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viernes, marzo 29, 2024

De la corrupción a la impunidad

Las y los diputados de LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se dieron a la tarea de proponer los ajustes y cambios a las leyes necesarios para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, dotando de nuevas atribuciones, para que la Auditoria Superior de la Federación y la nueva Fiscalía Nacional pueda actuar en contra de la corrupción, es decir en contra de los servidores públicos y a los particulares que violen la nueva ley. El Senado tendrá que discutir y aprobar la iniciativa que implica cambios constitucionales y luego tendrá que ser votada por los congresos locales y tener al menos el respaldo de 16 de los congresos de los estados para que pueda promulgarse esta ley.

Un primer problema que aparece con respecto al nuevo sistema anticorrupción, es el presidente de la república queda exento, esto es, -sin que se diga explícitamente- la ley lo protegerá. Se deberá esperar que las y los senadores tengan la sensibilidad política, después de que han conocido la situación de las casas de las Lomas y de Ixtapan de la Sal, para que puedan dar un trato como servidor público a primer mandatario, con ello, que el nuevo sistema nazca sano desde el principio. Habrá que ver qué sucede.

La propuesta aprobada considera algunos aspectos tales como:

  • Se propone un nuevo esquema de responsabilidades de servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran.
  • Prevé un Sistema Profesional de Carrera en todos los órganos fiscalizadores.
  • Se amplía a siete años el plazo de prescripción por las faltas administrativas graves.
  • El objetivo que se persigue es que aquellos servidores públicos que incurran en alguna falta administrativa grave, puedan ser investigados y sancionados por una administración distinta a la que ejercían sus funciones.
  • El dictamen señala que las declaraciones patrimonial y de conflictos de intereses será obligatoria en todos los niveles.

Queda claro que el problema de la corrupción es algo que carcome todos los días la vida y el ejercicio público del gobierno, eso no implica que los particulares estén ajenos a esta dinámica de obtener favores, beneficios y contratos y que en contubernio con los sistemas de administración pública en todos los niveles y en todas las funciones se roben los recursos que nos pertenecen.

Es claro que la pobreza y el hambre se podrían acabar si no existieran gobernante corruptos. El informe presentado por la La Auditoria Superior de la Federación (ASF) “detectó irregularidades por 50 mil 721 millones de pesos (mdp) en el manejo de recursos públicos en el primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de los cuales sólo ha recuperado 5 mil 804 millones de pesos” del informe de revisión de la cuenta pública 2013.

Más allá de que puedan atenderse muchas de las observaciones y recomendaciones que se hicieron a la cuenta pública, lo que queda evidenciado es una parte de las prácticas de corrupción y de desvió de fondos para fines personales.

Según Forbes, México, nuestro país ocupa el lugar 105 de 176 naciones en cuanto a las peor evaluadas en el índice de percepción en corrupción; y la corrupción nos cuesta 100,000 millones de dólares al año. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del Consejo Coordinador Empresarial, la corrupción nos cuesta un billón y medio de pesos.

Por otra parte y de acuerdo con una encuesta de la consultora EY, la percepción sobre prácticas de corrupción y el soborno aumentó en México. Según los resultados de su estudio global sobre corrupción y fraude, realizada a dos mil 719 ejecutivos de 59 países y territorios, incluido México, la percepción de la práctica de corrupción y soborno en el país subió cinco puntos, de 60 por ciento en 2012 a 65 por ciento en 2014.

Así mismo, el 46% de los directivos de “Las 500 Empresas más Importantes de México” confiesa que para el desarrollo de sus negocios en el 2014, tanto ellos como algunos empleados de su organización han sido invitados más de una vez a realizar prácticas de corrupción para agilizar procesos por parte de funcionarios públicos, revela el índice de confianza empresarial.

Los líderes de las empresas señalan que la corrupción representa el 25% de todos los delitos que sufren las compañías y negocios, de acuerdo con datos de la Coparmex. Un daño que equivale al 9% del Producto Interno Bruto, aseguran expertos.

A diferencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien en agosto de 2014 definió a la corrupción como un asunto cultural, el 73% de los directivos considera que es un problema de impunidad, solo el 18% coincide con el mandatario y 9% lo considera un asunto de discrecionalidad de leyes.

El punto central del tema de la corrupción es que ha permitido que se cree toda una forma de práctica del servicio público, sobre todo al tener evidencia de que no casi no hay sanciones y castigos, y que va más allá de la mordida para que no se levante una infracción o se agilice un trámite.

Hoy vemos prácticas como la de crear empresas fantasmas para dar servicios o proveer de bienes. Vemos formas los moches para obtener contratos. Vemos precios inflados en muchas de las compras que realiza el gobierno, desde medicinas hasta dulces, vemos universidades como la Autónoma del Estado de México que se presta al fraude en programas sociales.

El problema central es que sabemos y podemos demostrar si es que se quiere en dónde está la corrupción, se le puede poner nombre y rostro concreto los casos están a la mano: Arturo Montiel, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps, Fidel Herrera, Raúl y Carlos Salinas, y así una gran lista. Lo mismo del lado de las empresas y sus dueños, el problema es la impunidad. No pasa nada, son intocables, en las cárceles siguen estando los pobres.

El nuevo sistema nacional anti corrupción es un buen deseo solamente. Se olvida que el punto clave es tener gobernantes honestos y servidores públicos competentes y moralmente honestos. Ahora estamos viendo que una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace desde el gobierno y desde los partidos políticos. Las propuestas de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en un buen termómetro para decir que nada cambiara. Los cambios en la PGR son otra muestra de que la impunidad, los intereses de los poderes fácticos y los favores serán lo que predomine durante este gobierno.

Arturo Mora Alva
Arturo Mora Alva
Biólogo por la UNAM, Mtro. en Educación por la UIA León, Doctor en Estudios Científico Sociales por el ITESO con especialidad en Política. Profesor Universitario en todos los grados. Investigador Social, Consultor y Analista.

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