“La política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos.”
Carlos Monsiváis
1. El presidente Peña Nieto dio la instrucción de que el IMSS de servicios de salud a más de 7 millones de estudiantes de educación media superior y superior en todo el país, medida sin duda ambiciosa. El sólo registro de tal cantidad de beneficiarios de los servicios de salud por parte del estado son todo un reto, tan sólo para los sistemas de informática y control de la institución.
El populismo regresó como forma de gobierno. Si bien las y los jóvenes que ahora están considerados en lo que queda del llamado bono demográfico serán beneficiados, lo cierto es, que su incorporación al IMSS no solo pondrá a prueba el discurso político, sino que en la práctica harán que el IMSS colapse en cuanto a la prestación de servicios médicos para el conjunto de derechohabientes.
Basta con ir a una clínica del IMSS en un día cualquiera. Saber que se tiene que hacer cita previa para poder ser atendido, estar desde temprano para que no se le pase el turno y si tiene una alguna enfermedad y no tiene cita, tendrá que estar desde las 5 de la mañana para ver si alcanza ficha de la consulta del médico familiar. En la práctica un o una médico de estos consultorios, sólo puede atender a 40 pacientes en su turno. ¿Cuánto tiempo dedica a la consulta, al diagnóstico, cuanto tiempo a elaborar la receta y cuánto más a registrar en el expediente los datos de la consulta? Se puede pensar en una adecuada atención y calidad en el servicio de salud. 7 millones de nuevos usuarios mostraran lo real del populismo, es decir ofrecer sin cumplir lo que se promete.
2. La necesidad de contar con un nuevo sistema jurídico y normativo para erradicar la corrupción es una necesidad urgente. La iniciativa 3 de 3, pudo ser acompañada por más de 600 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas de todo el país, tres veces más que las firmas solicitadas para presentar una iniciativa de ley ciudadana ante el Senado. Todo mundo habla de la corrupción y de la necesidad de erradicarla.
El presidente Peña Nieto dio la orden a Virgilio Andrade de investigar la Casa Blanca, meses después se informó que no se encontró nada, habrá que precisar que la investigación sólo abarco el periodo a partir de que fue nombrado oficialmente presidente de México y los años previos de la relación con el dueño HIGA siendo gobernador del estado de México fueron omitido. Fue investigar sin investigar, sabiendo cuál sería el resultado.
El PRI y su aliado el partido Verde, no dejaron avanzar las reformas que implicaban poner claras sanciones a la corrupción. Buscan que se apruebe una Ley que mantenga el estado de cosas, es decir, que la corrupción se denuncie pero que no haya sanciones, ni consecuencias. El presidente de México, el PRI y el Verde, dicen que quieren erradicar la corrupción y en la práctica ocuparon su oficio político para darle largas al asunto. Hay la promesa de un periodo extraordinario de sesiones para la aprobar esas leyes anti corrupción y otras más que son vitales para la vigencia del estado de derecho y para la procuración de los derechos humanos, sin embargo, gana la demagogia, la promesa y los discursos oficiales en donde se reconoce el problema, pero se juega con las demandas y con las propuestas ciudadanas, como una forma sofistica de burla desde el poder.
3. En Guanajuato pasa lo mismo. Se dicen cosas, se afirman y firman compromisos y en la práctica, la omisión, la impunidad y la arrogancia política demuestran la falta de interés real para resolver los problemas sociales y urgentes. La inseguridad pública crece pese a las promesas, pese a la inversión millonaria en el programa Escudo, pese a la inversión que se anuncia en materia de seguridad. Los hechos hablan, los crímenes van a la alza, los delitos de alto impacto crecen. Hay un discurso, hay promesas, pero en los hechos la inseguridad pública se expande sin control.
También está el uso de programas sociales como Impulso Social que ahora se anuncia por parte del Gobierno del Estado, con una inversión de 8 mil millones de pesos, para atender a 339 “zonas de impulso”, -el nuevo eufemismo que ahora se usará para evitar hablar de las zonas pobreza en el estado de Guanajuato-, y que busca atender a un millón de guanajuatenses que menos tienen. Este programa por lo que se alcanza a ver, se centra en un voluntarismo discursivo, sin que se diga cómo va operar la coordinación entre dependencias y cómo será la transversalización de los programas sociales que incluye, y de cómo se dará la integración con los programas de los municipios y con los programas federales que operan en Guanajuato.
No cabe duda que los políticos contemporáneos han desarrollado esa habilidad de prometer y anunciar, sabiendo de antemano, que sus verdaderos intereses están solamente en conservar el poder, para ellos y para los grupos de los poderes fácticos a quienes en última instancia sirven.
