Más allá de lo indignante que resulta el contenido de los videos que han sido filtrados en donde se observan personajes recibiendo presuntos sobornos ligados al caso Lozoya; y a Pío López Obrador aceptando dinero para supuestamente financiar la creación de Morena y las entonces actividades políticas del ahora presidente; lo más preocupante es que se está dejando de lado el debido proceso, la aplicación de la ley y el llevar ante la justicia a quienes le han metido la mano a los recursos públicos.
Si el gobierno actual quiere hacer realidad su intención de purificar la vida nacional y combatir en serio la corrupción debería, en principio, investigar y someter a proceso a algunos de sus aliados o compañeros de viaje. Eso le daría credibilidad al presidente en su compromiso público de combatir la corrupción.
Dirigentes y gobernantes emanados de las filas del PVEM, Cuauhtémoc Blanco, Jaime Bonilla, Manuel Bartlett, Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia (Napito), conforman sólo una pequeña parte de una larga lista. Dice el dicho popular “el buen juez, por su casa empieza”.
Lo demás, es reality show. Porque el presidente de la República conoce con toda precisión que los grandes casos de corrupción que involucran a distintos exfuncionarios del sexenio pasado, están prescriptos.
El 16 de agosto de 2017, la Dirección Nacional del PRD interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por los señalamientos que entonces se dieron a conocer, en el sentido de que recibió 10 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de contratos.
Además, el PRD solicitó al entonces al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, ahora responsable de la Unidad de Inteligencia de la SCHP, indagara si los presuntos sobornos fueron utilizados durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. La respuesta que se dio entonces fue que la denuncia no procedía porque los supuestos delitos habían prescripto.
Esto fue confirmado el 20 de junio de 2019 por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que sustituyó a la Fepade, la cual determinó la prescripción de la acción penal por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. (Foro Jurídico, 20/junio/2019)
Esto lo saben el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el propio Nieto Castillo. Y es seguro que se lo han dejado claro al presidente, pero al parecer este o no se da por enterado o lo que pretende es sacar raja política y electoral de este y otros casos, rumbo a las elecciones de 2021. Al parecer, él está convencido que este espectáculo del pan y circo, puede rendirle buenos frutos.
De ahí que el Partido del Trabajo, uno de los aliados del presidente, como parte de esta estrategia política, insista en que en el marco de las elecciones de 2021, se incluya una boleta para preguntar a las y los ciudadanos que vayan a votar si “¿está de acuerdo en que se inicie proceso penal a los expresidentes de México?”
Lo cual es un capítulo más del show mediático en que se ha convertido el caso Lozoya con las filtraciones de videos por todos lados. Y Andrés Manuel no ha ido muy lejos por la respuesta, en virtud de que el PAN presentó una denuncia contra David León y Pío López Obrador. El PRD también hará lo propio.
Y seguro que seguirán surgiendo evidencias que involucren a otros actores y personajes políticos, porque lo aceptemos o no, el financiamiento irregular de las campañas es una práctica común. Lo que se tiene que hacer, primero, es reconocer este hecho y segundo, actuar con toda firmeza para erradicarlo. Sin vacilaciones, caiga quien caiga y que termine en la cárcel quien haya violado la ley y sea evidente la ilegalidad de sus bienes.
De lo contrario, la supuesta lucha contra la corrupción terminará en una simple simulación y se pretenderá que todo cambiará, para que nada cambie y, en realidad, todo quede igual.
La cuestión de fondo es que, así las cosas, el mandato ciudadano de acabar con la corrupción y la impunidad, una vez más, corre el riesgo de ser usado como parte de una narrativa, pero en los hechos, terminará por ser ignorado o anulado por violaciones al debido proceso.
