Todos somos iguales ante la ley,
pero no ante los que se encargan de ejercerla.
Lo que más daña a México y a sus instituciones es la impunidad. El ya famoso “país en dónde puede pasar cualquier cosa y no hay consecuencias”, sigue vigente. Pero por suerte, diversos medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanos en particular están ayudando a poner a la luz pública, un sin fin de absurdos, negligencias, omisiones, complicidades, abusos y olvidos.
Con ello está el reto que se tiene como sociedad, para que las y los ciudadanos podamos confiar en las autoridades en todos los órdenes de gobierno, desde el policía en cualquier ciudad hasta un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La igualdad de derechos y la protección de los mismos consagrada en la constitución, nos obliga a exigir al estado y a sus instituciones, así como a las y los servidores públicos una ética del servicio que garantice el funcionamiento del estado de derecho con todas sus virtudes plasmadas en el amplio marco normativo, a la vez de ir perfeccionando las leyes que en todos sentidos deben cuidar la libertad y la vida de todos y todas.
El anunció en días pasados, de que se han girado órdenes de aprensión en contra de las y los trabajadores de la guardería ABC de Sonora, es uno de los ejemplos que muestra que algo está muy mal en el país. No sólo es el rezago en los procesos penales, sino es la perversión del sistema de procuración y administración de justicia. No solo es la corrupción y la impunidad, sino la desfachatez y el sin sentido que busca ahora proteger a los verdaderos responsables de haber autorizado una guardería sin las condiciones necesarias de seguridad y sin castigar a los funcionarios y a los empresarios que por tener altas ganancias, no cumplieron con los requisitos mínimos de construcción, ni respetaron los reglamentos y normas de operación de una guardería del IMSS,
Por otra parte, la liberación de los responsables de la agresión física y las amenazas a la reportera de Silao Karla Silva, reportera en Silao, demuestra cómo hay un sesgo en favor de cuidar a toda costa al presidente municipal panista Enrique Benjamín Solís Arzola, quien fue señalado por los agresores como el que dio la orden de atacar e intimidar a la reportera, dejando en claro el pésimo papel de Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y evidenciando que la justicia no es ciega.
La desaseada investigación del crimen múltiple de la Narvarte, muestra nuevamente como la justicia se manosea, el proceso de investigación se usa para generar cortinas de humo, para desviar la atención de la situación que padecen los reporteros y activistas sociales en el país. Es una trama macabra, llena de intereses y de corruptelas que vuelve a dejar mal parada a la justicia y a sus instituciones.
La fuga del Chapo Guzmán, vuelve a ser noticia. Ahora que nos enteramos por un trabajo de investigación periodística que el Secretario de Gobernación Osorio Chong, la Procuradora de Justicia de la Nación Areli Gómez y el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubidio no informaron que el video donde se ve el escape de Guzmán Loera tenia sonido y en donde los custodios que manejaban el sistema de video vigilancia en el penal del Altiplano pudieron escuchar el golpeteo sobre el concreto previo a la fuga. Una omisión que se hizo ante los diputados y senadores que los citaron a comparecer. No cabe duda, la información y los hechos los acomodan y manejan a su antojo.
El problema no es sólo saber que 8 de cada 10 crímenes quedan sin resolver o que la cifra negra de delitos no denunciados alcanza más del 84%, o que del total de los delitos que tienen un proceso, únicamente el 1% logra una sentencia en tiempo y forma. Que más del 64% de los reos por delito de robo, es por montos de 500 pesos o menos y están sin sentencia está en la cárcel. Que del total de personas consignadas por el delito de robo de hidrocarburos en el país sólo el 2% están presos. Así podemos seguir apuntando datos y hechos de una realidad que muestra que hoy en México la justicia en para unos pocos, que el poder económico y político han logrado que la justicia tenga dados cargados a su favor.
Mientras no haya un verdadero programa de procuración de justicia, un real sistema de prevención del delito, así como, un ético y honesto sistema judicial, la confianza en las instituciones del estado y la confianza en el presidente Peña Nieto seguirá en picada y la sociedad en su conjunto padecerá una vez más la impunidad y la corrupción como signos de este sexenio.
