La educación y la salud en nuestro país, sin demérito de otras materias, son los cimientos del crecimiento social. Por desgracia el tema de la inseguridad está opacando todo lo positivo que tenemos en nuestra patria. Los acontecimientos ocurridos en el Colegio Cervantes en Torreón, Coah., ponen en alerta nuevamente a todo el sistema educativo nacional, aunque este tipo de actitudes suicidas solo las veíamos en las noticias del país del norte, ahora lo tenemos más cerca de nosotros. Vi en las noticias el escrito de la Dirección de ese plantel enviado a las autoridades educativas donde refiere la negativa de los padres de familia al operativo escolar “mochila” con el compromiso de hacerlo desde casa. ¿Qué pasó entonces? Pues que el niño José Ángel, que cometió el terrible acto vivía con sus abuelos, ya que su mamá había muerto meses antes y su papá no vivía con él. Era un niño aplicado en sus estudios, aparentemente sin problemas, pero en posesión de armas y las supo utilizar. Entonces, claro que se tiene que implementar de manera urgente, además de obligatorio el operativo “mochila” en todas las escuelas públicas y privadas, porque ya vimos, nadie está exento de vivir el mismo acontecimiento; desde luego que los padres de familia debemos asumir nuestra responsabilidad y analizar qué tanta libertad les hemos otorgado a nuestros hijos para que sean educados por nana televisión, celular y video juegos. Recuerdo las palabras de un sacerdote católico que vive en un país europeo altamente desarrollado, quien me platicó hace ya un año, que allá se encuentra regulado desde hace tiempo el uso de teléfonos celulares en menores de 16 años, para evitar que se tengan generaciones de jóvenes enajenados por el abuso de esos aparatos. Sin duda algo digno de reflexionar en familia, para que nuestros hijos crezcan con una correcta salud mental y una buena educación. “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar” dijo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Retomando el tema de salud, en México está siendo objeto de cambios radicales por parte de la 4T. El seguro popular dejó de existir para dar paso a lo que actualmente se le conoce como Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) lo cual ya lo confirmó el presidente, será completamente gratuito en los dos primeros niveles de atención, para que a partir del tercer nivel se cobre de manera gradual. ¡Muy buena redacción utilizaron los legisladores para lavarse las manos!. Por cierto si no respetan esto que les comento, les dejo un teléfono a donde llamar y poner su queja o pedir aclaraciones en caso de cobros indebidos o si niegan la atención: 800-76-78-527
Ni tardo ni perezoso, el apóstol de la 4T anda feliz, feliz, feliz, cacaraqueando el huevo en sus giras en diversos estados del país. Esto no agradó a varios gobernadores como el de Aguascalientes, Martín Orozco; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California Carlos Mendoza Davis, panistas todos, aunque también se les sumó el gobernador de Jalisco el de Movimiento Ciudadano. Su postura es que no han querido firmar el convenio, incluso se han manifestado diciendo que “defenderé a morir el Seguro Popular”, “Antes de que se aprobara dije públicamente que nunca iba firmar, ni de broma”, pero contrario a ellos el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, de manera inteligente y como un buen torero decidió capotear el tema aceptando el convenio. Así, prefirió buscar el justo medio y aprovechar las bondades del nuevo instituto de salud pública, además si no funciona, él como buen político habilidoso culpará a la federación, pero por el contrario si resulta lo esperado podrá capitalizar lo hecho por la federación, lo que si es cierto, es que debe funcionar lo más pronto posible para no perjudicar a los ciudadanos.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene una tendencia muy definida para centralizar los recursos económicos, pero existe el compromiso de transferirlo a los estados para dar atención y medicamentos de forma gratuita, eso sí, mediante un convenio de colaboración entre los estados y la federación. La intención es sin duda acabar con la compra de medicamentos sobrevaluados que en las pasadas administraciones aplicaron para obtener los famosos moches o diezmos, gracias a lo cual varios exgobernadores y sus financieros (personas que operan en nombre y representación del gobernante en turno con la finalidad de preparar negocios y un retiro millonario para sus patrones) ya están siendo investigados.
Hubo un diputado federal que salió a defender a capa y “Espadas” el seguro popular en el estado de Guanajuato, argumentando algo muy cierto, que la infraestructura es muy buena en comparación con otros estados y la misma federación, con un buen servicio, pero lo que nadie dice es que el sistema de salud estatal está señalado también como uno que compró medicamentos a precios muy altos y con mala administración por servidores públicos que han desgastado la imagen de los gobiernos humanistas, que abusaron en cosas tan sencillas como el mantenimiento vehicular ya que inflaban los costos de los servicios e incluso las unidades regresaban sin que se les hiciera el supuesto mantenimiento. Eso se dice en radio pasillo, pero a veces me pregunto ¿Por qué los órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado y la flamante Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas no dicen nada? ¿Son parte o contraparte?
