El anuncio del presidente Peña Nieto de que se hará una investigación con relación a los conflictos de intereses que se le han señalado en los últimos meses, a la vez de anunciar el nombre del nuevo titular de a Secretaria de Función Pública, Virgilio Andrade, confirma que el gobierno de la República sigue en el pantano, como lo señaló hace unos días la editorial del periódico The Economist.
La postura a la defensiva en la que se pone el primer mandatario, revela que quiere ganar tiempo y ver si puede recomponer algo de la mala imagen que ya tiene en el exterior. Se nota que no quiere transparentar lo que por ley debe informar de su patrimonio, y como lo plateó Leo Zuckerman y lo propusimos en este espacio, se requiere dar a conocer a detalle la declaración de bienes, así como sus declaraciones de impuestos y el deslinde de los posibles conflictos de intereses, esto debería incluir a todo el gabinete y sería aplicable a todos los funcionarios públicos de primer nivel en los tres niveles de gobierno.
Es curioso que ahora que el presidente apela a la ley para decir que él no tiene participación directa en los procesos de licitación, y otorgamiento de contratos, se le olvida su propia declaración que hizo ante León Krauze en donde afirma que la corrupción era un asunto cultural. El presidente no entiende que no entiende, no ve que no ve, no escucha que no escucha, no quiere en resumen darse cuenta y tomar conciencia y con ello asumir su responsabilidad social y política.
Se puede entender pero no justificar que el presidente del país, de cómo licitó su proceder con relación a la Casa Blanca, a la Casa de las Lomas y a la Casa de Ixtapan del Sal, y la red de relaciones personales que pudo desarrollar con los ahora famosos constructores que le han apoyado, ya que si pensamos un poco en el ambiente en que creció y se desarrolló, para él es natural ver la corrupción como algo que está ahí y que es parte del proceder en política y que es más que natural al ser funcionario público. Si nos imaginamos lo que le tocó ver desde niño y joven, podemos deducir qué lo pudo llevar a comprar su primera casa a los 15 años. Tenemos elementos para saber que en su entorno cultural, los favores, los regalos y las recomendaciones son algo normal y natural.
Podemos revisar la historia y la trayectoria de la clase política del Estado de México, desde el profesor Hank González y ver lo que hizo y hace Arturo Montiel, o el actual gobernador del Estado de México, o el actual presidente el PRI nacional César Camacho, exgobernador del mismo Estado de México. Para esa élite política la corrupción es parte de su cultura política, es algo cotidiano, que no les causa mayor problema, es decir, es su “habitus” como diría el sociólogo francés Pierre Bourdieu.
Así, el tema adquiere dimensiones políticas que caen en la sospecha y reafirman la desconfianza y no ayudan en nada recomponer la confianza perdida en la presidencia de la República. Se sabemos que política no se requiere que un mandatario, sea el presidente o un gobernador, incluido los presidentes municipales, tenga que estar presente en los comités de adquisiciones o en las licitaciones, para que se le otorgue a un particular o a una empresa un contrato, a veces sólo se requiere un tarjeta de presentación con un recado, una llamada telefónica, unas palabras en el oído en un abrazo social, para indicar quien será el ganador, las evidencias y las denuncias demuestran estás prácticas. Contratos que se otorgan a empresas fantasmas, sobreprecios en las compras, encubrimiento de errores y vicios en obras públicas, son parte del menú en la que se expresa la corrupción y que está avalada en los valores entendidos de una cultura política en la que la corrupción es parte de la forma de administrar los recursos y los bienes públicos.
El equipo del presidente lo vuelve asesorar mal. Siguen en la estrategia de ganar tiempo, de poner distracciones, de querer legitimar su actuación, en lugar en aprovechar a oportunidad de refundar la confianza desde la base, con una real convicción política de mejorar el país, sus instituciones y lograr que haya un marco jurídico sólido y creíble en donde el Estado Mexicano sea el garante de la libertad, de la democracia, de la igualdad y de la transparencia, de la redención de cuentas y del valor social de la política de la función social del gobierno.
Mauricio Merino, investigador del CIDE escribió hace unos días: “Quiero suponer que la sociedad sabrá reaccionar ante este nuevo discurso con el pundonor que le faltó al Presidente y que nadie con dignidad bajará la guardia: la crisis de ética pública que está viviendo México no se resolverá mediante la cooptación y el engaño estratégico. La reforma que necesita el país es mucho más honda y debe ser, por definición, más honesta. Esta página no cambia el capítulo; por el contrario, añade razones para indignarse.”
