Miércoles de semana pasada López Obrador presentó su Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2014, estructurado en 8 ejes. Lectura obligada. Encontré una única propuesta novedosa y pertinente, en eje de combate a la corrupción: monitorear en tiempo real adquisiciones del sector público (última vez que presenté misma idea fue a equipo de transición del gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez en agosto pasado). Estrategia contiene reiteración de previsiones legales o de políticas públicas anteriores, y diversas ocurrencias que no son algo más de lo visto en últimos sexenios, son algo peor, al ignorar que nuestras violencias y delincuencias derivan de deficientes e insuficientes policías municipales y estatales, ministerios públicos y jueces -nuestra debilidad institucional como explicación principal, no única- y por omitir en consecuencia estrategias indispensables en la solución del principal problema del país.
El eje 8 desarrolla estrategia militarizada, centralista y que implica traición al electorado y fraude a la Constitución. Propone conformar Guardia Nacional, no de carácter civil como está prevista desde Constitución de 1824 y en la actual, sino militarizada e integrada a la Sedena, con mando militar; compuesta por policías militares y de marinos como de policía federal así como otros miembros de las Fuerzas Armadas que lo deseen, y en su momento por jóvenes que serán convocados a cuarteles militares. La militarización ya no será temporal ni subsidiaria -en tanto se formaban cuerpos policiales locales certificados como se alegó en sexenio de Calderón-, sino definitiva, cancelando oportunidad para solución civil. El tratamiento se agrava por olvido de policías municipales y estatales así como de sistemas locales de justicia, base de la pirámide de seguridad y las instancias más próximas a la población, y para las que no hay ningún programa de fortalecimiento. López Obrador prometió retirar Fuerzas Armadas de acciones de seguridad pública y no solo se contradice una vez más, sino conformará una Guardia militarizada que será su instrumento permanente con la cual buscará controlar la conducción de policías estatales y municipales.
La visión es centralista porque dividirá al país en 266 regiones (Guanajuato perderá su Brigada de Policía militar y tendrá 16 o 17 regiones) territorios coordinados por representantes del centro y para las que se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional. Con ello se provocará la mayor afectación del federalismo desde las Bases Constitucionales de 1836 de carácter centralista, al estar consejos estatales compuestos por el coordinador del gobierno de López Obrador en la entidad, un representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la zona miliar o naval, y serán “invitados” el gobernador, el secretario de seguridad y el fiscal estatales, el presidente del Tribunal de Justicia de la entidad. Reaparecen los jefes políticos de 1812 y del porfirismo.
En Eje 6 propone dar a delincuentes reducciones de penas, amnistías e indultos. Va a llevar al Estado Mexicano a negociar con criminales peligrosos – incluso procesados y sentenciados desde el gobierno de Calderón, se dice-, si colaboran con la justicia, se arrepienten y reparan el daño; ello provocará más impunidad. ¡Qué ingenuidad! En el eje 5 considera levantar la prohibición de drogas (¡bienvenidos drogadictos gringos!). Hay otras amenazas. Quisiera uno ayudar, pero así no hay cómo. Sólo no guardar silencio cómplice, por lo pronto.
