“Sólo porque no tienes interés en la política no quiere decir que la política no tenga interés en ti”
Pericles (430 A.C.)“Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento.”
Abraham Lincoln“Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.”
Enrique Tierno Galván
El estado sigue acumulando responsabilidades. Ya son 21 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas se Ayotizinapa, ahora el tiempo se dobla y Nochixtlán se hace presente como una realidad, dramática, que muestra que el estado mexicano está fracturado, alguien no obedece, no hay control, no hay autoridad. La contradicción y la opacidad vuelven al ser el sello del sexenio, la firma del gobierno.
El estado mexicano en su arquitectura parte de la división de poderes para controlarse y contener el actuar de cada poder. El que la ciudadanía haya propuesto la iniciativa, conocida como “Ley 3 de 3” y la forma en que el poder legislativo buscó el que los funcionarios públicos puedan seguir en la opacidad, evidencian la fuerza del poder que no quiere cambiar y no quiere aceptar que la transparencia y la rendición de cuentas sean valores observables en el ejercicio del servicio público. El PRI y el Partido Verde siguen sin entender que tienen que gobernar de cara a la ciudadanía y que el hartazgo sobre la corrupción e impunidad, están desgastando a una velocidad nunca vista la confianza en las instituciones.
El poder ejecutivo ha tenido que vetar algunos de los artículos que dolosamente el PRI y el Verde colocaron para seguir tranzando en lo oscurito y para cobrar la afrenta de una iniciativa de ley que por primera vez se gestó desde la sociedad civil organizada, con el apoyo de instituciones que tienen una calidad moral que por ahora no tiene el Congreso de la Unión. Lo lamentable es que el veto se da por presión de las cúpulas empresariales y sin que se dé el real reconocimiento a las y los más de los 634 mil firmantes de la iniciativa de ley ciudadana.
Las circunstancias del momento actual como país, hacia el interior y hacia el exterior, reclaman una serie de acciones de estado urgentes. Por un lado se tiene que aceptar la realidad de los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Partir de los datos duros que miden el desarrollo social y económico de esos estados. Se requiere un ejercicio de evaluación de las políticas públicas y de los resultados de los programas sociales por lo menos de las últimas 4 décadas. Se requiere hacer una valoración del papel de los gobiernos estatales y de las formas en que han manejado la relación con el gremio magisterial. Todo ello de forma autocrítica y partiendo de que lo que se encuentre permita hacer los ajustes y cambios necesarios para lograr la equidad social e iniciar un proceso sólido, real de construcción de la igualdad, la inclusión y la justicia social en eso territorios. Ya en los medios de comunicación se han circulado datos duros e información que apuntan a que el problema con la CNTE es complejo, pero sin duda alguna los problemas estructurales son más graves. Hay una gran responsabilidad del estado mexicano, con respecto a las políticas y decisiones tomadas en esos estados, a lo que se suma ahora una enorme deuda con los familiares de las víctimas de Oaxaca.
La candidatura de Donald Trump en Estados Unidos ha servido para alentar las visiones conservadoras y xenófobas de amplios grupos que mantienen ideas propias de la superioridad racial. Los resultados del “Brexit” en el Reino Unido, demuestran que los adultos más conservadores, junto con la población de 65 años y más fueron los que votaron por la salida de la Unión Europea y que en sentido estricto, cancelaron a millones de jóvenes la posibilidad de estar en una de las expresiones políticas más interesantes de la sociedad política occidental, que les permitía tener algún futuro desde viajar, trabajar, vivir o estudiar en alguno de los ahora 27 países que la conforman.
El caso es que nadie puede creer a ciegas que Trump no podrá ganar. La experiencia británica demuestra que pueden darse cualquier cosa por ilógica e irracional que parezca. La Suprema Corte de Estados Unidos votó con un empate de los ocho magistrados que la integran, la propuesta de la ley migratoria de Barak Obama, que reconocería a más de 11 millones de migrantes, la mayoría de origen mexicano, hace que se traslade el tema migratorio a las campañas electorales de Clinton y Trump, lo que seguramente animará una gran tensión social. La pregunta es ¿Qué hace y qué hará el gobierno de Peña Nieto para proteger los derechos de las y los mexicanos? ¿Cuál es la política social migratoria? ¿Qué hará para proteger a las y los migrantes en tránsito? ¿Cómo pondrá el ejemplo para atender el tema migratorio?
La realidad política por ahora muestra que el país se cae, se derrumba, se hunde. Los partidos políticos aliados al poder son comparsa de la ineficiencia, la impunidad y la corrupción. No hay una real, activa y sólida oposición política. La sociedad civil todavía no es la fuerza que marque el cambio, apenas da pistas de lo que puede llegar a ser. La jerarquía católica, las iglesias evangélicas y los grupos empresariales dan manotazos sobre el escritorio, mostrando su rechazo sobre algunos temas que son muy sensibles a sus intereses e ideologías y entre todo esto, se puede volver a afirmar que el responsable de todo esto, aunque no lo acepten Osorio, Nuño, Videgaray y Peña Nieto, es el Estado.
