La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El momento por el que pasa el gobierno de la república es crítico por donde se le quiera ver. El impulso pactado desde el inicio del gobierno de Peña Nieto ya caducó. Los partidos políticos que signaron el Pacto por México ya tiene su propia agenda interna, incluido el PRI, de cara a las elecciones federales y locales que se avecinan y que pondrán nuevamente a prueba las formas y las prácticas que tienen desde las lógicas del uso del poder.
Pero ¿desde dónde empezar? Ya varios analistas han señalado que el presidente podría ya hacer algunos ajustes y cambios a su gabinete. Otros más, ven serias fallas en el equipo de asesores inmediatos que orientan desde Los Pinos la gestión presidencial. Otros esperarían que rectificara su discurso triunfalista del nuevo anuncio del arribo al tan esperado progreso y se centrara en la política interna, para revisar planes y programas en cada uno de los estados y regiones del país.
Lamentablemente el presidente no tiene una propuesta para salir de la profunda crisis en la que está él como jefe de gobierno y el conjunto de las instituciones públicas, incluidos los partidos políticos. El descredito que tienen las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia es muestra palpable de lo que tiene atrapado al país y es la ineficacia, la corrupción y sobre todo la impunidad.
Las medidas anunciadas desde la presidencia del país para atacar la corrupción, junto el anuncio de que la Secretaria de la Función Pública revisara si ha existido algún tipo de conflicto de intereses dan prueba de que no se ha entendido la dimensión del problema y sus complejidades y se ha ido por el camino del maquillaje fácil, de una estrategia de medios para manejar y controlar la opinión pública, pero que no ataca de fondo las raíces de los problemas que nos aquejan como sociedad, como país.
Es claro que no todo es responsabilidad del actual gobierno. Muchas cosas vienen como parte del entramado del poder político que acuño el propio PRI y los grupos de poder fácticos que vienen gobernando el país desde el periodo postrevolucionario, pero lo que es cierto es que el actual arreglo institucional y sus formas de operar dejan mucho que desear, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de los servicios que se ofrecen, a la eficacia en el uso de los recursos públicos, en la falta transparencia y en la casi nula rendición de cuentas. Con ello se tiene un aparato de estado que llega a tener ya una obsolescencia, pese a los esfuerzos del poder legislativo de ajustar la constitución y sus leyes. Todo esto, sin dejar de reconocer que los partidos políticos han cuidado sus prebendas y sus prerrogativas contra viento y marea, esto es ante el descrédito que tienen ante las y los ciudadanos.
Muchas decisiones que es tomando desde el gobierno federal buscan justificar y no rectificar. La figura presidencial que se volvió a enaltecer con la llega de Peña Nieto, y con ello el regreso a las prácticas del autoritarismo y la pleitesía a la imagen presidencial han buscado controlar los daños a la imagen del presidente y la clase política que lo rodea y con ello han querido matizar la información y en otros casos borrarla como por arte de magia. La organización civil “Artículo 19” que trabaja en México y defiende el derecho a la información y la libertad de prensa, documentó como durante más de un mes en el Estado de México se controló la información sobre la “Casa Blanca” del ahora exgobernador de ese estado, evitando que saliera alguna nota periodística sobre el tema en todos los periódicos que circulan en esa entidad. La gravedad del caso y la mirada internacional lograron que poco a poco hubiera alguna cobertura y por lo tanto una buena parte de los habitantes del Estado de México conociera del caso.
Se podría esperar que el gobierno tuviera una actitud de autocrítica, que se diera la oportunidad de rectificar el camino y que pudiera poner en orden y dar transparencia a su actuar, que se situara como gobierno responsable, ante la posibilidad de gobernar de forma diferente y de iniciar una profunda transformación institucional, y con ello ser el garante de un real y efectivo Estado de Derecho.
Las respuestas y las actitudes muestran desplantes de ira, de arrogancia, de intolerancia y de soberbia. Podemos ver la reacción de la PGR ante las opiniones vertidas por el equipo argentino de medicina forense en el caso de Ayotzinapa. Podemos ver las declaraciones de Virgilio Andrade con relación a la encomienda que se la ha dado para revisar las prácticas del poder para asignar contratos. Podemos ver la forma en que Miguel Ángel Osorio Chong ve la supuesta mejoría de la seguridad pública del país y vemos la manera en que Luis Videgaray recorta el gasto público por un lado y endeuda al país por otro lado.
¿Por dónde empezar? Tal vez habrá que empezar impulsar el fortalecimiento de la ciudadanía. Habrá que tomar la iniciativa desde la participación social, tendremos que ir aprendiendo a denunciar las malas prácticas de gobierno, a denunciar los trinquetes, los moches, la ineficiencia, la mala calidad de los servicios públicos. Tendremos que saturar a las agencias del ministerio público con todas las denuncias ciudadanas ante los delitos de que somos víctimas. Tendremos que ir armando estrategias para reportar todo lo que nos falta en la ciudades, en las comunidades, como lo es falta se servicios de salud de calidad, la falta de calles y avenidas pavimentadas, de alumbrado público, de banquetas, de mercados populares, de parque y jardines públicos, de seguridad en calles y colonias, la falta de empleo digno y bien remunerado y ojala desde ahí el gobierno y los partidos políticos se den a la tarea de trabajar para las y los ciudadanos que los eligieron. Por ahora ya está instalada una Constituyente Ciudadana bajo el cobijo que da la propia constitución.
