En días pasados, senadores de Morena, solicitaron a la Mesa Directiva del Senado, del Congreso de la Unión, que se realice una consulta popular para enjuiciar a expresidentes del país que hayan incurrido en actos de corrupción. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es muy claro al respecto: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.
Someter a consulta el sí se debe juzgar a una persona, afecta el derecho humano a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 fracción B, numeral 1 de nuestra carta magna, así mismo, se violenta su derecho al debido proceso.
En el ya citado artículo 35 se establece que: “la Suprema Corte de la nación resolverá; previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”. De lo ya expuesto, me atrevo a pronosticar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesariamente tendrá que declarar la inconstitucionalidad de la materia, motivo de la consulta popular propuesta -en caso de que prospere-.
Pienso que el Presidente de la República conoce o debiera conocer, de la inconstitucionalidad de la materia. Sin embargo, su estrategia de poner en marcha una consulta popular, es una estrategia de ganar-ganar, él ya gana, imponiendo el tema en la agenda nacional; gana en el remoto caso de que la consulta constitucional prospere y; también gana, en el caso de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la consulta. Teniendo como argumento ideal, que los Ministros forman parte de una élite que obstaculiza su proyecto político de la cuarta transformación (4T).
Ante una carencia de resultados en su gobierno, se pone en riesgo al partido del Presidente en los comicios intermedios del año próximo, y con ello, una posible pérdida de la mayoría en el Congreso de la Unión, agravando seriamente la consolidación de su proyecto de la 4T.
La consulta NO es más circo, es una operación política que busca NO atacar la impunidad, ni mucho menos combatir la corrupción, sino obtener dividendos electorales de cara a los comicios del 2021.
¿Usted qué opina?
