Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la información relacionada con las elecciones que generan diversos actores públicos y privados es considerada como un discurso especialmente protegido por la libertad de expresión. Con esa idea, diversas organizaciones nacionales e internacionales convocaron a sus pares y a periodistas a instalar un sistema de monitoreo denominado “Red Rompe el Miedo”, #RRM o #rompeelmiedo.
La Red #RompeElMiedo nació en 2013, en un contexto de represión del Estado y de manifestaciones públicas, para responder a la necesidad de proteger a quienes estaban arriesgando su integridad y libertad para documentar violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades perpetradas principalmente por las autoridades. Cinco años después, la Red #RompeElMiedo tiene presencia en los 32 estados del país, está compuesta por más de 800 periodistas y ha logrado articularse y coordinar esfuerzos con una docena de organizaciones locales de derechos humanos y periodistas.
El próximo martes 23 de octubre, la Red presentará el informe de las actividades realizadas durante la jornada electoral para monitorear la seguridad e integridad de cientos de periodistas de todo el país, a continuación, hago un breve resumen, a modo de primicia.
Los datos del informe
- A partir del 3 de enero y hasta el 30 de junio de 2018, la Red Rompe el Miedo documentó 105 agresiones. Las entidades que dieron a conocer más agresiones antes de la jornada electoral fueron Coahuila, con 21; Puebla, donde se documentaron y verificaron 16 agresiones, y Veracruz con 10.
Las agresiones en Guanajuato se dieron básicamente antes de la jornada del 01 de julio; cómo señala el total de agresiones por estado antes de la jornada electoral 2018, la entidad ocupa el 4 lugar nacional de agresiones cometidas, con un total de 8 eventos.
De las 185 agresiones totales que se documentaron, antes, durante y después de la jornada electoral del 01 de julio, Guanajuato ocupa el 7º lugar, por debajo de Coahuila, Puebla y Campeche, que juntas, acumulan los tres primeros lugares, con casi el 40% de las agresiones totales documentadas durante el periodo de monitoreo.
Ahora bien, el principal perpetrador de las agresiones durante las elecciones son los partidos políticos, seguidos del funcionariado y de agresores desonocidos. Resalta también que al menos 6 agresiones son cometidas por el crimen organizado, según datos nacionales.
Finalmente, de la diversidad de agresiones, 4 de cada 10 casos se relacionan con la intimidación y el hostigamiento, seguidas del bloqueo informativo, ataque físico y amenaza.
Es necesario señalar, que el 24 de junio, Guadalupe Hernández, directora del portal El Salmantino, en Salamanca, fue víctima de una campaña de desprestigio en Facebook, en la que se señala a partir de un video difundido en una cuenta anónima, de estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada. Es necesario señalar, que si bien esta agresión no es cometida por un grupo de la delincuencia organizada, o al menos se desconoce su origen, el contexto de Salamanca requiere se valorado para actualizar esta agresión.
Las recomendaciones
Las organizaciones coordinadoras de la Red, establecen las siguientes exigencias y recomendaciones al Estado mexicano en su conjunto:
- La investigación diligente, independiente, exhaustiva, imparcial y garante de derechos humanos contra los responsables de las conductas que vulneran los derechos humanos de las personas periodistas, específicamente aquellas que vulneran derechos como la integridad, privacidad y la preservación de los datos personales y el respeto integral a la libertad de expresión.
- Exige al Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno que establezca medidas preventivas y punitivas para cesar la violencia de género que afecta en su mayoría a las mujeres, con base en los tratados internacionales de los que México es parte y las leyes que buscan garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.
- La creación y cumplimiento de medidas y protocolos específicos de carácter interinstitucional que permitan condiciones idóneas que beneficien y protejan el ejercicio periodístico, entre ellas, la integridad de las personas periodistas en el ejercicio de sus funciones, para agilizar la prevención, la atención, la denuncia, la investigación y la sanción de conductas.
- A la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), dar seguimiento a todos los casos donde las agresiones fueron perpetradas por integrantes de los partidos políticos, así como para conocer si existe un uso ilícito de recursos de campañas y, en su caso, proceder a las sanciones necesarias y evitar que estas agresiones sigan ocurriendo.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciar investigaciones sobre todos los casos que atentaron contra la libertad de expresión y que sean constitutivos de cualquier delito, privilegiando la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.
- Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinarse y contactar a todas las y los periodistas que han sido agredidos a fin de contar con la información necesaria para analizar el nivel de riesgo al que se enfrentan y otorgar las medidas correspondientes para la protección de cada periodista y sus familias. Es urgente que el Mecanismo adopte protocolos de actuación que retomen medidas de prevención, y en casos de materialización de agresiones, de reacción rápida, a efecto de atender debidamente la violencia en el contexto electoral.
También recomienda:
- Al gobierno federal y a los gobiernos estatales, en turno y electos, rendir cuentas sobre todas las acciones emprendidas ante las agresiones perpetradas, y abstenerse de intimidar o agredir de alguna otra forma para coartar la libertad de expresión y la labor periodística.
- Entre las agresiones contra las personas periodistas e integrantes de la Red, ocurrieron ataques considerados violentos relacionados con las tecnologías o la violencia en línea. Las acciones que el Estado mexicano efectúa ante ello son insuficientes, por lo que exigen acceso a la justicia contra este tipo de conductas.
- Un marco regulatorio de la publicidad oficial, con el fin de transparentar y clarificar el origen y destino de los montos involucrados en medios digitales.
- Del mismo modo, urge una mayor regulación y transparencia proactiva de las empresas de internet para la publicación de informes periódicos que identifiquen públicamente a aquellas personas o empresas que están contratando publicidad en línea, la cual fue utilizada como vehículo de propagación de anuncios en línea relativos a las campañas.
En este mismo espacio he comentado el por qué como Colectivo nos hemos unido a la Red, sobre los preparativos, sobre la importancia de constituirnos como movimiento, y también de lo que sucedió después.
Ahora que se presenta el informe final, con datos totales de las agresiones, de los perpetradores y de sus formas de operación, se reivindica la necesidad de seguir hablando y documentando las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de forma sistemática y documentada. En la Ley de Protección se establece un atlas de riesgo, y éste sólo será posible con la organización social, por qué definitivamente al Gobierno de Guanajuato no le interesa la protección a periodistas.
