Muchos de los funcionarios de primer nivel en el gobierno estatal en Guanajuato, seguramente han ido a dormir implorando que las cosas mejoren en materia de seguridad pública, entre jaculatorias, rezos y plegarias, desde que asumieron las diversas responsabilidades que les fueron asignadas a través de nombramientos por parte del ejecutivo del estado o por la designación por el voto popular en el caso de las y los diputados del congreso local, en el contexto de un estado que se esmera en seguir con patrones decimonónicos para gobernar y legislar, así como para operar y brindar servicios desde la administración pública que está rebasada en materia de seguridad.
Todo indica que las invocaciones realizadas no han surtido efecto. Guanajuato sigue abonando cada día a las penosas cifras de homicidios dolosos en el país, destacándose como el estado que se pone en el nada honroso primer lugar en ese rubro, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los gobiernos panistas sin duda dejaron crecer el problema de la inseguridad pública. La negligente postura de no informar y transparentar los resultados del “Programa Escudo” que costó más de 2 mil 700 millones de pesos, marcó el actual derrotero de las violencias que se viven en Guanajuato, que se padece y se sufren, situación que va desde la pelea por las plazas por parte de los grupos del crimen organizado, pasando por el grave problema del “huachicol”, realidad que está caracterizada por la omisión de la propia autoridad estatal y por la falta de coordinación con la federación en el caso de la seguridad.
La situación actual confirma la falta de una estrategia integral de seguridad pública en Guanajuato, en dónde la improvisación, la falta de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, incluidas las policías municipales, y junto con ello, las evidentes carencias de no contar con planes, programas y acciones, en las que se han dejado de lado los necesarios y urgentes programas de prevención del delito, a lo que se suma la ineficiencia e ineficacia de la procuración y administración de justicia, han creado desde hace ya varios años un horizonte poco esperanzador para la sociedad guanajuatense en cuanto a vivir con tranquilidad y paz.
Todo indica que este año habrá aún más muertos en Guanajuato: hombres, mujeres, niños y niñas que son asesinados, muertes que dejan un estela de dolor en sus familiares y amigos, generando una real zozobra en la comunidad en general, con lo que el miedo se instala en los huesos y en corazón, donde el coraje y resentimiento social crecen y en donde la paz se diluye entre declaraciones y promesas de funcionarios, gobernantes, legisladores y voceros oficiales.
La situación en el ámbito federal es muy similar. Lo cierto es que estamos en un marasmo en Guanajuato. El estado se va convirtiendo en un cementerio que crece cada día. Las excusas sobran. La nula división de poderes que existe desde la administración del Congreso Local de mayoría panista, no le permite convertirse en real contrapeso ante el poder ejecutivo del estado para exigir resultados, para llamar a la rendición de cuentas y a trasparentar el conjunto de acciones y programas para controlar y disminuir los incidentes delictivos, pero lo más preocupante, es la falta de una autocrítica de las autoridades designadas y electas, lo que confirma es que desde hace varios lustros en Guanajuato se gobierna para algunas élites, con un proyecto político y económico centrado en intereses particulares y con una alejamiento cada vez más grande entre sus ideales de partido y sus prácticas a la hora de gobernar sólo para unos cuantos.
La arrogancia de sostener que todo está bien y de que Guanajuato es la grandeza de México –sólo desde la mercadotecnia- sin escuchar, sin entender, sin buscar apoyos, sin evaluar con profesionalismo lo que se realiza y sus resultados, hace más complejo el problema. Además, se intenta actuar desde la procuración de justicia sin una convicción ética para tamizar el desempeño de las policías y del sistema de impartición de justicia, lo que hace pensar que la actual situación no cambiará pronto.
El golpe de timón no se dio. La transparencia y el ejercicio de un gobierno abierto quedan a deber. Las convicciones personales de orden ideológico, respetables, no son suficientes para atender el problema estructural de las violencias, de su naturalización, todo esto se agudiza desde la ceguera que produce el llegar al poder, desde los compromisos adquiridos, desde los intereses económicos en juego y la absurda complacencia de quienes gobiernan y legislan con la lógica y pleitesía de algunos de los poderes fácticos que han venido imponiendo su agenda y su ideología desde que gobierna el PAN en Guanajuato. El azul mariano no basta para gobernar, ni basta para hacer vigente la Constitución del Estado y la Constitución del país.
