“Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas”.
Benjamín Franklin
Los desafíos del estado mexicano y de sus gobiernos, incluidos los gobiernos estatales en materia de seguridad pública son problemas reales, que tienen son múltiples dimensiones y son de una complejidad tal, que reclama partir de una reflexión crítica. No es suficiente declarar que los problemas vienen de las administraciones anteriores, se tiene que revisar las decisiones políticas tomadas antes y ahora, a la vez de partir del marco jurídico vigente y de los compromisos que vienen junto con el nuevo Sistema de Justicia Penal y con las reformas que vendrán con relación a la Justicia Cotidiana. Desde ahí se podría revisar lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer.
No se puede gobernar sólo con promesas, con excusas y con desconocimiento de lo que sucede. Pero tampoco se puede gobernar sin informar y sin cumplir con los criterios y compromisos de lo que implica ser un gobierno abierto y poner en práctica los principios del parlamento abierto. Situación que se suma a las necesarias reformas para combatir la corrupción que están en discusión en el Senado de la República y que deberán incluir las propuestas de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3.
Las vertientes de análisis social desde la filosofía del derecho, han demostrado que las políticas que han elevado y que buscan elevar penas y sanciones no inhiben el delito. Las experiencias de éxito en favor de la seguridad pública, muestran que se necesita que los partidos políticos tienen que asumir todas las consecuencias, cuando se trata de combatir de forma honesta y real el delito y las formas de violencia e ilegalidad que se generan. La impunidad presente, muestra hasta ahora que todo son sólo buenas intenciones.
Uno de los discursos encubiertos que la inseguridad pública promueve, es que la seguridad es un asunto privado, y es algo que se deja escuchar desde el modelo económico neoliberal vigente, es decir, si tú como persona quieres seguridad lo que tienes que hacer es pagarla. Y eso hemos hecho muchas personas, desde poner rejas y protecciones en puertas, ventanas y bardas, se han construido pequeñas y grandes fortalezas, pero el resultado es que los robos a casa habitación y a negocios suceden y van a la alza, aún en viviendas que están dentro de clústeres con vigilancia privada y hasta con cámaras de seguridad. El problema de fondo es que de la seguridad pública hoy es negocio, si lo vemos solamente como un asunto privado.
Las y los ciudadanos debemos tener prácticas de protección y de evitar situaciones de riesgo, pero deben ser de orden preventivo y basadas en una noción de colectividad, de protección social y no caer en la idea de cancelar el ejercicio de la libertad ante la inseguridad pública. No se trata de encerrarse, no se trata de no salir en las noches, no se trata de vivir con miedo. La seguridad es un asunto de orden público y es responsabilidad de las autoridades seguridad pública y procuración de justicia en los tres niveles de gobierno, desde el policía preventivo hasta los agentes del ministerio público estatal y federal, desde las políticas sociales hasta las políticas criminales y de prevención del delito.
Hay cosas que se pueden hacer ante los hechos que vivimos. Se necesita visión y compromiso social, pero sobre todo responsabilidad de todos los servidores públicos para hacer su trabajo de forma profesional, honesta y apegada a derecho, pero también en concordancia con la vigencia y respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.
Se necesita dar peso social al tema de la prevención del delito, se requiere que las tareas y políticas de prevención estén como eje transversal de las diversas direcciones municipales y dependencias y secretarias de estado. No pueden ser una tarea de la policía, si sigue siendo así, significa que no han entendido cuáles son los factores que propician y desencadenan las prácticas delictivas.
Se requiere seguir al dinero, en todo lo que implican los delitos patrimoniales, se requiere desmontar los circuitos de venta de lo robado, desde las casas de empeño, que en mucho son responsables de que haya un mercado de objetos hurtados, pasando por los lugares que se sabe se venden en la vía pública los artículos robados. Muchas personas han encontrado en tianguis y calles específicas, “sus cosas”, y la autoridad ministerial lo sabe y no sucede nada. Se requiere por ejemplo revisar los lugares que compran las baterías de automóvil, los espejos, antenas y demás autopartes, es decir se requiere romper los mecanismos que soportan económicamente el delito.
Se tiene que pensar en tener una nueva y buena policía. No se trata de estados de ánimo o de baja o alta autoestima. Se requieren instituciones sólidas de seguridad pública que forman integralmente a ciudadanos y ciudadanas para asumir tareas de seguridad y las funciones que ello implica. Se requiere dignificar la función del policía, pero también se requiere que el aparato de investigación y procuración de justicia actúe de forma efectiva y que funcione bien en todo el proceso –desde la denuncia hasta la sentencia-.
Se trata de tener los sistemas de control de confianza de las y los integrantes de las policías, pero también deben existir los mecanismos que rompan las prácticas y vicios de las corporaciones de seguridad pública y de los usos discrecionales autoridad al interior de las policías. Debe existir como lo han hecho otros gobiernos, sistemas de reclutamiento, seguimiento, evaluación y permanencia, por fuera del aparato institucional de seguridad, que permita tener autonomía real, para que también los oficiales de policía puedan denunciar todo aquello que los limita, afecte o los lleve a mal desempeño y que lo puedan revelar con plena libertad, sabiendo que habrá justicia y protección para ellos y ellas, de lo que se sabe que pasa al interior de las corporaciones y no pueden hacer por ahora nada.
Hay mucho que se puede hacer, ya hay propuestas en la Mesa de Seguridad del OCL y en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Han venido expertos a proponer muchas cosas que se pueden hacer. No habido oídos y voluntad para actuar. Ya Kofi Annan ex presidente de las Naciones Unidas lo dijo con toda claridad “Hoy, la seguridad se entiende cada vez menos en términos militares, y mucho más como la ausencia de conflicto. Es de hecho un fenómeno que abarca el desarrollo económico, la justicia social, la protección del medio ambiente, la democratización, el desarme y el respeto a los derechos humanos”.
La seguridad pública es una responsabilidad del estado. La seguridad pública es producto también de políticas públicas integrales y de corto, mediano y largo plazo que se desarrollen en los tres niveles de gobierno. La seguridad pública no se resuelve con más patrullas y policías, no soluciona con recorridos o retenes del ejército. La seguridad pública no se corrige con cámaras de video vigilancia en todas las calles de la ciudad. Todo ayuda sin duda, pero se requiere una visión social e integral de lo que significa e implica seguridad humana, pero lo cierto, como principio ciudadano, como un derecho humano, es que la seguridad pública no puede ir en contra de la libertad de las personas.
