Por: Fernando Gutiérrez Godinez
Es una “reforma administrativa y laboral más que educativa”, gritaba el SNTE en sus alegatos callejeros de fin de semana. Y tenía razón, la intención primordial aparente es la recuperación de la gestión del sistema educativo y su gobernabilidad, o, como gustan decir en el gobierno, “restablecer la rectoría del Estado”. No es de poca monta. Demos un vistazo al contexto político que subyace.
En el artículo anterior “Simbólica del poder y gordillazo”, indiqué que la detención de la exlíder del magisterio está en línea con la praxis histórico-política del PRI, y tiene repercusiones mucho más amplias que sólo en el campo educativo. Por su impacto simbólico da margen a la Presidencia de la República para alentar otras transformaciones necesarias. Reformas en telecomunicaciones (iniciativa apenas presentada), energía, fiscal y en otras áreas, donde deben destrabarse intereses particulares en beneficio del bien común, tienen posibilidades de avanzar sin tropezones.
Con ello se demuestra oficio para ejercer el poder, sin duda, “firmeza y eficacia” para desatar aquello que nos tiene estancados como país y que, paradójicamente, el mismo PRI frenó en otro momento por interés particular. Además el priismo hace una semana restableció la “sana cercanía” que apuntala el presidencialismo de antaño: casi a la par que se difundió la foto oficial del primer mandatario posando para la posteridad, el partido se rindió al Presidente y quitó los candados estatutarios a las reformas. La plataforma ampliada desde la que se vienen impulsando los cambios es el “Pacto por México”, novedad política concertadora que legitima a sus actores y reordena el quehacer del ejecutivo mostrándole como “presidencia democrática en acción”, dice Camacho Quiroz.
Volviendo a nuestro tema, vemos que el contenido de la parcial reforma educativa son aspectos que impulsaron los gobiernos anteriores: evaluación y difusión de resultados para elevar la calidad, concurso de plazas (servicio profesional docente), institución y reforma del INEE (apenas en 2012, pero ahora con autonomía), RNAME (hoy sistema de información para la gestión educativa), participación social (llamada autonomía escolar) y escuelas de tiempo completo. La diferencia es que son fortalecidos como políticas de estado (a nivel constitucional) y se pretende implementarlas sin el socio incómodo (SNTE), que mucho contaminó su ejecución anterior sin lograr frutos plausibles.
El aspecto político que permitirá que la reformas calen profundo en la mejora de la educación, cosa que se espera a largo plazo, es justamente lo que sucederá con el sindicato magisterial; sin pretender hacerle al “profeta de la desventura”, pienso que si no ocurre una transformación radical de lo laboral simplemente seguiremos igual.
Me explico. La profesión docente en México ha estado, históricamente para bien o para mal, atada a la estructura gremial. Sin el respaldo adecuado y suficiente del Estado en sus inicios y todavía hoy (a pesar de tantos logros y privilegios), fue el sindicato la instancia que la arropó y esgrimió sus intereses para obtener el reconocimiento gubernamental y social, junto con las mejoras salariales. Lo atestiguan así historiadores del sindicalismo mexicano como Alberto Arnaut Salgado en su Historia de una profesión: los maestros de educación primaria en México, quien sostiene también que por eso la docente es “una profesión cautiva”; don Pablo Latapí Sarre, destacado investigador de la educación, la llama “profesión subyugada” (La SEP por dentro, p. 33). Por lo que es difícil desligar su desempeño profesional en la escuela pública mexicana de los mecanismos y prebendas sindicales. Existe una simbiosis casi total.
Por otro lado, el SNTE se constituyó con el tiempo en una poderosa corporación que se inclinó clientelarmente ha favor del oficialismo priista, es decir asumió un rol de carácter político electoral; esto no cambió por haber roto con él y por establecer un partido satélite, el PANAL, hace una década. Más bien se diversificaron sus filias y desarrolló una relativa autonomía. El sindicato y su partido, junto con su disidencia (CNTE en Oaxaca y Michoacán, y CETEG en Guerrero), son hoy un excelente aliado político y un eficaz chantajista de gobernadores y de muchos otros políticos, incluso de presidentes de la república. Por negociación y presión han puesto y quitado secretarios de educación (a nivel federal, y estatalmente al menos 22 le deben el puesto hoy, según Carlos Ornelas), colonizan las estructuras educativas federal y de los estados con personas leales aunque no tengan perfil, realizan doble negociación salarial para sus agremiados y obtienen múltiples beneficios para la estructura sindical (cientos de millones para sus actividades); sus agentes administran impunemente las nóminas teniendo un ejército de comisionados, con líderes y familiares adscritos a escuelas fantasmas, según diario La Razón, y tantas corrupciones que salen a la luz.
Todo lo anterior es imposible sin el beneplácito de los gobernantes en turno y las alianzas políticas. Por lo que caben estas preguntas: El desplazamiento de la exlíder por el gobierno federal ¿Sólo quita y apacigua un obstáculo a la reforma en marcha, o además reorganiza y realinea la estructura sindical de conformidad con intereses político-partidistas de largo plazo? Los “desamparados” políticos de Elba Esther a nivel local ¿Se desistirán de alianzas con representantes partido-sindicales del magisterio o buscarán el modo de fortalecerlas? Lo sucedido con el relevo en la cúpula al día siguiente de la captura, después de una “charla” del actual líder en la Secretarían de Gobernación, no es de buen augurio. Los gobernadores quieren sacudirse la doble negociación salarial que sangra las arcas estatales, pero nadie ha pedido una reforma que transforme al sindicato ni se observa que estén limpiando las estructuras educativas locales.
Por eso, si con esta reforma educativa que atañe a la gestión del sistema no se ponen también las bases para una verdadera transformación laboral del sindicato de maestros, que lo haga democrático y transparente, modifique las condiciones generales de trabajo y de escalafón, acote sus extravíos político-laborales, y que a la vez se limpien y enfoquen las estructuras educativas, no sucederá gran cosa en la educación mexicana. La determinación de las leyes secundarias y reglamentos así como el diseño de los instrumentos institucionales adecuados para implementarla, podrán avanzar en su lógica y estar listos en dos años, según el senador Romero Hicks (presidente de la comisión de educación). Otros expertos señalan que los primeros frutos cualitativos en la mejora de los alumnos podrán verse hasta en quince o veinte años, cuando logre impactar en los procesos escolares si es que no se desvía por los vicios políticos y laborales del sistema.
Mientras tanto se habla fuerte de educación y se toma más conciencia del enorme desafío, lo cual no es vano socialmente. Esperamos que el Pacto por México no se agote en sus virtualidades políticas al renovarse los liderazgos de los partidos y al avecinarse la lucha electoral, y sobre todo esperamos que la voluntad de nuestros gobernantes sea eficaz en superar nuestro enanismo educativo, sin canjear la intención por coyunturas.
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