“Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores”.
Napoleón Bonaparte
“El primer requisito de la civilización es el de la justicia”.
Sigmund Freud
“Cuantas más leyes, menos justicia”.
Marco Tulio Cicerón
Ante la desigualdad social y ante la historia de la injusticia en las sociedades occidentales la solución inmediata que los partidos políticos toman y que hasta la misma sociedad exige es la creación de leyes, hacer reformas legislativas y plasmar mandatos constitucionales. El poder político se reduce en estos tiempos en mucho al campo legislativo.
Las soluciones ante los problemas sociales tienen una reducción casi exclusivamente al terreno legislativo y esta práctica política se convierte en el único estandarte del éxito político. Tal pareciera que hacer más leyes, endurecer e incrementar penas, tipificar nuevos delititos o ampliar derechos sociales y dejar todo plasmado en nuevas leyes y ajustes al orden jurídico es la meta de los partidos políticos.
Pero ¿qué es lo que pasa ante la mejora del andamiaje jurídico? ¿Se cambia algo? ¿El comportamiento social se regula de forma diferente con la sola promulgación de una ley? ¿Dejamos de hacer eso –un delito- que ahora se sanciona con solo saber que ya está prohibido? ¿Disminuyen los delitos con más castigos en los códigos penales? ¿Protocolos de actuación judicial con perspectiva de género?
Algo que se va negando desde hace mucho en el campo político ante el problema de la justicia social, ante el pendiente social de garantizar -sin impunidad- el acceso a la justicia, es el hecho de no entender en su justa dimensión, que son en las prácticas sociales –en la vida cotidiana- en donde se tiene que expresar el respeto a la vida y sus representaciones socioculturales, que es ahí, en donde se tiene que dar valor a la dignidad de las personas y es en donde las emociones que permiten la convivencia, la amistad, el compromiso social se tienen que desarrollar, esto es, el necesario proceso social de construir los vínculos de calidad que configuran el tejido social.
El derecho a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, al trabajo y cada uno de los derechos que tenemos por ser personas, se tienen que materializar en las formas de interacción y de coexistencia entre grupos, entre vecinos, entre familiares y amigos. La insistente ruta de la exaltar el individualismo en la lógica del mercado y del consumo nos ha lleva a cancelar muchas veces las capacidades de interacción social, a cancelar los procesos comunicación social y evitar la acción colectiva antes las necesidades y problemas que en lo social se manifiestan y que son más que simples desafíos argumentativos de buenos propósitos.
La acción política del estado también tiene que articular la vocación y responsabilidad de dotar de servicios básicos e integrar una serie de dimensiones que influyen e intervienen en la configuración de las ciudades, de la creación y uso de los espacios públicos, de la integralidad de los derechos humanos y de su relación con la acción de las instituciones del estado, para crear condiciones mínimas de acceso a las posibilidades de tener una vida humana digna, que valora y protege la libertad desde el actuar del gobierno y sus instituciones.
Así, las políticas públicas asociadas al tema del bienestar en los últimos años en el país han sido simples paliativos de contención social. Muchos de los programas sociales ofertados por los gobiernos federales y estatales. Incluso alguno de alcance municipal son verdaderos esquemas –a todas luces maquiavélicos- de control social, que se han usado para comprar lealtades y garantizar votos. Programas sociales que desde Carlos Salinas de Gortari se usan y sólo se refuncionalizan con nuevos nombres y con pocos resultados, en cuanto sus beneficios sociales –evaluados-.
La apuesta por legislar todo o casi todo, tiene valor en tanto se crean al mismo tiempo las condiciones de realidad institucional, para que sea factible la construcción y creación de las condiciones necesarias de protección y de las garantías vigencia y respeto del marco jurídico de todo el sistema de leyes que ya se tiene. Hay muchas leyes que son letra muerta en los hechos. Existen mecanismos y procedimientos judiciales que están definidos y que es urgente su aplicación, sin embargo, en los hechos, se suman al triste y terrible anecdotario de la cadena de impunidad y de abuso del poder que prevalece en todo el país.
Los retos son muchos, en un país donde la desigualdad se ha naturalizado. Retos que reclaman gobiernos que comprometen el trabajo de usar sus capacidades y los recursos para crear condiciones de vida, más allá de votos y cotos de poder. Se requiere en trabajar en nuevas rutas de la acción social desde el gobierno para pensar con inteligencia, en el marco constitucional de los Derechos Humanos y con una visión de mediano y largo plazo. Se necesitan explorar nuevos caminos que permitan a la ciudadanía ser sujeto de la acción política y dar pasos en direcciones diferentes al de las rutinas del control social y político. Pero eso requiere vocación y honestidad. -Ruta y Reto-, y parece que eso escasea mucho.
