El cinco de octubre se cumple el 223 aniversario de la marcha de Versalles, cuando una turba conformada por miles de personas asaltó el palacio del mismo nombre, obligando a Luis XVI y su familia a regresar a París y terminando, para todo efecto práctico, con el poder de la monarquía en Francia.
Apenas unos meses después los revolucionarios, cada vez más fanatizados, los asesinaron en la guillotina. Al rey le seguirían otras 40 mil personas en menos de una década, a las que se sumaron otras decenas de miles de víctimas por ejecuciones sumarias, hundiendo a la sociedad francesa en el caos más absoluto, hasta que Napoleón terminó con el experimento proclamándose emperador.
Vale la pena recordar estos acontecimientos porque la tragedia revolucionaria que asoló a Francia a finales del siglo XVIII no fue un hecho aislado, sino, simplemente, la consecuencia de la mezcla entre incompetentes y demagogos; los incompetentes en el gobierno del Luis XVI y los demagogos en el bando republicano.
El marketing de los revolucionarios era, indudablemente, muy bueno: libertad, igualdad, fraternidad ¿Quién podría estar en contra de esos conceptos? La realidad, sin embargo, fue muy distinta y debe servirnos como lección para no creer en quienes ofrecen un paraíso en la tierra a cambio de entregarles el poder político.
Detrás de una fachada supuestamente liberal, los revolucionarios franceses eran profundamente autoritarios y, a semejanza de lo que ha ocurrido una y otra vez con tiranos de todos los tintes políticos, buscaban transformar a la sociedad por decreto, imponiendo su visión del mundo y asesinando a quienes no pensaran como ellos, pues, en palabras de Robespierre “la virtud sin terror es impotente”. La misma idea tuvieron, ya en el siglo XX, Hitler, Stalin o Mao y el resultado fue la muerte de 100 millones de personas a manos de su propio gobierno.
El tema mantiene relevancia porque la tentación de imponer “la virtud” desde el gobierno siempre está presente, aunque en ocasiones tome formas más drásticas, desde la sobre regulación hasta el genocidio, es solo cuestión de intensidad.
En el fondo, el mismo razonamiento que impulso a Robespierre y compañía a asesinar a miles de personas durante el reinado del terror yace, por ejemplo, detrás de la prohibición a los envases grandes de refresco en Nueva York, entre muchos otros ejemplos. (Como las llamadas “guerras” contra las drogas o la comida “chatarra”).
En ambos casos es el gobierno queriendo imponer por la fuerza lo que, en criterio del burócrata en turno, es el modelo de virtud a seguir, aplastando en el proceso las más básicas libertades personales y restringiendo sistemáticamente el ámbito de decisión de los ciudadanos.
Por supuesto, casos como el de la revolución francesa son extremos, pero, desde la ley SOPA para restringir el uso del internet hasta las legislaciones para controlar qué es lo que comemos, el mecanismo en acción es el mismo: es la virtud pública convertida en obligación.
Ante esta tentación autoritaria los ciudadanos debemos estar alerta, defender nuestra libertad personal y recordarle a los políticos de todos los colores, que la tarea del gobierno consiste en proteger la vida, la libertad y la propiedad, lo demás es accesorio y, en muchas ocasiones, incluso contraproducente.
Ningún principio, por más elevado, prístino o maravilloso que alegue ser, justifica la imposición del criterio del gobierno en las áreas de decisión individual.
En qué creemos y como vivimos depende de nosotros, es nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Cuando los gobernantes, con buenas o malas intenciones, nos arrebatan este derecho, dan el primer paso en una senda muy peligrosa, de la democracia a la dictadura, de la libertad a la opresión y eventualmente, del autoritarismo al asesinato. Para prueba está Versalles.
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