Los crímenes contra mujeres y niñas que han venido replicándose en nuestra sociedad nos obligan a hablar del tema, con el fin no sólo de visibilizarlos, sino además de intentar aportar posibles soluciones que se encuentran en las herramientas relacionadas con la construcción de la ciudad y el desarrollo territorial y urbano, sin que se reemplacen a las respuestas a la violencia propias de la justicia penal y los derechos humanos.
La violencia como fenómeno complejo de descomposición social tiene un origen multifactor, principalmente en la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Romper los ciclos de violencia, implica por supuesto una respuesta articulada nacional, regional, estatal y municipal, y una amplia participación ciudadana. Cierto es que no hay una causa que por sí explique la violencia ni solución única o sencilla, escalando ésta a un problema de complejidad más profundo.
Para identificar algunas herramientas propias del campo del desarrollo territorial y urbano, que nos guíen en la aportación de soluciones desde esta materia, es indispensable entender en dónde encuentra su origen el fenómeno de la violencia.
En el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como factores que influyen en la generación de violencia los de tipo biológico, social, cultural, económicos y políticos, identificando el Organismo, cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social.
El nivel individual, refiere aquellas características de la persona que aumenten la probabilidad de que se convierta en víctima o en perpetrador de violencia: edad, educación, ingresos, trastornos psíquicos o de personalidad, toxicomanías, etc.
El nivel relacional, examina la forma en que la relación con la familia, amigos, pareja, compañeros, influye en el comportamiento violento; tales como haber sufrido violencia en la infancia, la falta de pertenencia a una familia o carencias afectivas.
En el nivel comunitario, se explora el contexto en el que se desenvuelven las relaciones sociales: zona donde vive, la escuela, el lugar de trabajo, identificando características que aumentan el riesgo de actos violentos, como la venta de drogas en la zona, la pobreza, el hacinamiento.
El factor social, se centra en la estructura de la sociedad en donde se encuentran desde normas sociales que favorecen o inhiben la violencia, hasta la existencia o no de políticas públicas de salud, económicas, educativas, sociales, etc.
En la descripción de los cuatro niveles, se pueden apreciar tres constantes: (i) Es posible un nivel de prevención, (ii) Implica la atención de una amplia gama de competencias profesionales (medicina, psicología, pedagogía, criminología, economía, etc.), y (iii) La generación de violencia también es resultado de la inexistencia de políticas públicas (ya por corrupción, incapacidad o ignorancia institucional).
Cierto es que no todos los pobres son violentos, ni todos los violentos son pobres. Afirmar lo contrario llevaría a continuar perpetuando estereotipos. Si bien la ecuación entre distribución económica y criminalidad encuentra variables según el contexto en el que se desarrollan, también es cierto que existen lazos fuertes entre las condiciones de pobreza y exclusión social con las formas de criminalidad violenta.
Aquí es donde la desigualdad en su forma de expresión espacial dentro de las zonas urbanas y sus periferias, puede superarse mediante herramientas que contribuyan a la construcción de ciudades seguras, a través de la identificación de problemáticas sociales reales que visibilicen la existencia de conductas a nivel subjetivo (nivel individual y nivel relacional) y la existencia de entornos a nivel objetivo (nivel comunitario y nivel social), que reclamen la generación de políticas públicas multisectoriales.
Esto es, que el proceso de crecimiento y consolidación de la ciudad debe ser capaz de identificar a partir de los reclamos de las víctimas o de los hechos de violencia, aquellas conductas individuales o colectivas, así como aquellas carencias estructurales, que impliquen la atención prioritaria de inversión pública, a fin de llevar la infraestructura necesaria (hospitales, clínicas, centros de atención a las adicciones, lugares recreativos, etc.), o de servicios públicos (alumbrado, parques, seguridad, pavimentación), que logre reducir la desigualdad espacial tanto urbana como en periferias.
En la desigualdad existe una diferenciación clara entre las oportunidades de desarrollo de vida entre unos espacios y otros. La desigualdad espacial implica la existencia de diferenciación en “niveles” de ciudadanos: quienes tienen derecho a vivir en calles alumbradas y quienes no; quienes tienen acceso a transporte seguro y quienes no; quienes tienen acceso a educación y quienes no; quienes tienen derecho a zonas habitacionales con servicios y quienes no; quienes tienen derecho a calles con banquetas y pavimentos y quienes no; quienes tienen derecho a espacios públicos seguros y quienes no.
La existencia de desigualdad se debe a causas estructurales, y la desigualdad produce tanto victimas como perpetradores de violencia, por lo que la tarea implica no solamente una respuesta reactiva aumentando el número de policías, sino elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los ciudadanos, entendido éste como la herramienta que mide el progreso en tres dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.
