Nadie debería estar en desacuerdo con el combate al robo de gasolinas que está implementando el Gobierno Federal. Este ilícito significa pérdidas multimillonarias tanto para Petróleos Mexicanos como para el erario público y ha sido el detonante de una violencia terrible en algunas regiones.
Sin embargo, es claro que el operativo tiene serias deficiencias porque no hubo planeación y porque sólo se están atacando las consecuencias y no las causas de fondo que originan el problema.
Se cerraron tramos estratégicos de ductos para que los huachicoleros no los perforen, pero no se abrió una causa judicial contra altos exfuncionarios de Pemex presuntamente coludidos, tampoco se procede contra los gasolineros que supuestamente adquieren el combustible ilegal; ni mucho menos contra los que compran, sobre todo los grandes consumidores, miles de litros robados.
Para nadie es un secreto que el mercado negro de combustible se movía con plena impunidad. En las carreteras, gasolineras establecidas, tianguis, mercados; y que elementos de algunas corporaciones policiacas municipales y estatales están involucrados
Si las organizaciones criminales hicieron de esto un gran negocio, es porque encontraron mercado para ello y complicidad tanto de funcionarios de Pemex como de los tres niveles de gobierno.
Tan sólo en Guanajuato, de acuerdo con declaraciones del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, “el 80% de la gasolina comprada a Pemex era ilegal”. (Forbes, 11/01/2019).
¿Y apenas se viene dando cuesta de esto cuando él formó parte de la administración anterior en el que se disparó el robo de gasolinas y con ello la violencia homicida y los índices de todos los delitos?
¿O si lo sabía, porque ratificó a los responsables de las áreas de procuración e impartición de justicia y seguridad pública, que no fueron capaces de combatirlo eficazmente?
El problema tiene causas de fondo que habría que atender, en lugar pretender resolverlo con medidas apresuradas e insuficientes en donde los más perjudicados han sido los ciudadanos.
En múltiples ocasiones, tanto en tribuna como en el marco de la discusión de las reformas constitucionales y las leyes reglamentarias, el PRD advirtió que como estaba planteándose la reforma energética, tanto Pemex como CFE, estaban condenados a la opacidad, a que se perdiera el control y que se generaran amplios espacios de corrupción.
Como Diputado Federal de la LXIII Legislatura, señalé que “la corrupción, con toda seguridad, va a extenderse, se siguen ordeñando ductos por todas partes que, desde mi punto de vista, no puede hacerse sin el contubernio de funcionarios de PEMEX, de la policía y de las autoridades encargadas de vigilar las instalaciones.” (MVS: Advirtió PRD que reforma energética generaría más corrupción en PEMEX: Raya)
Y en efecto, si bien es cierto que el robo de combustible data del gobierno de Ernesto Zedillo, y aumentó con Vicente Fox y Felipe Calderón; durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo un crecimiento exponencial.
De acuerdo con el estudio “El robo de combustible: asalto a la nación Cuestionamiento del Estado de Derecho”; del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados; “en 12 años el número de tomas clandestinas pasó de 102 en 2004 a 6,159 en 2016, es decir, en promedio cada hora se perforaron alrededor de 1.5 tomas clandestinas; la diferencia desde 2004 a 2016 representa un incremento de casi 6,000% con una tendencia evidente a seguir creciendo”.
“De 2009 a 2012, Pemex tuvo pérdidas por 62,761 millones de pesos debido a fugas y robo de combustible. De 2012 a 2016 perdió 97 mil millones de pesos, 55% más que el periodo anterior”.
“El número de personas detenidas relacionadas con el robo y el mercado ilícito de combustibles por las autoridades competentes pasó de 1,154 en 2015 a sólo 583 en 2016; es decir 49.5% menos”.
Sin embargo, el actual gobierno tampoco parece tener intención de combatir en serio este aspecto. Mientras anuncia que se procederá penalmente contra funcionarios menores involucrados en la logística y monitoreo de ductos; se omite investigar a altos exfuncionarios tanto de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos presuntamente involucrados en estos ilícitos cuya actuación fue solapada por el gobierno de Peña Nieto.
A todas luces es evidente que ante un problema tan grave, era necesario actuar, pero por las prisas y la falta de planeación con que se procedió, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Ya hay millones de personas afectadas por el desabasto de gasolinas, multimillonarias pérdidas económicas, escasez de alimentos, encarecimiento de productos y una inconformidad creciente que podría convertirse en la primera gran crisis social tanto del Gobierno Federal como del de Guanajuato, si no corrigen los problemas de desabasto y se deciden a combatir la impunidad interponiendo denuncias e integrando carpetas de investigación y órdenes de aprehensión lo más pronto posible. La gente apoya el combate al huachicol, pero quiere resultados concretos.
