Luego de un largo periodo al frente de la procuración de justicia y de los pésimos resultados obtenidos, finalmente Carlos Zamarripa, quien fuera el todo poderoso fiscal general del Estado, se ha ido a su retiro dorado, pactado bajos sus condiciones de tiempo y privilegios.
Irónicamente nadie llega hoy a ocupar su lugar, pues a pesar de que se sabía, desde hace meses, que Zamarripa dejaría el cargo hoy -1 de enero de 2025-, el Congreso del Estado fue incapaz de llevar a cabo un proceso que permitiera su relevo oportuno, como si en el Estado pudiéramos seguir perdiendo el tiempo para procurar justicia.
Esto es, los y las diputadas locales se lo han tomado con mucha pachorra y será hasta las próximas semanas, tal vez meses, que tengamos nuevo o nueva responsable.
Obviamente, la salida de Zamarripa es una buena noticia, pero sólo resuelve una parte del problema, el resto está en quién llegará en lugar de él, y que de verdad cumpla.
Hay que hacer notar que desde hace semanas iniciaron las especulaciones, barajándose diversos nombres por algunos partidos políticos, incluso despachos jurídicos han hecho públicas sus preferencias, contaminado gravemente el proceso.
Pero más allá de esos despropósitos, lo cierto es que ni el Congreso del Estado, ni la gobernadora Libia Dennise García tienen margen de error en el nombramiento de la persona que habrá de desempeñarse como fiscal general.
La violencia e impunidad que se viven en los 46 municipios del Estado, obliga a que la decisión no quede sujeta a cuotas de poder, ni votos de confianza, y mucho menos a ocurrencias.
Ya veremos.
