*Por Luis Carlos Sánchez Díaz
Cada año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) generada por el INEGI, brinda datos sobre la compleja dinámica de la seguridad en México. Entre los estados que han acaparado la atención se encuentran Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, quienes por su posición geográfica se han convertido en puntos críticos en el escenario de la violencia y desigualdad que asola a nuestro país.
En primera instancia, la relación entre la calidad de vida y la inseguridad en México es una ecuación compleja que impacta profundamente en la vida de sus habitantes. La inseguridad, manifestada a través de la delincuencia, la violencia y la percepción constante de riesgo, ejerce una presión constante sobre la tranquilidad y el bienestar de las personas. Muestra de lo anterior es que el 67% en Guanajuato, el 62% en Jalisco y en Zacatecas 71% de la población consideran que la inseguridad es la principal preocupación. En el caso de Guanajuato se convierte más emblemático, porque en 2013 el 58% de sus habitantes consideraban que era inseguro su estado, lo cual empeoró diez años después, ahora el 82% de su población percibe muy inseguro el estado de Guanajuato.
Asimismo, las comunidades se ven dañadas por la criminalidad, tanto en la calidad de vida, la destrucción de su propiedad, su economía y el deterioro de su salud mental. Aunque poco se habla de estos estragos de la criminalidad, entre los que destaca que en Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito ascendió a poco más de 45 mil millones de pesos, lo cual impacta en la reducción de inversión empresarial, la disminución de turismo y limitación de oportunidades de desarrollo y empleo para los habitantes de dichas entidades. A propósito de lo anterior, es pertinente mencionar que en muchas localidades de dichos estados también se ha incrementado el desplazamiento forzado debido a las disputas entre organizaciones criminales.
Otro dato a destacar es que en promedio el 25% de las víctimas que sufrieron un delito en Guanajuato, Jalisco y Zacatecas en el último año manifestaron tener daños psicológicos y emocionales, lo impactó en el compartimiento de la población, al evitar salir de noche, no permitir que los menores salgan solos, llevar dinero o simplemente salir a caminar. Lo anterior hace pertinente que las autoridades no solo garanticen la seguridad física y patrimonial de la población, sino que efectúen acciones para atender los padecimientos psico-emocionales de las víctimas para promover entornos seguros.
Por último, la falta de denuncia, la carente atención a las víctimas y los altos índices de impunidad genera que la cifra negra siga estando en niveles récord. En el estado de Guanajuato en 2022, solo se denunciaron 10% de los delitos, sin embargo, de los delitos denunciados, en 46% de los casos no se continuó con la investigación y solo 4.6% de los delitos denunciados se logró la detención del delincuente. Algo similar ocurre en Jalisco en donde tan solo el 13% de los delitos se denunciaron. Zacatecas se encuentran entre las entidades en donde menos se denuncia en el país con tan solo 5.6%. Se ha medido que entre las principales razones por la que las víctimas no denuncian se debe a que consideran que es una pérdida de tiempo o bien, a un temor de ser extorsionado o sufrir una actitud hostil por parte de las autoridades.
La situación de inseguridad que atraviesan Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y en muchas otras partes de México requiere un enfoque que ponga el foco en restaurar la paz y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello es necesario generar medidas en donde se persigan y enjuicien a los criminales y asimismo, implementar mecanismos de protección y apoyo a las víctimas, por tal motivo, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto trabajar juntos para lograr un futuro más seguro.
