La inclusión de nueve municipios de la entidad en la Cruzada contra el hambre, evidencia una vez más las condiciones de marginación, exclusión, desigualdad y pobreza en la que viven millones de guanajuatenses, lo que es un reflejo del fracaso de las políticas públicas de las sucesivas administraciones panistas que en más de 20 años de gobierno han sido incapaces de diseñar y aplicar acciones que permitan superar este problema social y económico que indigna.
De acuerdo con el Informe de pobreza y evaluación en el estado de Guanajuato, 2012, publicado por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el 48.6 por ciento de la población del estado se encontraba en situación de pobreza, es decir, 2 millones 675 mil 575 personas de un total de 5 millones 507 mil 486, sufrieron al menos una carencia social (de seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y no tuvieron un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
El 8.4 por ciento del total de la población del estado estaba en pobreza extrema, lo que significa que 464 mil 937 personas tuvieron tres o más carencias sociales y no tuvieron un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.
El estudio precisa que el porcentaje de población en situación de pobreza moderada, es decir que son pobres pero no en condición extrema, era de 40.1 por ciento, es decir, 2 millones 210 mil 638 personas.
Guanajuato, con respecto de las 32 entidades federativas, ocupó en 2010 el lugar 14 en porcentaje de población en pobreza y el 16 en porcentaje de población en pobreza extrema, según datos del propio Coneval.
La gravedad de la pobreza en Guanajuato es una realidad que lastima, por ello es aún más ofensiva la irracional, y hasta ahora inexplicada, deuda pública estatal de 6 mil 487 millones 593 mil 315 pesos.
Ante este lacerante problema social, es incompresible la decisión de destinar mil 428 millones 950 mil 226 pesos del presupuesto del gobierno estatal de este año a pagar esta deuda, monto que supera con mucho al que tendrá la Secretaría de Desarrollo Social, responsable del diseño y ejecución de programas para combatir la pobreza, a la que el Gobierno del estado y el Congreso sólo le destinaron 453 millones de pesos.
La pobreza en Guanajuato, es reflejo del proceso histórico de desigualdad que enfrenta el país y que ha concentrado la riqueza en unas cuantas personas y provocado la miseria, en diversos grados, de una gran parte de la población, misma que se amortigua un poco con los recursos (remesas) que envían periódicamente a sus familias los más de once millones de mexicanos que, justamente por estas inequidades, han migrado a Estados Unidos.
Tan sólo en 2012, de acuerdo con el Banco de México, nuestro país recibió un monto total de 24 mil millones de dólares por concepto de remesas.
Según el informe de 2010 del Coneval, México tenía ese año una población de 52.1 millones de mexicanos en pobreza, entre ellos 12.8 millones en pobreza extrema; a estos últimos está dedicada fundamentalmente la Cruzada nacional contra el hambre, concentrada, de acuerdo a Sedesol, en cerca de once millones que enfrentan problemas de desnutrición, que padecen hambre porque comen una vez al día y tienen muy bajos ingresos.
Las principales críticas contra la cruzada son que no combate el problema estructural de la pobreza y tampoco pretende crear condiciones para incorporar a la gente al empleo. La mejor política contra la pobreza y la desigualdad es aquella que genera empleo bien remunerado.
El otro aspecto que también ayuda a resolver los problemas de desigualdad es la seguridad social universal, sobre la base de una redistribución adecuada del ingreso.
Son los dos ejes sobre los cuales esta administración federal tendría que trabajar para evitar que el programa contra el hambre simplemente se convierta en una cruzada con objetivos mediáticos y electoreros a favor del gobierno.
Sería un grave error que la cruzada contra el hambre terminara en un programa más con fines asistencialistas, es decir, que trate de resolver de manera circunstancial y aparente, el problema de la pobreza en México.
En mi opinión, más que programas sexenales, se necesita construir una política de Estado en materia de desarrollo social que implique darle apoyos a la gente, de manera eficaz y responsable, para que genere su propio empleo y para que en el país exista autosuficiencia alimentaria.
De esta manera se atacarían, desde la raíz y estructuralmente, la pobreza, marginación, hambre y desnutrición, que sufren millones de mexicanos.
Correo electrónico: agustin.alonso@congreso.gob.mx
