Por: Ileana Catalina Arriola Sánchez
Rounds de sombra dice Sergio Flores Navarro (2016, p. 39), fueron aquellas discutidas iniciativas para legislar en México el Nuevo Sistema Anticorrupción. Arduas peleas entre grupos parlamentarios en las cámaras alta y baja mediante las cuales se esquematizan diversas autoridades, que de manera coordinada integrarán el Sistema Anticorrupción de la Nación y un mejorado procedimiento sancionador en materia administrativa. Estos rounds culminan el 18 de julio de 2016 con la expedición de las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas.
Recordemos que México en el transcurso de 24 años ratificó tres importantes convenios internacionales en materia de combate a la corrupción: el primero de ellos en 1996 en Caracas, Venezuela con la denominada “Convención Interamericana Contra la Corrupción” con miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El segundo convenio ratificado en 1999 una vez realizada “La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,” también conocida como “Convención Anticohecho” con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y por último el convenio de 2005 derivado de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” llamada también “Convención de Mérida.”
Mediante estos acuerdos nuestro país ha sido retado a la pelea del siglo contra la invicta Corrupción, cuyo índice de percepción se ha posicionado en peso superwélter y su mayor contrincante aún peso ligero.
Previo al encuentro se designan nuevos árbitros a nivel nacional y en cada Entidad Federativa, los llamados Sistemas Estatales Anticorrupción, dotados de Secretarías Técnicas, Comités Coordinadores y Comités de Participación Ciudadana (CPC’s), compuestos en su mayoría por autoridades gubernamentales. El país prepara sus mejores púgiles: Órganos Internos de Control (OIC’s) dotados de autonomía técnica y de gestión, con una separación tripartita para investigar, sustanciar y sancionar, esta vez con nuevas reglas del juego.
La pelea debe seguir tres estrategias: prevención, detección y sanción. La primera y más importante requiere de instrumentar una eficiente política nacional. La segunda dotará de una plataforma digital para controlar y mantener la distancia. La tercera, solo se activará si la primera no funciona y la segunda es eficiente.
Transcurren los años 2017, 2018 y 2019, con un arduo trabajo en el quehacer para combatir la corrupción. El sparring ha sido nuestra cuarta estrategia emergente, teniendo que aplicar la tercera de ellas sin sus antecesoras. Hemos pasado de púgil a espectadores de los árbitros: CPC´s, Comités Coordinadores y Rectores, de Sistemas Nacional y Locales, que luchan por el aprendizaje, la integración y los efectos de su pronta desincorporación, dando en el camino más de una función.
Justamente la Secretaría de la Función Pública ha jugado un papel importante ganando algunas contiendas con decisión dividida. Al fin el 25 de febrero del 2020, con inmediata vigencia se publica en el Diario Oficial de la Federación la tan esperada Política Nacional Anticorrupción, misma que habíamos dicho era nuestra primera estrategia a seguir hace 3 años.
