Sin lugar a dudas el escándalo de la semana es la trágica muerte del niño Hendrik Cuacuas, quien fue asesinado por una bala perdida mientras veía con su padre la cinta “Ralph el Demoledor” en un conjunto Cinepolis de la delegación Iztapalapa.
Las extrañas circunstancias de la muerte y los confusos reportes de las autoridades capitalinas dieron lugar a muchísimas especulaciones, pues la versión original era que una persona había disparado desde adentro del cine y se llegó a especular, incluso, acerca de la existencia de un asesino serial que llevaría hasta cuatro víctimas con el mismo modus operandi.
La realidad empero, fue más extraña que la ficción, no se trató de un asesinato en el interior de la sala, sino de una terrible serie de coincidencias: una bala perdida disparada al calor del alcohol y de la música que corren a raudales por las calles de Iztapalapa.
La justificable indignación trajo consigo la atención nacional a lo que ocurre en dicha delegación, donde constantemente los “bailes” y “fiestas religiosas” degeneran en comportamientos indignos de una sociedad civilizada y donde el uso irresponsable e impune de las armas de fuego, ante la incompetente mirada del gobierno, cocina un caldo de cultivo para la tragedia.
En pocas palabras: No fue un hecho aislado, fue la trágica consecuencia de la irresponsabilidad de la sociedad y del gobierno, escudados en los usos y costumbres y en el aquí no pasa nada.
Horrorizada, la sociedad demanda mayores restricciones a la posesión de armas de fuego y más leyes para prohibir que los civiles las tengan en su poder, pero esta no es la solución, pues, por inicio de cuentas la bala que mató al pequeño era una 9 milímetros, que, supuestamente, es de uso exclusivo del ejército.
Aquí y en China las restricciones a la propiedad de armas de fuego no protegen a nadie, dejan indefensos a los ciudadanos normales y causan la risa de los delincuentes para quienes la ley vale un comino, el de Iztapalapa es un ejemplo más.
Si realmente se quieren evitar hechos como el ocurrido en esa sala de Cinepolis el camino no pasa por legislar más restricciones, sino por aplicar las leyes que ya tenemos para que quienes tienen la absurda afición de disparar al aire respondan ante la sociedad por su peligrosa inmadurez.
Toda proporción guardada, algo similar ocurrió el 18 de octubre en la ciudad de León, cuando el conductor de una “oruga” que manejaba bajo los efectos de la mariguana se subió literalmente a una de las plataformas en la central de transferencia Delta, atropellando a 22 personas e hiriendo de gravedad a 3 de ellas.
Igualmente la primera reacción sería endurecer el castigo al consumo de mariguana, pero tampoco es la solución, ahí el problema no fue la planta, sino la irresponsabilidad colectiva.
Cualquier persona que utilice de forma cotidiana el servicio de transporte público en prácticamente todas las ciudades del país ha vivido en carne propia las irregularidades en la prestación de este servicio, desde los choferes que van platicando con muchachas en el frente del autobús hasta los que le “prestan” el volante a sus parientes o amigos hasta los que juegan carreritas o se emborrachan.
En pocas palabras: No fue un hecho aislado, fue la trágica consecuencia de la irresponsabilidad de la sociedad y del gobierno, escudados en los usos y costumbres y en el aquí no pasa nada.
En ambos casos se trató de tragedias prevenibles con la sola aplicación del más básico sentido común: no manejar mariguanos, no disparar a lo menso y no dejar impunes a los que lo hacen, aunque “estemos en México”.
Ante las dos tragedias la tentación autoritaria comienza a hacer eco en la sociedad; Es uno de esos extraños razonamientos, donde se propone resolver el problema de que nadie le hace caso a la ley emitiendo más leyes con la ingenua esperanza de que, ahora sí, por el poder mágico de la palabra legislada, la gente va a obedecer. El resultado ya lo sabemos.
El hecho es que, con tanta irresponsabilidad acumulada, lo que debería sorprendernos no es el que ocurran accidentes, sino que no sucedan con mayor frecuencia, pero, en estos casos, un muerto es demasiado.
La solución no pasa por más leyes, sino por el sentido común y la responsabilidad de todos, empezando por nosotros, los ciudadanos y siguiendo por todo el tejido institucional, para consolidar nuestra libertad en el respeto a los demás, evitando tragedias, balas y camiones.
