información veraz y actualizada de esta situación y con espacios para construir alternativas que permiten replantear y relanzar los sistemas de protección social.
Recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el principal proveedor de servicios de salud en nuestro país. En el Instituto se encuentra cubierto el 45 por ciento de la población nacional, su presencia en el Sistema Nacional de Salud es preponderante.
Como proporción del gasto nacional programable en salud, el Instituto eroga menos de la mitad de esos recursos. Es sintomático que esta proporción ha ido disminuyendo porque el gasto en salud se ha ido dirigiendo de manera preferente a financiar al Seguro Popular.
Durante la 103 Asamblea General del IMSS se presentó un informe catastrófico de las finanzas del Instituto en el que se le dan tres años de vida a esta institución debido a los pasivos acumulados para cumplir con el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores y al déficit de los servicios médicos.
Esta grave situación no es coyuntural, ni el diagnóstico es novedoso y al menos para los informados, mucho menos es sorprendente.
Estamos viviendo una quiebra resultado de reformas equivocadas que privatizaron el sistema de pensiones, que redujeron el gasto médico vía la reducción de aportaciones y que demostraron la fragilidad de un seguro social reformado en los años noventa y que de ninguna forma cumple la promesa de hacer una seguridad social para el siglo XXI.
Las reformas hechas a partir de entonces, incluida la modificación al régimen y pensiones de los trabajadores al servicio del IMSS, tampoco han podido detener la caída libre del Seguro Social.
La crisis financiera que presenta el IMSS desde hace varios años no es obra de la casualidad o producto de la actual recesión.
No puede pasarse por alto el hecho de que esta situación era previsible desde la reforma la Ley del Seguro Social de 1997 y el Partido de la Revolución Democrática lo advirtió en su momento.
A trece años de vigencia la nueva Ley del Seguro Social que estableció el sistema de capitalización para el pago de las pensiones del régimen obligatorio y reestructuró el pago de cuotas del seguro de enfermedades y maternidad, nos dibuja un panorama lamentable de la principal institución de política social del país y en especial para el caso de los servicios médicos.
El tema a colocar es la responsabilidad concreta que tienen en este despeñadero las reformas a la seguridad social que además de no resolver la cuestión financiera no garantizarán pensiones dignas, depauperan aún más los servicios médicos, estancan la cobertura, y han llevado al IMSS a su quiebra absoluta.
Por estas razones, este es el momento de debatir el modelo de seguridad social al que aspiramos: ir más allá de la coyuntura y evidenciar la insolvencia a que llevó la privatización de los sistemas de pensiones y el desfinanciamiento de los servicios de salud.
El Instituto es la principal institución de política social de nuestro país, es la de mayor cobertura nacional y el principal proveedor de servicios médicos de la población. Es un patrimonio de las y los trabajadores y sus familias, ha sido uno de los pilares sobre los que se ha construido nuestro país, su bienestar, su estabilidad social y su desarrollo económico.
Nuestra generación tiene el gran reto de rescatar al IMSS, de encarar con todos los sectores de la sociedad una transformación de la institución que le dé viabilidad social y económica y la proyecte como una palanca para la construcción del México que queremos.
Es fundamental exigir un compromiso del Estado para poner de pie los servicios de salud, reconociendo sus rezagos y deficiencias a fin de que la institución sea capaz de abatir su presencia como uno de los principales violadores de los derechos humanos.
Una evaluación seria, objetiva, profesional y patriótica del IMSS debe presentar compromisos claros para mejorar la posición financiera de la institución.
