“Las buenas costumbres y no la fuerza, son las columnas de las leyes, el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.”
Simón Bolívar
El Congreso Local se lanza a modificar el Código Penal del Estado de Guanajuato, lo hace creyendo que hace bien su trabajo. Es sólo una reacción producto de la presión de empresarios y grupos de poder que exigen justicia ante el incremento de delitos y ante la coincidencia en algunos casos de la reincidencia de los autores materiales en muchos de esos delitos dolosos.
Se quiere hacer de oficio la persecución de delitos menores como el robo. Se quiere incorporar como criterio la reincidencia y la habitualidad en la comisión de delitos para que los jueces y magistrados usen ese criterio a la hora de sancionar. Ambos elementos muestran el profundo desconocimiento de la realidad social del estado Guanajuato y muestran la falta de visión, de criterio e información para entender la multifactorialidad que implica las acciones y prácticas delictivas y criminales. Pareciera que no les han informado que incrementar las sanciones no inhibe el delito. Lo que inhibe las prácticas delictivas es las impartición de justicia y estado de derecho eficaz y eficiente que cumple con la aplicación de ley.
La Constitución del país señala con precisión que ni la reincidencia, ni la habitualidad pueden considerarse al juzgar porque serían sanciones adicionales en contra de una persona y dicha propuesta iría en sentido contrario a las doctrinas internacionales vigentes y en contra de las convenciones suscritas por el gobierno federal en materia de Derechos Humanos, derechos que protege nuestra Carta Magna. Por otra parte, la ineficiencia del aparato de administración y procuración de justicia muestra en los hechos la ineficacia y la falta de recursos humanos capaces y competentes para realizar los trabajos de investigación que deben seguir ya por oficio.
Sería también deseable que las y los legisladores de Guanajuato conocieran a profundidad la reforma del nuevo sistema penal acusatorio y se centraran en participar para hacer que las autoridades estatales responsables de la seguridad en Guanajuato, cumplan y den seguimiento a las tareas de capacitación y preparación de policías, peritos y ministerios públicos, ya si se opera con base a los nuevos lineamientos, sería posible sustentar con pruebas científicas, propias de la criminalística y de las ciencias forenses la integración de los expedientes de investigación y se evitaría lo que actualmente sucede como la falta de pruebas que permiten la liberación casi inmediata de quienes comenten algún delito.
En el link que se indica, se pueden ver en video e infografías, de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio y como se tienen que profesionalizar todo el aparato de justicia. Las y los ciudadanos podemos ver también esta información para estar atentos a los nuevos lineamientos, protocolos y prácticas que tienen que hacer desde la policía municipal hasta los agentes investigadores de la procuraduría de justicia. Conoce la Reforma al Sistema de Justicia Penal
Por otra parte, es momento de revisar a fondo el sistema penal, y revisar lo que sucede en los centros de readaptación social. Es de todos conocido, que el sistema penitenciario no cumple con su función social, de readaptación e integración social. Sabemos de la cantidad de presos que no tienen sentencia y sabemos de las prácticas de corrupción que se dan en los penales, desde los grupos que al interior controlan a los reos y las prácticas de corrupción que se realizan, en la que los familiares de los reclusos quedan atrapados en las diversas instancias que controlan como auténticas mafias los reclusorios.
Las y los legisladores deberían solicitar al Gobernador y al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador, que les presenten cuáles son las políticas públicas y las estrategias anticrimen que siguen para combatir a la delincuencia común y al crimen organizado. Deberán solicitar toda información necesaria, con la respectiva evaluación del Programa Escudo, que sigue siendo hasta ahora un pozo oscuro. Sin información y sin rendición de cuentas es imposible atender la creciente criminalidad con responsabilidad y con inteligencia.
El poder judicial y sus instancias, deberán participar en la capacitación de las instancias de investigación y en garantizar la aplicación de protocolos de atención a víctimas y operar desde la perspectiva del nuevo sistema penal acusatorio, poniendo como principio la plena garantía de la vigencia de los derechos humanos para todos las y los ciudadanos involucrados en situaciones delictivas.
Pero lo más importante, es que los y las legisladoras de Guanajuato comprendan que la falta de oportunidades para las y los guanajuatenses, como lo es la ausencia de empleo de calidad, salarios dignos, educación y capacitación, acceso a vivienda, falta de regularización de predios urbanos, junto con la falta del que el equipamiento urbano básico: agua potable, electricidad, drenaje, pavimentación, transporte público seguro y eficiente, de los que carecen cientos de miles de guanajuatenses son elementos y factores estructurales, que siendo atendidos, contribuirían a la disminución sustancial de la criminalidad y del delito. En resumen, se trata de impartir justicia y de crear justicia social. No puede existir justicia sin justicia social.
