En las campañas electorales la seguridad de la sociedad es un tema ausente. Nada o poco es lo que se dice sobre cómo proponen los partidos políticos atender este problema social, que es la expresión de años de corrupción, de componendas, de parches y pero sobre todo de impunidad.
Lo vivido en Jalisco y en los estados vecinos en estos días, muestra que los grupos organizados que están controlando las plazas como se dice, están dispuestos a su modo a enfrentar a las instituciones de seguridad del estado mexicano como sea.
Lo cierto es que desde hace mucho tiempo las organizaciones criminales, no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino que controlan la venta de las mismas en el país, y han diversificado sus formas de obtener ingreso a través de la extorsión, el cobro derecho de piso, de la venta de seguridad o de los secuestros y han desarrollado sistemas de alerta oportunos de las acciones de las fuerzas de seguridad, a través de los llamados “halcones” en las carreteras o simplemente han comprado a miembros de las policías locales. El punto es que han desplegado capacidades que las hacen una fuerza armada peligrosa, pero sobretodo demuestran que son una fuerza económica muy poderosa.
La situaciones como las de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatizingan, son parte de ese entramado complejo de relaciones sociales, económicas y políticas, que envuelve el problema del crimen organizado y son la expresión de la corrupción y la impunidad, así como de la falta de un aparato de un estado eficaz, respetuoso de la ley. Son a su vez la evidencia más clara de la necesidad urgente, de contar gobiernos que estén dispuestos a ponderar la seguridad humana de toda la población como el eje prioritario de trabajo político y del desarrollo social, para volver a confiar en las instituciones y poder tener acceso a la justicia y al bienestar social.
La pobreza es un problema que sigue creciendo, las tasas de desempleo crecen, la prosperidad económica se vuelve a diferir, la situación en el campo mexicano sigue siendo crítica y desesperanzadora, está ahora, el caso de los jornaleros agrícolas en San Quintín. En resumen, la desigualdad social y económica sigue estando como elemento que describe la situación en la que vive más de 54 millones de compatriotas.
Los partidos políticos tienen posibilidades de modificar en mucho de lo que pasa en el país, para mejorar y cambiar las cosas, pero no propone una nueva política económica, no se arriesgan a cuestionar el modelo desarrollo neoliberal con claridad y no se comprometen a romper el círculo de la corrupción. Muy pocos partidos, sus candidatos y candidatas, se animan a hacer público su declaración de bienes, su declaración de impuestos y los compromisos que tienen para evitar conflictos de intereses, en caso de ganar alguna elección, lo que muestra que están mirando hacia otro lado por decirlo de alguna manera.
Pero lo que más extraña de las actuales campañas electorales, es la falta de visión social sobre la realidad que vive la población. Las campañas siguen insistiendo en lemas vacíos y en colores inocuos, o sólo difunden promesas que no resuelven de forma estructural y de fondo los problemas sociales que hoy preocupan a las y los ciudadanos.
Ojala pronto los partidos políticos asuman su responsabilidad y vean y aprendan de las experiencias de otros países para atacar de raíz los problemas de seguridad y las puedan traducir en políticas públicas, en programas de gobierno y en acciones reales evaluables para garantizar la vida y los bienes de todas las personas. Por lo pronto hoy en Guanajuato está operando el programa “Escudo” y ya tuvimos una muestra de su fragilidad.
