“Hay un largo conjunto de jurisprudencias y de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales y evidentemente uno de los principios constitucionales es la imparcialidad de los funcionarios públicos” Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
Las campañas ya se encuentran calientes a nivel nacional, pero es evidente que ese fenómeno se da sólo entre los partidos políticos, pues los ciudadanos siguen atentos a los diferentes golpes que se propinan entre tiros y troyanos, las dudas por quién votar siguen latentes en la sociedad. Durante la semana que terminó vimos reclamos. Los conservadores que todo cuestionan y nada les parece, ahora critican la compra de la refinería en el vecino país del norte, a lo que el presidente les respondió que utilizaran la famosa pomada llamada vitacilina por aquello de las irritaciones.
Antes el consejero presidente del INE había mandado un mensaje, al parecer dirigido contra el actuar del primer mandatario, pues desde el foro de las mañaneras aprovecha para denunciar u opinar acerca de las elecciones, además, fiel a su estilo criticar contundentemente a los gobiernos anteriores que forman parte de la llamada mafia del poder. La realidad es que las atinadas palabras de Lorenzo Córdova, son un traje a la medida para liberales y conservadores, pues todos los partidos luchan de manera indiscriminada unos para mantener el poder, otros para recuperarlo, unos se dicen que son los transformadores del país y los otros los redentores que vienen a salvar el país de la destrucción causada por el actual gobierno.
Mientras ellos se pelean, usted mi querido lector se ha preguntado ¿Y a los ciudadanos, quién nos defiende? Esta pregunta es una realidad puesto que la canasta básica poco a poco se encarece y ya el precio de un cilindro de gas butano de 30 kilos cuesta aproximadamente seicientos sesenta pesos. La gente lo comenta, todo está subiendo, aunque lo interesante es que es un tema económico a nivel mundial, así que no es exclusivo de nuestro país, en menos palabras hay que darle las gracias a la globalización.
En una de mis columnas anteriores mencioné el artículo 134 constitucional, el cual juega un rol muy importante en materia electoral. Algunos lectores me cuestionaron que los preceptos plasmados no aplicaban en cuanto al reparto que se está dando de los famosos “Vales Grandeza”. Incluso el gobernador del estado afirma que es pura grilla. Sin embargo, dicho precepto constitucional desde mi punto de vista si aplica, cuando el servidor público al entregar los vales pide el voto, aunque el simple hecho de repartirse cuando no se debe, pareciera clientelismo político. Su estudio sería muy largo y para algunos tal vez tedioso, por ello solo comentaré que dicho precepto constitucional adquiere fuerza si también lo relacionamos con los principios rectores en materia electoral, que se encuentran establecidos en el artículo 116 en su fracción IV inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y que son: los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Existe un principio que también se debe mencionar y es el principio de laicidad, por aquellos que les gusta jugar con la fe de las personas, el cual ya ha sido motivo de sentencias y criterios jurisprudenciales puesto que algunos candidatos se quieren pasar de listos utilizando frases, símbolos e imágenes religiosas para atraer votantes; así que, con lo anteriormente expuesto, podemos concluir y coincidir con lo que dijo tanto Lorenzo Córdova así como también el senador morenista Ricardo Monreal, que se antoja para que pasando el 6 de junio se anulen varias candidaturas ganadoras y sea precisamente por violar la Constitución.
Durante la semana que termina leí una nota periodística que se titulaba “Piden comunidades de Guanajuato capital seleccionar sus propios delegados”, reclamo genuino que debe ser generalizado en todo el estado. Los actuales diputados locales deberían legislar al respecto, y no dejarlo al capricho del alcalde. Los habitantes de las comunidades deberían de tener esa facultad y poder elegir a sus propios delegados municipales, esto para que el designado por ellos mismos asuma su responsabilidad, y con ello se ayudaría a contribuir a la madurez política y romper así los esquemas de control político que algunos personajes o partidos ejercen a cambio de votos. Lo anterior definitivamente abona a tener una sociedad más participativa y motivada, buscando así, que cada quien tome parte en lo que le corresponde como ciudadano para así poder exigir de sus gobernantes en turno resultados para mejorar su entorno social.
