La semana pasada alcaldes y alcaldesas de varios municipios del país -de diversos partidos políticos- acudieron a Palacio Nacional a exigir, si no les participan más, no les reduzcan su parte de los ingresos públicos que pagamos todos los mexicanos , como viene en el proyecto de Presupuesto de Egresos del presidente López que discuten los diputados. La respuesta en la entrada fue una rociada con gas lacrimógeno y la declaración del presidente de que le hagan como puedan, no habrá más recursos; y este martes los dejaron plantados en Gobernación. Indignante la falta de respeto a los munícipes -tan legítimos en origen como AMLO-, e intolerable la reducción de sus recursos para atender las funciones y servicios públicos a su cargo que nos afectará a todos. El presidente y acompañantes deben entender la arquitectura constitucional de nuestro país: Somos una República, representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres, unidos en una federación (art. 40), y éstos tienen como base de su organización política y administrativa, el municipio libre, con el cual se distribuye y equilibra poder también (art. 115).
El catálogo de funciones y servicios públicos a su cargo es trascendente. Además de gobernar (bandos de gobierno, reglamentos) y de administrar su hacienda, agua potable, alcantarillado, aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección y disposición de basura; mercados y centrales de abasto; calles, parques y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; zonificación y planes de desarrollo urbano; utilización del suelo; programas de transporte público de pasajeros, entre otros. Abriendo puerta de nuestra casa es el primer orden de gobierno, el más próximo a ciudadanos y sus necesidades; nos debe crear las condiciones organizadas que rebasan las capacidades de las familias solas, para facilitar nuestro desarrollo pleno. Ahí se definen las ciudades con más calidad de vida. Lo más relevante hoy: seguridad pública, tanto preventiva como de contención del desorden, la violencia y la delincuencia (urgen más y mejores policías, eso cuesta).
El gobernador de Guanajuato recién reconoció hay 10 municipios del estado (casi la cuarta parte) en los que alguna autoridad actual ha sido cooptada por el crimen organizado; primer ámbito gubernamental que los cárteles y mafias buscan controlar, por lo que resulta urgente que los demás ámbitos de poder los acompañen y fortalezcan, y particularmente el presidente López, cambiando de actitud (64 % de sus egresos serían sin transparencia; hoy 75 % de sus adquisiciones sin licitación), liberándose de prejuicios y polarizaciones; reconociendo el federalismo fiscal que supone extensión del poder y de las responsabilidades fiscales a los niveles de gobierno más próximos al ciudadano. Esta menor unidad de gobierno es más capaz para abordar a determinada escala los problemas respectivos.
Del análisis de ese proyecto de presupuesto se constata que de cada $ peso que pagaremos en contribuciones los mexicanos, 80 centavos se los quedará la Federación, 16 centavos los gobiernos estatales y solo .04 centavos irán a municipios. Esa dependencia de participaciones federales es dramática por lo que debemos impulsar acciones para disminuirla, y generar ingresos propios responsablemente administrados. En España, de lo recaudado: 15.68 % va a corporaciones locales, 36.28 % a Autonomías (estados), 48.04 % para el Estado nacional (menos de la mitad). En Alemania: 35% va a Bund –Federación-, 65% a Länder –estados- y municipios (más de 2/3 partes). Voraz nuestro centralismo, hoy acrecentado.
Las insuficiencias financieras municipales (hay otras) hacen urgente sustituir el sistema hacendario. Gobernantes y gobernados debemos considerar que el fortalecimiento municipal es la vía para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, acompañada de estrategias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Presidente: respete el primer círculo concéntrico gubernamental, el más próximo de nosotros y de nuestras familias, los municipios que exigen condiciones legítimas para ser libres.
