La acción social colectiva es una forma de nombrar lo que es en realidad un ¡ya basta!, sea esta en las diversas esferas -social, político, económico, cultural, ambiental y de los Derecho Humanos-. La historia de finales del siglo XX y lo que llevamos de las 2 primeras décadas del nuevo milenio, pone a la vista una agenda de acción social colectiva -con diferentes matices y profundidades-, en la que se reivindican un conjunto de derechos en el sentido amplio y en la que se exige al Estado-Nación, acciones y políticas coherentes, congruentes y en muchos casos urgentes para resolver lo que en gran medida es responsabilidad exclusiva de los gobiernos que administran la operación del gobierno y es sentido estricto, de la manera de hacer que el aparato de estado y los poderes que lo conforman, hagan su trabajo, cada uno en el ámbito de su competencia.
Así, de forma ideal, se espera que los poderes en el que está estructurado el Estado funcionen y que hagan su trabajo, esto es, que creen los contrapesos necesarios y se exijan y se “cuiden” entre ellos, se obliguen a su vez a hacer efectiva la corresponsabilidad que implica el ejercicio de la función pública en favor de los intereses de las y los ciudadanos.
Se trata de que el poder legislativo cree el marco normativo, que poder judicial ofrezca las condiciones para que la norma –las leyes- se aplique y que el poder ejecutivo opere las acciones de políticas públicas para que la Constitución se haga vida cotidiana y tengan una armonización lo más coherente con el mandato constitucional que obliga a los 3 poderes a ser los garantes de la vigencia del Estado de Derecho.
La realidad supera la ficción, la eficiencia del aparato de estado se ha venido evaluando desde la mediocridad de quienes se saben usurpadores del poder. Desde las elecciones federales de 1988 las élites de económicas y políticas del poder asumieron que el Estado era sólo un mal necesario ante la ola del neoliberalismo que enalteciendo al “mercado” como el nuevo ídolo del desarrollo nacional y que fraguó un reparto nuevo de empresas e intereses al obligar al Estado Mexicano ser un mero administrador de las nuevas reglas del mercado y apuntalando un reacomodo de los nuevos grupos políticos, en especial a los nuevos priistas empresarios que siguieron los pasos de Carlos Hank González, en dónde ser político (gobernador) y empresario era la nueva forma de administrar la hacienda pública a su favor y de crear las condiciones para los nuevos millonarios, que tuvieron la buena fortuna de ser los Slim, Harp Helú, Hernández, entre otros más.
El desarrollo como potencia económica anunciada por Salinas nunca llegó. La estrategia de transferencia de fondos, junto con los programas sociales que se implementaron y que se financiaron con la venta de las empresas que eran propiedad del estado, con el fin abatir la pobreza, sólo se institucionalizó y se fueron creando nuevos mecanismos para los negocios amparados desde la administración pública, a la vez de crear nuevos y creativos esquemas de corrupción hasta llegar a la Estafa Maestra.
El retiro del estado como autoridad moral para gobernar, para dedicarse a cuidar las inversiones del capital financiero nacional y extranjero, a la vez de proteger grupos y bastiones del PRI, en especial los sindicatos gubernamentales, (PEMEX, SNTE, CFE, FERRONALES, SNTSS, etc.) y de paso custodiar las ventajosas condiciones de venta de Telmex y demás empresa que se remataron, logró burocratizar aún más al aparato de gobierno, a la par de debilitar su función, especialmente en lo que se refiere a la impartición de justicia, abriendo el camino para impunidad y con ello al fracaso del estado de derecho, que hoy sigue cobrando regalías, si vemos lo que impunidad y corrupción protegen. Todo esto también ha sido capital político para el desarrollo del sistema de partidos políticos que han sabido vivir del presupuesto y que teniendo la oportunidad corregir el rumbo del país prefirieron la por demás penosa gestión de gobierno nacional de legitimar caduca y en muchos casos torcida función del estado.
Las protestas y acciones de lucha en todo el país, son los síntomas de un estado que está enfermo desde hace mucho tiempo. El cambio de gobierno busca atender la salud del país, loable intención, urgente y necesario sin duda alguna, se anuncia un cambio un real, nuevas formas de hacer las cosas, se busca cambiar de médicos, cambiar el tipo de tratamientos, se busca ensayar nuevas dietas, hacer nuevas recomendaciones de profilaxis y hasta de fisioterapia, se pinta de nuevo color la fachada: -austeridad republicana, guardia nacional, cancelación de viajes, venta de propiedades recuperadas, subastas, venta de la flota de aviones y helicópteros, nuevos nombres a secretarias de estado-. Pero lo que no cambia es el hospital, y el hospital esta inservible, sus cimientos están fracturados, el cableado eléctrico está dañado a cada metro, la instalación sanitaria es deplorable y el agua negra brota en cada alcantarilla, los equipos son obsoletos y los nuevos que hay, no se saben usar. La dieta no corresponde a las necesidades de los pacientes, la rehabilitación olvida que se tiene que invertir en instalaciones, equipos y personal calificado.
Las protestas de las mujeres y las reacciones del gobierno de la ciudad de México en especial y la oleada misógina, machista y patriarcal que ha aparecido, demuestra la gran fractura social entre sociedad y gobierno. Devela que las raíces de la desigualdad, de la intolerancia y la violencia han carcomido al aparto de estado y a sus instituciones y que la reacciones que salen de todos los actores políticos y sus instituciones (partidos políticos, secretarias, iglesias, etc.) son otra vez ejemplo de cómo se quiere atender un problema, sin querer atender o cambiar estructuralmente la realidad social y de la imposibilidad de gobernar para hacer valer la Constitución y el estado de derecho. La violencia en contra de las niñas y de las mujeres alcanza niveles por demás inaceptables.
Las desesperanzas, los desgastes, los cansancios y otros desencantos no son gratuitos, no son producto de la ingenuidad o de la ignorancia. Son producto de las horas, días, meses y años de buscar a hijos, hijas, padres, madres, primos o parejas que siguen esperando hallarlos vivos o muertos. Son producto de la tristeza acumulada de cientos de miles de niñas y niños, de jovencitas que han sido atrapadas por las redes de la trata de personas y que son explotadas de las formas más indignantes posible. Son producto del dolor de los cientos de miles de deudos de las y los muertos que han hecho que el país un cementerio con lápidas casi en cada calle o en cada esquina. Los desencantos se acumulan, las autoridades no hacen su trabajo, dan escusas, no contestan en el teléfono, las carpetas de investigación se archivan, las pruebas periciales se pierden y la justicia se vende al mejor postor.
Las protestas en el cualquier parte del mundo son para llamar la atención, son para hacer visibles los problemas, son para exigir justicia, son para obligar a los gobiernos a escuchar a su pueblo, son para lograr la vigencia y el goce de los derechos humanos, son para cambiar el estado de cosas, son para decir ¡“ya basta”!, son para decir que la vida de cada persona es valiosa y el estado tiene la responsabilidad de protegerla.
A diez años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso conocido como Campo Algodonero y en el contexto actual de la exigencia justicia y de parar la violencia contra las niñas y mujeres en México, le tocaría asumir y cumplir con todos los términos la sentencia como Estado Mexicano, si realmente se quiere iniciar un cambio estructural y no seguir dejando que la desesperanza, el desgaste, el cansancio y el desencanto – además de la desconfianza- se sigan instalando en el corazón de todas y todos.
