Todo proceso de construcción de gobierno enfrenta diferentes niveles de complejidad. Una de sus aristas es el tema relativo al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo cual exige al menos tres elementos: a) generación de consensos políticos y sociales que garanticen la viabilidad de la política de que se trate; b) un adecuado diseño técnico, que parte de un diagnóstico apropiado y se traduce en la generación de estrategias de intervención que deben obedecer a los criterios de eficiencia, eficacia y pertinencia, y c) un adecuado diseño financiero y presupuestal que garantice que la política pública tendrá efectos positivos en la generación de bienestar y capacidades para el desarrollo.
Diseñar políticas públicas es un proceso en el que debe interactuar el rigor de la ciencia con la sensibilidad política y social de quien las implementa. Apegarse sólo a lo que dictan los criterios científicos ha derivado en la fría racionalidad tecnocrática que hemos padecido en los últimos 30 años. Por el contrario, diseñar y operar estrategias de gobierno sólo con base en la buena voluntad y el interés genuino de ayudar puede tener resultados catastróficos.
Las políticas públicas tienen además como característica que no se pueden diseñar desde “cero”; es decir, su construcción está regida por el orden constitucional, por el entramado jurídico y por el sistema normativo que existe en materias específicas y que se articula a través de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.
Para el gobierno que habrá de iniciar el 1º de diciembre hay condiciones excepcionales de mayoría y representación legislativa, tanto en el Congreso federal como en los Congresos estatales. Lo que debe evitarse es la tentación del “mayoriteo”, es decir, la enorme legitimidad que se le dio a López Obrador a través del voto implica el mandato de cambiar el estilo de gobernar y transitar de un modelo aun vertical y autoritario a uno que auténticamente democratice a la Presidencia de la República.
Este es un reto mayúsculo, sobre todo para un líder carismático -en el sentido que le dio al término Max Weber-, porque lo que una buena parte de la ciudadanía espera es que López Obrador se convierta en el estadista que el país necesita para pasar de la alternancia a una auténtica transición democrática: nada abonaría más a un país de justicia que despojar a la Presidencia de la figura de “un solo gran hombre” y transformarla en una institución articuladora de la pluralidad nacional.
De manera paradójica, los gobiernos tecnocráticos habían ofrecido eliminar la discrecionalidad y el voluntarismo del ejecutivo, tomando medidas apegadas a una estricta racionalidad científico-técnica. Sin embargo, se mantuvo intacta a la Presidencia y sus facultades, tanto constitucionales, como varias de las llamadas “meta-constitucionales”, además de un esquema de relación con las entidades federativas en las que los gobernadores se convirtieron, en la práctica, en una especie de virreyes que provocaron, con la complicidad y complacencia de las autoridades federales, la existencia de lo que Rolando Cordera ha llamado “un federalismo social salvaje”.
Para que la implementación de las políticas públicas sea la correcta, se necesita una burocracia profesional, con la formación y conocimiento apropiados, ya no sólo del gobierno, sino de la población y del territorio en que habrá de operar. En ello también hay un importante reto, pues si la lógica del diseño e implementación habrán de modificarse, también deberá ser prioridad la capacitación o incluso la formación de quienes serán los responsables operativos en campo.
El triunfo de López Obrador ha abierto enormes expectativas y, en amplios sectores de población, una auténtica esperanza de que las cosas habrán de cambiar para bien. Por ello, él y su gabinete tendrán que ser capaces de avanzar, atendiendo las urgencias del día a día; pero, sobre todo, articulando las transformaciones estructurales que nos hacen falta. No más, pero tampoco menos que eso.
@saularellano
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