Desde hace varios años las “reformas estructurales” se han convertido en una de las muletillas más comunes en el discurso político, todos de izquierda a derecha, reconocen que es necesario hacer cambios de fondo en el sistema legal e institucional del país, aunque hasta hace apenas unas semanas todo había estado en el aire, a semejanza de aquella canción, la clase política decía que sí, pero no cuando.
Ahora, con la reforma laboral siendo discutida en el congreso vemos por fin un paso en concreto para cumplir con la necesidad ineludible de modernizarnos para competir exitosamente en los mercados globales, conscientes de que de ello dependerá no solo la estabilidad económica, sino la propia armonía social.
Tal y como habría de esperarse, la mayor parte de la izquierda mexicana –reaccionaria y obtusa como siempre- ha reaccionado intentando bloquear el debate, amedrentando a los legisladores con marchas y plantones en defensa de la opacidad sindical y asustando a los ciudadanos con el “petate del muerto” del salario mínimo, que, según su argumento, quedaría en 7 pesos la hora. La solución, nos dicen, consiste en elevarlo.
Resulta muy curioso que el debate ciudadano respecto a la reforma laboral se centre en el salario mínimo, pues, no importa de cuanto sea, el hecho, confirmado una y otra vez en el mundo entero, es que establecer un pago mínimo obligatorio genera desempleo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores novatos.
En palabras de Gary S. Becker, premio Nobel de economía en 1992, “Los aumentos del salario mínimo incrementan la demanda de mano de obra entrenada al reducir la competencia de aquellos trabajadores con poca o ninguna experiencia. …los sindicatos siempre apoyan los aumentos del salario mínimo, ya que reduce considerablemente la competencia de parte de trabajadores no sindicalizados que ganan menos”
Es decir, al igual que con muchos otros esquemas asistencialistas, el salario mínimo termina perjudicando a los más pobres, reduciéndoles su oportunidad de trabajar, mientras fortalece a los políticos y a los grupos de poder fáctico, en este caso sindicatos y empresarios establecidos que de ese modo limitan el arribo de nuevos competidores.
Por tanto, el tema no debería ser “elevemos el salario mínimo” sino “generemos las condiciones para que más personas puedan abrir empresas y, por ende, ofrecer empleos”, de este modo los sueldos y el nivel de vida se elevará sin necesidad de intervención burocrática.
La actual propuesta, con todo y salario mínimo, sin ser un documento perfecto, constituye un paso en la dirección correcta para renovar el sistema laboral mexicano, reflejo por excelencia de las instituciones emanadas de la revolución mexicana: tan atractivas en la retórica y tan desastrosas en los resultados.
Todo parece indicar que los legisladores harán, por una vez, lo correcto y aprobarán la reforma, aunque para que verdaderamente funcione en beneficio de la sociedad es necesario que las demás que están en el tintero se conviertan en realidad y ese será el gran desafío de la nueva legislatura.
Es tiempo de entender que las leyes no solo deben escucharse bonito, deben funcionar, que el gobierno federal no puede acabar con los problemas a golpe de decretos y que cuando lo intenta, como ocurrió con el salario mínimo, acaba estorbando en lugar de ayudar. En pocas palabras, esas “bondades” son contraproducentes.
