“Tenemos que hacer planes para la libertad, y no sólo para la seguridad, por la única razón de que sólo la libertad puede hacer segura la seguridad”.
Karl Popper
“La seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo e inversión pública. Debemos a nuestros niños, el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo”.
Nelson Mandela
La violencia y la inseguridad que acompañan a la comisión de delitos expresada en la nota “Roja” de los medios en un contexto “Azul”, da como resultado al mezclarse el color “Morado”. Todo apunta a que puede haber un problema de un tipo de moral de la autoridad al tratar el tema de la violencia y la inseguridad. El incremento de delitos, de las desapariciones forzadas, de los asaltos, de los robos, de las violaciones, de los feminicidios, de las extorsiones o de los secuestros parecería que se debe a que todas y todos somos pecadores o herejes. Por lo tanto, tenemos que sufrir en esta tierra y en carne propia, para poder alcanzar la gloria prometida en la otra vida. Juego de palabras sin duda, pero que dan un atisbo a lo que sucede a la hora de dar valor a la ideología y no al mandato constitucional.
Esa forma de ver al pueblo lleva a lavarse las manos y criminalizar por principio a quien es víctima de la inseguridad. El estado mexicano ha impulsado una visión neoliberal de la vida social en donde lo importante es privatizar todo, lo que entonces tenemos en esa lógica, que las personas, los ciudadanos, somos los únicos responsables de lo que nos pasa en materia de seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona.
Se trata de poner rejas en las casas, de poner protecciones de hierro en los patios, de instalar dobles y triples cerraduras en las puertas, de colocar cámaras de vigilancia, de comprar seguros de vida, de autos, de robos, de accidentes. Se trata de contratar servicios de seguridad, de instalar alarmas, de aislarse de los demás, de desconfiar de todos, de evitar salir en la noche, de no ir solos al banco o a un cajero automático, de no hablar con extraños, de no caminar en los parques a cualquier hora, de no salir de las casas, de no dejar el auto en la calle, de no traer efectivo o tarjetas de crédito, de abrazar la bolsa con las dos manos en el transporte público.
En resumen, si nos pasa algo a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos o nuestros vecinos, nosotros fuimos las o los responsables. Triste historia en donde el estado y las autoridades huyen de su responsabilidad. Si vemos y oímos argumentos en donde se justifica un homicidio porque el “muertito” andaba en malos pasos, la pregunta es ¿Qué se hizo para detenerlo antes de que lo mataran? La criminalización de las víctimas si son mujeres es por demás un ramillete de justificaciones, misóginas y patriarcales, para desentenderse de los casos y responsabilizar a las mujeres de lo que les pasó.
Las políticas con las que se quiere atender el problema de la seguridad, olvidan lo más elemental: la responsabilidad del bien común y de la seguridad de los bienes y de la vida de las personas es exclusiva del estado y con ella, la necesidad de la implantación y mantenimiento del orden público, para que se garantice el ejercicio de las libertades ciudadanas en un marco de paz social.
El tema de la violencia y la inseguridad es un tema estructural, que tiene una de sus explicaciones en la ausencia de justicia y en el fracaso del aparato de estado para ofrecer las posibilidades de una adecuada organización social, en donde el tejido social sea parte de proceso de desarrollo de las comunidades humanas, para lograr la integración y participación social y con ello crear una dinámica que fortalezca la cohesión social y que permita a su vez, la movilidad social y económica de sus miembros.
Implica desarrollar y sostener un pertinente ordenamiento jurídico que dé garantías a los miembros de la sociedad, en donde los Derechos Humanos son respetados y defendidos como principio de acción gubernamental, y en la que las políticas económicas y sociales crean las condiciones de una base económica, cultural y material, suficiente y equitativa, en igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos.
Todo ello, en un marco cultural y educativo que fomente los valores de libertad, democracia, justicia, igualdad, inclusión, respeto, tolerancia y reconocimiento de todas las personas con sus prácticas culturales, sus condiciones particulares de vida y sus creencias en el marco jurídico establecido.
Con un sistema político que fomenta la integración social, el desarrollo local de pueblos y comunidades, creando modelos de participación social y haciendo que la administración pública sea garante moral y ético de la aplicación de las normas jurídicas con justicia, dignidad y equidad.
Por lo pronto, la vida cotidiana se tiñe de rojo en un contexto azul. Esa combinación de colores nos lleva al morado, color asociado al dolor, a la pena, a la tragedia y al llanto, dejando la idea de que lo único que habrá que hacer es resignase y a lo mucho rezar.
De lo que se trata es evitar gobernar solo desde una moral privada –particular- y lograr que las instituciones del estado puedan actuar desde una moral civil y humana, en el marco que la Constitución nos ofrece a toda la ciudadanía, en la que se coloca a las personas como prioridad y con ello proceder en consecuencia en el ejercicio responsable de la autoridad.
