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viernes, marzo 29, 2024

Revisar a fondo la seguridad social en el presupuesto 2013

La seguridad social atraviesa un momento crítico, la discusión del paquete económico 2013 debe enmarcarse en esa situación y no caer en respuestas inmediatistas de querer aumentar el gasto de las instituciones si no se valoran soluciones de fondo al financiamiento de la seguridad social.

Las reasignaciones o los aumentos, por generosos que sean, no van a resolver los grandes problemas de atención a la salud, pensiones y prestaciones sociales de asegurados, pensionarios y beneficiarios.

Quiebra del IMSS

El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS, 2011-2012 documenta la crisis financiera del instituto y su inviabilidad para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a que está obligado con sus derechohabientes.

El instituto presenta un desequilibrio financiero debido principalmente a los seguros que destinan recursos a la atención médica. En el caso de los gastos médicos para pensionados, se registra un déficit de de 5 billones 110 mil millones de pesos, lo que representa 35.6 por ciento del PIB de 2011.

Desde 2009, el IMSS tuvo que tomar reservas para cubrir un faltante de recursos. Al cierre de 2012, se tomarían 19 mil 261 millones de pesos; si el instituto continúa haciendo uso de sus reservas, sólo podría extender los años de suficiencia financiera hasta el año 2014. En 2015, se necesitarían 5 mil 774 millones de pesos; al siguiente año, se requerirían 38 mil 758 millones de pesos.

Y ya no se podrían acumular reservas en lo sucesivo.

Evaluar la nueva Ley del ISSSTE

En abril de 2007 entró en vigor una nueva Ley del ISSSTE. Este ordenamiento elimina la responsabilidad que el Estado, por mandato constitucional, debe afrontar para garantizar a sus trabajadores y trabajadoras protección en caso de sufrir alguna contingencia social o económica, para procurar su salud dentro y fuera del centro de trabajo, apoyar su economía y en general un bienestar integral y progresivo.

Con esta “reforma estructural”, los costos del quebranto del ISSSTE serán asumidos por sus derechohabientes al recibir pensiones menores; laborar más años para acceder a las mismas e incluso corren el riesgo de no recibir pensión al término de su vida laboral.

Las presiones financieras por la transición al nuevo sistema y la nula aceptación que tuvo esta opción entre los asegurados al instituto comienzan ya a sentirse.

De 2007 a 2010, se erogarán casi 590 mil millones de pesos como costo fiscal de la nueva ley, que equivaldría a 3.6 por ciento del PIB del año venidero (sólo en 2008, cuando se emitieron los bonos de reconocimiento, el costo de la reforma ascendió a 2.4 por ciento del PIB). El 95 por ciento de este costo corresponde a apoyo fiscal para el pago de la nómina de pensiones y a los bonos de reconocimiento.

Los servicios médicos, bajo la nueva ley, no tienen garantizada la suficiencia financiera para atender la transición demográfica y epidemiológica y los recursos extraordinarios otorgados a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento no repercuten positivamente en el estado de salud del propio Instituto.

De acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial 2012, con todo y reforma, los recursos del seguro de salud para los trabajadores en activo alcanzarán para cubrir su gasto anual por no más de 18 años; los recursos para los gastos médicos de los pensionados sólo alcanzarán a cubrir 14 años.

A más de un lustro de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE es imperativo evaluar sus efectos en cuanto a sus resultados, la operación del Instituto y la problemática que subsiste en el otorgamiento de beneficios y prestaciones a los servidores públicos, así como los retos que debe afrontar el Poder Legislativo Federal con vistas a su revisión y adecuación.

Incertidumbre en los sistemas de ahorro para el retiro

Al mes de octubre de 2012, las afore administraron un billón 852 mil millones de pesos, más del 12 por ciento del producto interno bruto; estos recursos están depositados en más de 47 millones 805 mil cuentas individuales y son administrados por 12 afore, si se considera la compra de Afore Bancomer por parte de Banorte. Casi 27 millones de estas cuentas están inactivas.

En términos reales, los rendimientos netos (descontando inflación y comisiones) de los últimos 45 meses son de 5.4 a 9.3 por ciento, según el régimen de inversión, insuficientes para garantizar una pensión digna.

En contraste, las administradoras mantienen una situación financiera envidiable a costa de los dineros de los trabajadores, de un sistema diseñado para favorecer al capital financiero y de una regulación inadecuada para proteger los intereses de los trabajadores.

En 15 años, las afore han obtenido 202 mil millones de pesos por el cobro de comisiones y utilidades netas de 57 mil 514 millones de pesos. Sobre la base de los recursos depositados en las afore 19 pesos de cada 100 aportados se quedan en las afore por el cobro de comisiones.

El sistema de ahorro para el retiro está sujeto a la inestabilidad financiera; el régimen de inversión no responde a las necesidades de seguridad y rendimiento que requieren los trabajadores para alcanzar una pensión digna y la masa de recursos administrada en las afore no promueve la inversión y generación de empleos que demanda el país, sólo beneficia al capital financiero y mantiene la incertidumbre sobre el destino de los futuros pensionados.

 

 

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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