Pocas acciones pueden ser tan deleznables por parte del Estado, como la práctica consuetudinaria de las desapariciones forzadas, lo cual lamentablemente sigue sucediendo.
Si de suyo la desaparición de una persona es terrible, el que sea a manos de las Instituciones Gubernamentales sólo aumenta exponencialmente la sensación de indefensión y gravedad del tema.
El día 30 de agosto quedó institucionalizado por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidad desde el 2011, como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. La ONU dice que el propósito de esta conmemoración es: “exigir verdad, justicia y además honrar la memoria de los desaparecidos”.
La desaparición forzada debe tener tres elementos intrínsecos: Es contra la voluntad de la persona. Participación activa de agentes gubernamentales y la negativa Institucional a revelar el paradero de la persona.
Es increíble imaginar que en este momento aún se padezca en el mundo una práctica así, la cual es usada como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que genera no se limita a la familia del afectado, sino que afecta a toda la comunidad.
Es de facto un problema mundial no exclusivo de alguna región específica. En su momento fue una práctica principalmente utilizada por las dictaduras, pero hoy en día se utilizan especialmente como método de represión política de los oponentes a un régimen.
Actualmente se contabilizan 43 mil casos en estudio en el mundo -esos son únicamente los que están en estudio, se calcula que el número real de personas desaparecidas bajo esta práctica en más de un millón-, según el último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un fenómeno extendido, aunque también la realidad es que las organizaciones delictivas han contribuido a esos números.
En octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según la CNDH, más de 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.
Normalmente, los agentes del Ministerio Público y los cuerpos policiacos no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas y es muy común que les digan a los familiares que ellos deben buscar por su cuenta. Desde 2013, la PGR -Hoy Fiscalía General- ha contado con una unidad especializada. Hasta agosto de 2018 había iniciado 1.255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en 11 casos.
Muchos familiares de las víctimas han denunciado que existen graves fallas en la identificación e incluso en el almacenaje de los cuerpos. Basta recordar lo que pasó en Jalisco hace un año, donde varios vecinos se quejaron sobre un olor fétido y resultó que era causado por una caja de tráiler estacionada cerca de la Fiscalía General del Estado y donde almacenaban cuerpos, ya que no les cabían en la morgue. El exdirector del Forense aceptó que habían usado tráileres refrigerados durante al menos dos años para almacenar más de 250 cuerpos.
En mayo de 2018, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció una “ola de desapariciones” de por lo menos 23 personas en Nuevo Laredo, ocurridas entre febrero y mayo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó que era probable que miembros de la Marina estuvieran implicados en las desapariciones.
Tenemos situaciones tan graves como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde el Gobierno no ha podido dar certeza alguna respecto a este tema.
No podemos permitir bajo ninguna circunstancia una desaparición y mucho menos la participación del Estado o sus recursos en la misma. Es inaceptable y lamentable que siga sucediendo esta práctica.
Ningún Estado y menos uno que se jacta democrático debe permitirse que sucedan esos hechos. Por el contrario, debe asegurar en todo momento los mecanismos necesarios y suficientes para evitar que eso suceda.
