En un país como el nuestro, donde el pobrerío se multiplica y la chatarra se consume de a madres, la enfermedad es recurrente. Somos un país enfermizo.
Las grandes instituciones de salud pública tienen un historial de claroscuros: han ayudado mucho a sus derechohabientes, así como les han defraudado. IMSS e ISSSTE sirven cuando pueden. Ser trabajador afiliado a esos institutos cuesta cuotas que se cubren en partes: trabajadores y patrones.
Pero resulta que la enorme mayoría de mexicanos no está afiliada a ninguno de esos dos. Y allí está el detalle de las promesas de cobertura para todos. La han hecho desde los gobierno federales y desde los estatales; algunas veces se han podido atender a miles y hasta millones de personas; pero luego desaparecen o se inutilizan sus servicios. Total, que la angustia e incertidumbre siempre están presentes, junto a los costos que de todos modos hay que pagar, incluidos esos similares que son el gran negocio con la pobreza.
El derecho a la salud es como el de la vivienda digna y el salario remunerador pura letra. No hay sistemáticos esfuerzos públicos para hacer realidad esos postulados constitucionales. Ha habido, sí, espasmos de cuando en cuando. El más reciente es el bienestar ofrecido a cambio del seguro que “ni era popular ni era seguro” pero que le resolvía muchos males a millones.
La oferta de tener cobertura amplia y gratuita para todos suena bien; pero la realidad administrativa, logística y presupuestal no cuadra con el deseo.
Las desavenencias entre órdenes de gobierno y los costos que implica atender la salud nos tienen agarrados del tesito de la agüela, porque no se ve ni para cuándo…
