El amparo, es una figura del derecho que surge en nuestro país en el siglo XIX, y desde el Congreso de Chilpancingo, se gestaban los principios que sustentarían a la rica y excelsa tradición jurídica mexicana, al afirmar don José María Morelos y Pavón: “Quien se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
Después, con el genio de los destacados juristas mexicanos, Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, el Amparo nace como una institución de avanzada, que influyó los sistemas constitucionales de América y Europa.
Desafortunadamente, el Amparo estancó su desarrollo y se alejó del contexto social y de transformación, dejando de ser una vía adecuada y jurídicamente acertada para la protección de los derechos en una sociedad cambiante y plural, rezagándose, inclusive, frente a otras instituciones extranjeras a las cuales sirvió de modelo en sus comienzos.
Lo incongruente de esta regresión estriba en que, debido al rigorismo con que se usa, el Amparo resulta ya incapaz de salvaguardar eficazmente los derechos de los particulares frente a los abusos en el ejercicio del poder, provocando lo que se conoce como el “abuso de Amparo”, es decir, su utilización para fines poco éticos o reprochables socialmente.
Estamos convencidos que para lograr el fortalecimiento que demanda nuestra democracia, debemos sin cortapisas, innovar el Juicio de Amparo por medio de una reforma de gran calado que, de nueva cuenta, lo situé a la cabeza y que se convierta, una vez más, en una entidad vigorosa que defienda y desarrolle los derechos fundamentales de todas y todos y no sólo de unos cuantos y porque como ha dicho el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea “Un Amparo deficiente, saturado de tecnicismos y de trampas procesales coadyuva a una justicia elitista, discriminatoria para las grandes mayorías del pueblo de México.”
Con la nueva ley, el Juicio de Amparo protegerá de manera directa, además de las garantías que establece la Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
Esta reforma integral al Juicio de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, también fortalece el papel del Poder Judicial de la Federación y en específico el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma en cuestión sobre la Ley de Amparo incluye tres cambios fundamentales afines a la lógica internacional; el primero se refiere a la ampliación del espectro de protección en materia de derechos humanos, cuando únicamente se limitaba a las garantías individuales.
Con ello, el Juicio de Amparo se constituye en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas y de las entidades particulares.
El segundo cambio constitucional importante tiene que ver con el interés o tipo de afectación que se requerirá para iniciar un Juicio de Amparo y obtener la protección de la justicia federal.
Ahora, una persona podrá acudir al Juicio de Amparo simplemente con demostrar que existe un derecho legítimo y no un interés jurídico.
La tercera reforma es la relativa a los efectos de las sentencias y su impostergable modificación, a fin de garantizar el principio de supremacía constitucional, pero sobre todo el de igualdad ante la ley.
Con las acciones legislativas pertinentes se pretende transitar hacia un Amparo innovador, proteccionista y eficaz. Transformar el proceso para hacerlo pronto y sencillo, y al mismo tiempo consagrar atribuciones al juez para terminar con los abusos de despachos, consorcios y firmas que, carentes de ética, han manipulado groseramente el derecho, jugando en el límite de la legalidad y amasando extrañas fortunas al cobijo del poder.
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